La pesca del Mediterráneo teme un «recorte drástico» que acabe con el arrastre

La pesca del Mediterráneo teme otro tijeretazo que acabe con el sector de arrastre. La propuesta de la Comisión Europea de cara al Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) de diciembre supondrá otro batacazo para la modalidad de arrastre, según han indicado sus armadores. El planteamiento de este organismo, que será la base de discusión del próximo consejo que se celebrará en Bruselas los días 11 y 12 de diciembre, vuelve a disgustar al sector pesquero, especialmente del Levante, cuya senda está marcada por el plan de gestión de demersales en el Mediterráneo occidental, en vigor desde enero de 2020. Y es que el tijeretazo al trabajo y al sustento de muchas familias, así como a las capturas de pescado y marisco fresco y saludable nacional que se sirven en las mesas sigue activo.

Nadie sabe por dónde van los tiros para planificar la faena de 2023, un año al que el sector aspiraba sin restricciones tras la tormenta perfecta de pandemia e inflación, que verlos confirmados sobre papel.

El próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea ahondará en la progresión del plan plurianual de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental con el objetivo de lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en 2025 de un 40%. Para esta cita, la Comisión propone una reducción de un 7,5% de los días de pesca en relación a los asignados para el presente 2022. Con esta idea se corroboran los presagios del presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y gerente de la Asocaición Provincia de Empresarios de la Pesca (Asopesca), José María Gallart, quien advertía hace un mes que la propuesta de la Comisión de Pesca sería seguir recortando los días de pesca; “el comisario, Virginijus Sinkevicius, mantiene su cruzada contra el sector a merced de las presiones de las organizaciones Oceana y Greenpeace, que utilizan argumentos falsos que nada tienen que ver con la pesca del Mediterráneo en España”.

Esperanzas que van a acabar en decepción

El pasado año, el Consejo de Ministros de Pesca, con el voto en contra de España, ya optaba por reducir en un 6% los días de esfuerzo para la flota de arrastre (reducción adicional que se sumaba a la del 17,5% de los dos años anteriores, sin contar con los 13.800 días que se dejaron de pescar por la pandemia). Según Gallart, este año, de media un barco de arrastre en el Mediterráneo español ha faenado 167 días, lo que se traduce en unos siete meses y medio, estando cuatro y medio parado; si la propuesta es avalada por el consejo las jornadas se verían recortadas en otros 12 días para esa media.

Por otro lado, la nueva medida para especies de fondo en el Mediterráneo que salía adelante en el encuentro de diciembre de 2021 y referente a la aplicación de un TAC (total de capturas admisibles) para la gamba roja, fijado entonces en 872 toneladas anuales, no se ha frenado ahí, a no ser que los ministros decidan lo contrario, ya que la propuesta de la Comisión refleja reducir ese TAC para el manjar mediterráneo otro 7%, de manera que la captura máxima admisible se correspondiera con unas 810 toneladas anuales.Con ello se continúa dando rienda suelta a dos sistemas de régimen de esfuerzo pesquero: reducción de días de pesca y tope a las capturas. Y la gamba no es la única especie afectada, también lo es la captura de merluza incluida en unos requisitos para los que, a cambio, opten a una compensación en días algo complicado; teniendo en cuenta de que se trata de una pesca multiespecífica.

En esta línea, la Comisión plantea establecer una compensación del 3% en el total de días asignados a las embarcaciones si cumplen lo siguiente: implementar medidas de selectividad en los artes de arrastre consistentes en el cambio de malla a 42 milímetros la costera y 50 milímetros en profundidad, aumentar la talla mínima de la merluza a 26 milímetros y establecer nuevas zonas de veda para la protección de los juveniles, especialmente merluza.

“Parece que el comisario no se ha enterado de la pandemia y la guerra en Ucrania, pues sigue restringiendo y asfixiando a la pesca española, sin tener en cuenta el esfuerzo del sector para continuar con la actividad y para que la gente consuma pescado fresco”. Así, Gallart describía cómo el sector pesquero ha tenido que hacer frente al incremento de un 40% de los costes de producción y de un 300% de la subida del precio del combustible.

El representante del sector pesquero señalaba también que estas medidas no hacen otra cosa que restar competitividad a los pescadores locales frente a productos de terceros países, “no tiene sentido que se recorte la actividad de la flota de aquí, que ya ejerce un trabajo sostenible, y se consuma más producto importado cuyas embarcaciones no tienen limitaciones en sus territorios. Esto supone una competencia desleal para las empresas familiares de bajura”.

Con la propuesta en la mano, Gallart insiste en que la Comisión no ha evaluado los resultados de la implantación de estos tres años de reglamento ni la situación actual en el mar. “Nuestros estudios científicos demuestran la regeneración de la biomasa, la bajada de la mortalidad y la mejora de los niveles de juveniles. Somos los primeros interesados en mantener en buen estado nuestros caladeros y desde hace mucho tiempo estamos comprometidos con una pesca sostenible”.

El presidente de la FAAPE y gerente de Asopesca, José María Gallart, pide al Gobierno de España que, con los argumentos tanto técnicos como científicos, “que los tiene, desmontar la barbaridad que nuevamente la comisión pretende hacer con la flota de arrastre”. Recientemente, en octubre, el ministro de Pesca, Luis Planas, declaraba: “La pesca extractiva y la industria transformadora son absolutamente fundamentales para amplias zonas de España y cuentan con todo el apoyo del Gobierno de España. Por eso, trabajaremos codo con codo con el conjunto del sector para lograr el mejor resultado posible en los próximos Consejos de ministros europeos”, en especial en el Consejo del mes de diciembre, en el que se deciden los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de pesca para 2023”. El sector espera que las palabras no caigan en saco roto y las esperanzas, ahora más teñidas de oscuro, de que el próximo año fuera un año de transición sin más restricciones no se desvanezcan.

El Gobierno andaluz lamenta los recortes

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, clausuraba esta semana en Sevilla la ‘Jornada del Sector Pesquero de Andalucía. Comprometidos con la Sostenibilidad’ que organizó la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape).

Carmen Crespo alabó al sector pesquero andaluz del que dijo ser muy dinámico y posibilista y puso en valor “el importantísimo esfuerzo pesquero de este país” por la sostenibilidad de la actividad que, entre otras medidas, se plasma en la disminución de la flota de 20.000 a 9.000 barcos en apenas diez años. “Hace poco, en el Mediterráneo teníamos el doble de barcos de arrastre de los que hay actualmente”, ha concretado la consejera como ejemplo de “la realidad del sector andaluz”.

La responsable de Pesca refirió también a las restricciones que impone Europa y recalcó la disposición de los andaluces a “seguir realizando más esfuerzos pero constatados científicamente”. “Estamos en contra de los actos delegados injustos a sabiendas y a favor de las decisiones basadas en estudios científicos actualizados”, aseveró Crespo, recordando la unión del sector español para defender ante el Tribunal de la Unión Europea al arrastre del Atlántico”.

En cuanto a posibles recortes en los Totales Admisibles de Captura (TAC) y las cuotas, Carmen Crespo apostó por “establecer de forma equilibrada las especies y caladeros con estudios cada año” pero teniendo en cuenta también el impacto socio-económico que está teniendo en la pesca la “situación tan dificultosa de este año por la invasión de Ucrania y los costes de producción”.

Al respecto, lamentó que al recorte del 17,5% aplicado ya al arrastre del Mediterráneo se proponga añadir “un 7,5% más”. “Tampoco puede ser que en la gamba roja, donde los estudios científicos avala la buena situación de la especie, nos planteen un recorte del 7%”, remarcó y solicitó que “las decisiones que se toman para el futuro sean justas”. Carmen Crespo destacó que, para lograr este objetivo, “es fundamental la unión del sector, de las instituciones y defender la justicia pesquera”.