Indignación en la pesca europea por sobornos a los ecologistas para apoyar el Pacto Verde

La pesca europea, por medio de Cepesca, demanda transparencia a la Comisión Europea, tras conocerse una investigación independiente sobre la financiación de ONGs para promover el Pacto Verde. Según una información de un periódico holandés, la Comisión Europea pagó a grupos ecologistas para apoyar su Pacto Verde y al excomisario Timmermans.

La prensa holandesa ha desvelado que una oficina europea habría destinado durante años fondos económicos para que esas asociaciones apoyasen las políticas ambientales y las propuestas climáticas de Bruselas.

En concreto, el periódico holandés De Telegraaf ha publicado una información donde revela que la Comisión Europea ha estado otorgando subvenciones a diferentes grupos ecologistas con la condición de que hagan campaña a favor de los planes verdes de Bruselas y del excomisario europeo Frans Timmermans, que fue vicepresidente primero de la Comisión Europea (2014-2023) y principal impulsor del Pacto Verde europeo. 

Según esta información, la Comisión Europea habría subvencionado durante años a grupos medioambientales con el objetivo de presionar a favor de los planes verdes del excomisario europeo Frans Timmermans. 

Aclaraciones inmediatas

El sector pesquero europeo, representado por la organización Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha solicitado a la Comisión Europea (CE) aclaraciones inmediatas sobre las recientes acusaciones, fruto de una investigación periodística , de que fondos públicos se destinaron a financiar organizaciones no gubernamentales (ONG) con el objetivo de influir en la adopción del Pacto Verde. Europêche ha pedido también a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que, junto con la CE, inicie una investigación independiente con el fin de proteger la integridad y la credibilidad de las instituciones europeas y garantizar plena transparencia e independencia en sus interacciones con ONG y otros actores interesados.

La organización muestra su profunda preocupación ante unas averiguaciones que considera
especialmente alarmantes por su impacto potencial en sectores como el pesquero, que ya enfrenta enormes presiones regulatorias y económicas. A su juicio, políticas vinculadas al Pacto Verde, como la Ley de Restauración de la Naturaleza, tienen consecuencias profundas para las comunidades pesqueras europeas, exigiendo medidas drásticas como el cierre adicional de caladeros tradicionales. Según Europêche, si se confirmara que se han utilizado fondos públicos para apoyar campañas destinadas a influir en estas políticas, tales acciones podrían haber comprometido la imparcialidad e integridad democrática del proceso de decisión dentro de la Unión Europea. A este respecto, el sector pesquero europeo apunta concretamente al crecimiento en los últimos años de las campañas contra la pesca de fondo, lideradas por ONG que abogan por la prohibición total de un método de pesca legal, certificado y estrictamente regulado en Europa, en lugar de buscar mejoras o colaborar con el sector pesquero.

Para restaurar la confianza en el proceso de toma de decisiones, la investigación independiente solicitada por Europêche debería, a su juicio, identificar las organizaciones implicadas, sus objetivos y la financiación recibida. Este proceso debe, según el sector pesquero, esclarecer los hechos, determinar si se han producido vulneraciones de los principios democráticos y proponer medidas correctivas para evitar problemas similares en el futuro.

Objetivos específicos a Lobbys

A estas organizaciones incluso se les asignaron objetivos específicos para lograr resultados concretos en las actividades de lobby ante los eurodiputados y los estados miembros. Todo se centró principalmente en impulsar una política europea verde aún más ambiciosa. 

Uno de los ejemplos mencionados por el citado diario es la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), organización que agrupa más de 185 entidades ambientalistas ciudadanas en Europa, incluidas Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie) y la sociedad para la preservación de los monumentos de la naturaleza (Natuurmonumenten). 

La EEB (por sus siglas en inglés de European Environmental Boreau) se define como «la red más grande de Europa de organizaciones ciudadanas medioambientales, con más de ciento ochenta y cinco organizaciones adheridas en cuarenta y un países, que representan a unos treinta millones de miembros individuales y simpatizantes». 

Creada en 1974, la oficina se estableció en Bruselas «con el propósito de ofrecer un centro de atención para sus miembros, para así controlar y responder a la política medioambiental emergente de la UE». Entre las entidades federadas en la EEB, figuran nueve organizaciones españolas que aparecen en su página web como miembros de pleno derecho o asociados.

700.000 euros para la EBB

Según el periódico holandés, el contrato con este grupo menciona instrucciones explícitas de proporcionar al menos dieciséis ejemplos de cómo, gracias a su labor, el Parlamento Europeo ha hecho que la legislación verde sea más ambiciosa. 

La EEB, que habría recibido 700 000 euros, promovió la Ley de la Restauración de la Naturaleza y tuvo que influir en el debate sobre la agricultura en una dirección más verde, según el contrato en posesión del diario. 

Según indica la noticia, el eurodiputado neerlandés Dirk Gotink está investigando junto a varios colegas del comité de control presupuestario los contratos de subvenciones otorgados a grupos ambientalistas en los últimos cinco años, y asegura que «incluso había listas de grupos con nombres de políticos que debían ser contactados». 

Frans Timmermans fue comisario de Política de Acción por el Clima, vicepresidente primero de la Comisión Europea entre 2014 y 2023, formó parte de los ejecutivos comunitarios presididos por Juncker y Von der Leyen, y fue responsable del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia ‘De la granja a la mesa’./

Hasta que se proporcionen estas aclaraciones, Europêche aboga por suspender cualquier decisión que pueda haber sido influida por estas prácticas presuntamente irregulares, ya que, en su opinión, continuar implementando políticas adoptadas bajo un sistema potencialmente comprometido supone respaldar prácticas que las instituciones de la UE, particularmente la CE, critican habitualmente cuando ocurren en otros Estados o instituciones.

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “si se confirman estas acusaciones, representarían una grave vulneración de los principios democráticos y una traición a la confianza depositada en las políticas medioambientales europeas adoptadas en la legislatura anterior. Nuestros pescadores, que ya enfrentan enormes desafíos para adaptarse a las políticas del Pacto Verde, merecen procesos de decisión transparentes, imparciales y responsables. El sector –continua Garat–, que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria de Europa y a las economías costeras, no puede soportar el peso de políticas moldeadas por propuestas ambientales
radicales impulsadas mediante esfuerzos de lobby no declarados”.
Por último, Europêche reitera su apoyo a la sostenibilidad medioambiental, pero subraya que la formulación de políticas debe ser equilibrada, basada en evidencias y respetuosa con las realidades socioeconómicas de las comunidades europeas.