La pesca ilegal priva a Argentina de unos 14.000 millones de dólares

La pesca ilegal priva a Argentina de unos 14 mil millones de dólares anuales. Tanto la Armada como Prefectura poseen escaso material operativo de control. Hace seis años un nuevo mapa de la Tierra difundido por la NASA mostró algo muy extraño: una “ciudad de luz” en pleno Mar Argentino, donde no hay asentamientos humanos ni plataformas petroleras. Poco después el misterio quedó resuelto y puso de manifiesto el saqueo que realizan naves extranjeras del recurso pesquero nacional en aguas del Atlántico Sur. La imagen no hizo más que poner a consideración de la opinión pública un antiguo problema al que el Estado no le ha podido o no ha querido darle solución. Es más, hasta ahora parece que el rumbo oficial sigue siendo mirar para otro lado en lo que hace a esa pesca indiscriminada y, en muchos casos, ilegal. El miércoles pasado la Armada Argentina informó que durante un patrullaje aéreo se detectaron más de 350 pesqueros de bandera extranjera, en su mayoría orientales y españoles, en el límite de la milla 200, a 370 kilómetros de la costa. Hace seis años eran 250 o 300 los buques detectados poco más allá de la jurisdicción nacional, ahora son más de 350 y algunos hablan de 500.

La milla 201 es la puerta a un mundo de enorme riqueza que posee extrecha relación con nuestros recursos naturales. Sin embargo, ese pedazo del Atlántico Sur es el único espacio marítimo del mundo carente de un régimen que asegure el uso racional de esos recursos.Incluso tampoco posee organizaciones capaces de regular la actividad en aguas internacionales y desalentar la pesca ilegal.Desde hace muchos años, por no decir desde siempre, el Estado sabe lo que pasa en ese lugar pero no actúa. A partir de  2012 el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), con sede en Mar del Plata, sigue el rumbo de los pesqueros a través de imágenes satelitales.ñ

La información dada a conocer el miércoles por la Armada no hizo más que reflejar lo que sucede año tras año.Miles de toneladas de calamar, pero también de merluza, merluza negra y abadejo son  capturadas en aguas nacionales de manera furtiva.

La milla 201

Hasta la milla 200 los pesqueros están regulados por la legislación argentina pero a partir de allí aparece un abismo sin ley.Sin embargo, lo que sucede más allá tiene impacto directo en el Mar Argentino porque  forma parte de un mismo ecosistema.  Entre quienes protagonizan una lucha permanente contra la depredación en el Atlántico Sur sobresale Milko Schvartzman, especialista en conservación marina. «La pesca ilegal genera pérdidas millonarias a los países en desarrollo, como Argentina, no solo la pérdida de empleo y de mercados, sino también el alto costo de tener que desplazar permanentemente embarcaciones y aeronaves para controlar miles de kilómetros cuadrados de jurisdicción oceánica», sostiene.Según Schvartzman la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) es señalada por la ONU como uno de los problemas mas graves que afectan a los océanos.«Es por eso que entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible los Estados se han comprometido a terminar con la pesca INDNR y la pesca destructiva, prohibiendo los subsidios a la misma para el año 2020».Sobre el acuerdo firmado el año pasado en el marco del G-20, entre Argentina y España para luchar contra este tipo de pesca, Schvartzman considera que eso podría ser considerado razonable, salvo que ambos Estados se encuentran separados por 10 mil kilómetros, en diferentes hemisferios, y el mismo sólo trata sobre el destino de los recursos de uno de ellos.«Un acuerdo equitativo, sería aquel en el que el los Estados sudamericanos carguen el combustible de su flota pesquera, los envíen a pescar ilegalmente dentro del Mar Mediterráneo y, a su vez, participen de las decisiones de conservación que toma la Unión Europea.

¿Firmaría la UE un acuerdo de este tipo?», se preguntó. La Organización para la Protección de los Recursos Naturales del Atlántico Sudoccidental (Opras), opinó que la depredación se ha ido intensificando en los últimos 30 años por el aumento de la demanda mundial de proteínas, el orden establecido en otras áreas oceánicas (otrora objetivos de similar saqueo), uso de importantes subsidios y el rol pasivo de la Argentina.«Nuestro país, en su carácter de principal y excluyente Estado ribereño, no ha logrado el cese de este irregular fenómeno y dio preferencia a otras cuestiones geopolíticas. Cuestiones cuya resolución, muy poco probable en el mediano plazo, no altera la necesidad de diferenciar los problemas y atender aquellos de urgente preocupación, como lo es la conservación de nuestros recursos y la protección del desarrollo de la industria pesquera nacional», sostuvo Eduardo Pucci, director, en una columna de opinión publicada por el diario La Nación.

Con una Marina de guerra asfixiada desde el punto de vista presupuestario, sin submarinos y con apenas un veterano avión de patrullaje marino en estado operativo , las únicas esperanzas están depositadas en la compra de cuatro patrulleros oceánicos a Francia, tres nuevos y uno usado.  El primero llegará el junio, el último en 2022.También, aunque no hay definiciones concretas, se trabaja en la posibilidad de reparar el submarino Santa Cruz.Mientras tanto, posiblemente antes que termine el verano algún buque extranjero sea capturado pescando ilegalmente en aguas nacionales, pero esa será apenas una ínfima victoria frente a una gigantesca derrota nacional.

El doctor César Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, dijo al sitio digital  El Economista que un millón de toneladas anuales de captura  ilegal significan cerca de US$ 2.000 millones anuales en materia prima.Si se tiene en cuenta la comercialización final de esos productos, las pèrdidas argentinas  pueden representar alrededor de 14.000 millones de dólares anuales.

Los momentos de mayor tensión, en este caso en el mar, comienzan cuando un guardacostas de Prefectura Naval Argentina (PNA) detecta un eco radar de una embarcación extranjera con las luces de pesca encendidas depredando el Mar Argentino, es decir realizando sus faenas dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), tal como ocurrió, por ejemplo, con el pesquero chino «HU SHUN YU 809», que estaba operando a tres millas náuticas al oeste de la línea exterior y dentro de las 200 millas protegidas.

Al visualizar que el guardacostas GC-28 «Prefecto Derbes» se acercaba, el capitán de la embarcación -compuesta por 33 tripulantes- apagó el sistema de iluminación.

Ante esta actitud, Prefectura -que por la ley 18.398 tiene el poder de policía al ser la Autoridad Marítima Nacional-, dio la orden de detención de motores a través del sistema de radio, en español e inglés.

El protocolo elaborado en 2016 por el ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, indica que si el buque infractor sigue su marcha, se debe realizar una «pitada», esto es la emisión de señales sonoras que responden a un código internacional. Si esta oscuro, también lumínicas.

Ante esta segunda advertencia, la mayoría de los pesqueros deponen su actitud y son abordados por una dotación de Prefectura que lo hace a través de un bote semi rígido junto a un inspector Nacional de Pesca para que labre en un acta las infracciones cometidas según el Régimen Federal de Pesca.

No siempre es tan sencillo, y se llega a utilizar hasta el poder de fuego ante las maniobras agresivas de los barcos poteros. Más tarde, la documentación será adosada a la causa penal.

Allí constará, entre otros datos de importancia, la bandera del buque (la mayoría provienen de Corea del Sur, Taiwán y China), la latitud y longitud dónde estaba realizando la faena ilegal y la cantidad de pescados o moluscos que había en sus bodegas u en otros sectores del barco.

El valor de lo robado

Por este tipo de acciones de preservación de la Zona Económica Exclusiva, solo el año pasado, la fuerza de seguridad encabezada por el Prefecto General Eduardo Scarcello decomisó 327.202 kilos de pescados, y la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación impulso multas por unos 20 millones de pesos.

Las cargas, que suelen tener un valor superior a medio millón de dólares -casi igual a la multa aplicada cuyo importe máximo es de 10.000.000 pesos- es rematada por la autoridad de aplicación, en estos casos la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura.

En 2018, según la documentación a la que accedió Infobae, las 327 toneladas de pescado que había sido robado de la ZEEA argentinas estaba compuesta por merluza (144.947 kilos); rosada o abadejo (4.057 kilos), bertorela (131 kilos), pota (35.775 kilos), vaina o calamar (8.900 kilos), raya (2.850 kilos), raya con alas (1.752 kilos), atún (90 kilos) y marujo pequeño (128.700 kilos).

Los cuatro recursos pesqueros más importantes del país son la merluza hubbsi, el calamar illex argentinus, la merluza de cola y el langostino. También son los más buscados por los depredadores.

A lo largo de su historia como policía, Prefectura detuvo un total de 76 embarcaciones que pescaban sin autorización dentro de la ZEEA.

Entre los detenidos 14 fueron de bandera coreana;  11 taiwanesa; 11 chinas; 11 españolas; 8 japoneses; 7 de bandera uruguaya; dos de banderas polacas, rusas, británicas y ucranianas; los restantes seis pesqueros tenían banderas de Alemania, Panamá, Venezuela, Chile, Ghana y Belice.

En los últimos años la mayoría de los buques contraventores son de bandera china y no pertenecen a empresas privadas, sino al gobierno de ese país (o mixta) y también españoles.

Los de origen asiático, por lo general, intentan escapar de Prefectura, los españoles u otras naciones, en su gran mayoría, acatan las ordenes, y detienen sus motores.