El Gobierno abre consulta previa (hasta el 24 de febrero) para fijar las bases del primer concurso de eólica marina flotante, mientras el sector pide suspenderlo hasta conocer impactos ambientales y socioeconómicos

La primera subasta española de eólica marina nace con viento en contra desde el muelle. A las pocas horas de abrirse la consulta pública previa para diseñar la orden que regulará el primer procedimiento de concurrencia competitiva de instalaciones eólicas en el mar, la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños ha pedido que se frene el proceso por considerarlo una “subasta a ciegas”: sin datos completos sobre la actividad pesquera y sin estudios concluyentes sobre cómo afectará a los caladeros y a las comunidades costeras.

La consulta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está abierta del 4 al 24 de febrero de 2026 y busca recabar aportaciones sobre cuestiones decisivas: qué áreas se seleccionarán, cuánta potencia se licitará, qué plazos se exigirán y cómo se puntuarán las ofertas. El paso es previo a la convocatoria formal del concurso y se enmarca en el Real Decreto 962/2024, que regula la producción eléctrica renovable en el mar.

La norma fija un esquema inédito en España: el procedimiento permitirá otorgar de forma simultánea el régimen económico, la reserva de capacidad de acceso a la red en un nudo concreto y la prioridad para la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. En el plano territorial, las ubicaciones quedan limitadas a las zonas de alto potencial definidas por los POEM (planes de ordenación del espacio marítimo), lo que eleva la tensión por el uso del mar en áreas sensibles para la pesca.

Pero el sector pesquero denuncia que ese tablero se está dibujando con lagunas. La plataforma acusa al Gobierno de poner una “alfombra roja para la eólica” que se convierte en “desahucio para el pescador”, al entender que se acelera una industrialización de la costa sin aplicar el principio de precaución. El reproche se centra en que el propio borrador de los nuevos POEM reconoce dificultades de datos y que la información pesquera disponible sería “inexistente o incompleta”, según la organización.

El corazón de la protesta es técnico y socioeconómico: “no existe una cartografía actualizada” de la realidad de la flota artesanal y de bajura —afirma la plataforma— y tampoco se habrían completado los estudios necesarios para medir efectos en empleo, lonjas y tejido costero. Por eso reclama que se suspenda la designación de nuevas zonas eólicas y cualquier procedimiento de subasta, hasta contar con evaluaciones ambientales y socioeconómicas concluyentes.

La consulta, de hecho, abre la puerta a introducir elementos más allá del precio. El real decreto permite que los criterios no económicos pesen hasta un 30%, y el MITECO pregunta qué debe priorizarse: minimizar impactos ambientales, compatibilidad de usos, oportunidad industrial, apoyo social, innovación, entre otros. También recuerda que el marco europeo (Net-Zero Industry Act) empuja requisitos ligados a sostenibilidad, resiliencia, ciberseguridad y capacidad de ejecución.

El Gobierno defiende que la eólica marina flotante es una palanca de descarbonización e industria. La hoja de ruta oficial mantiene el objetivo de instalar entre 1 y 3 GW en 2030, y el Ejecutivo presenta la apertura del proceso como un paso imprescindible para dar seguridad regulatoria a un sector que puede movilizar inversión y empleo en puertos, astilleros, ingeniería y logística offshore.

En la costa, sin embargo, la lectura es otra: la plataforma sostiene que la urgencia responde a la presión del lobby energético y alerta de que se pretende “subastar el mar” con una planificación que, a su juicio, está siendo revisada por carencias técnicas. El conflicto anticipa un febrero cargado de alegaciones y un pulso político y social donde el gran reto será el de siempre: cómo compatibilizar transición energética, biodiversidad y actividad pesquera sin convertir el mar en un campo de batalla regulatorio.

España abre la puerta a su primera subasta de eólica marina y pide ideas al sector para fijar las reglas

Transición Ecológica lanza una consulta pública previa (hasta el 24 de febrero) para diseñar la orden que regulará el concurso: áreas, potencia, plazos y criterios, con la pesca en el centro del debate

El despliegue de la eólica marina flotante en España entra en su fase decisiva: la de poner negro sobre blanco las reglas del primer concurso. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto una consulta pública previa para elaborar la orden ministerial que aprobará las bases del primer procedimiento de concurrencia competitiva para instalaciones eólicas en el mar. El plazo para remitir aportaciones se extiende del 4 al 24 de febrero de 2026 y el documento plantea preguntas clave sobre dónde, cuánta potencia y con qué condiciones se adjudicarán los proyectos.

La iniciativa se apoya en el Real Decreto 962/2024, que establece un mecanismo singular: el concurso servirá para otorgar simultáneamente un régimen económico, la reserva de capacidad de acceso a la red en un nudo concreto y la prioridad para la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Antes de convocar esa concurrencia, la norma obliga a aprobar por orden las “bases” (área, potencia, plazos y criterios de ponderación), y prevé que pueda haber más órdenes en el futuro para nuevas rondas y objetivos.

El trasfondo es estratégico y también tecnológico. Europa acumula alrededor de 37 GW de eólica marina instalada, pero España parte de una condición propia: la profundidad de buena parte de sus costas exige tecnología flotante, menos madura que la cimentación fija, aunque con alto potencial industrial y de descarbonización. La Hoja de Ruta marca el objetivo de instalar entre 1 y 3 GW en 2030, y el Gobierno busca activar un marco que aporte seguridad jurídica para convertir el interés empresarial en proyectos ejecutables.

Una de las claves del debate está en el mapa. El real decreto restringe el desarrollo a las zonas de alto potencial identificadas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) aprobados en 2023, consultables en el visor INFOMAR. En la consulta, el MITECO pregunta qué zonas deberían seleccionarse para esta primera convocatoria y si es deseable licitar varias áreas que compitan entre sí, además de si conviene subastar un único parque grande o varios de menor tamaño.

También se abre la discusión sobre el modelo de subasta y sus “extras”. El RD permite que hasta un 30% de la puntuación dependa de criterios no económicos, y el ministerio pide priorizarlos: desde minimizar el impacto ambiental, hasta aprovechar la oportunidad industrial, asegurar compatibilidad con otros usos del mar, innovación o apoyo social. Además, recuerda que el marco europeo del Net-Zero Industry Act empuja a introducir requisitos ligados a resiliencia, ciberseguridad, conducta empresarial responsable, capacidad de ejecución y sostenibilidad, lo que anticipa concursos más complejos que el “solo precio”.

En la parte económica, la consulta entra en terreno sensible: pide propuestas sobre el plazo máximo de puesta en marcha, la duración del régimen económico y posibles fórmulas para indexar el precio (por ejemplo, a materias primas) entre adjudicación y entrada en operación. También pregunta cómo minimizar riesgos como las horas a precio cero en el mercado eléctrico y cómo garantizar el desmantelamiento al final de la vida útil del parque.

El movimiento, sin embargo, no llega sin contestación. Organizaciones de la pesca han reaccionado con dureza, denunciando que se pretende “subastar el mar a ciegas” y pidiendo que se asegure la compatibilidad con caladeros, estudios completos de impacto y una planificación que no expulse a la pesca artesanal. Esa fricción —energía renovable versus usos tradicionales y ecosistemas— será, previsiblemente, uno de los ejes dominantes de las alegaciones que reciba el ministerio.

Con todo, la consulta marca un antes y un después: por primera vez, España abre un cauce formal para decidir cómo se licitará la eólica marina flotante, con implicaciones directas para puertos, astilleros, ingeniería, logística offshore y también para la gobernanza del espacio marítimo. La caja de herramientas está sobre la mesa; ahora toca ver qué equilibrio sale de las aportaciones y cómo se traduce en la primera orden que dará forma, de verdad, al estreno de la eólica marina en aguas españolas.