La pesca artesanal en el Bajo Guadalquivir

Marcos Pacheco Morales-Padrón

La pesca artesanal en el Bajo Guadalquivir mantiene una impronta fuerte y singular en municipios sevillanos como Coria del Río y Lebrija, o gaditanos como Trebujena, donde los anguleros y riacheros han practicado artes y saberes transmitidos de generación en generación, aunque hoy lo hacen en un escenario regulatorio, ecológico y socioeconómico mucho más tenso que en el pasado. En dichas localidades la actividad pesquera no es un mero oficio: es identidad local, una forma de vida ligada al tiempo del río, a los caños y a las marismas; los riacheros (pescadores que tradicionalmente faenan en pequeñas embarcaciones por los brazos y meandros del estuario) y los anguleros (especializados en la captura de angulas, el alevín de la anguila europea) representan la cara más reconocible y a la vez más conflictiva de esa tradición, porque su práctica choca con prohibiciones, presiones ambientales y un mercado internacional que paga la angula a precios extraordinarios cuando logra salir del circuito ilegal.

La Reserva de Pesca de la desembocadura del río Guadalquivir, declarada originalmente por Orden de 16 de junio de 2004 y objeto de modificaciones posteriores para adaptar zonificación, artes permitidas y vedas, es el marco legal que condiciona gran parte de lo que los artesanos pueden y no pueden hacer en estas aguas salobres; esa normativa intenta proteger funciones ecológicas críticas del estuario —vivero, cría y engorde—, pero también genera tensiones cuando las comunidades pesqueras ven recortadas tradiciones o su acceso a determinados caladeros. 

Históricamente, los riacheros de Trebujena, Lebrija y Coria del Río se organizaron en torno a embarcaciones pequeñas, redes ligeras, nasas y aparejos diseñados para entrar en caños, lagunas y brazos del río; la pesca de la angula y del camarón marcó las estaciones: angulas en invierno y camarones en primavera-verano, junto con una oferta variada de peces de estuario que alimentaban mercados locales y mesas familiares. Los estudios y documentos patrimoniales recogen con detalle técnicas, vocabulario y la sociabilidad propia de los riacheros, que no solo pescaban, sino que vivían en una relación íntima con la fluctuación de aguas y mareas del Guadalquivir; esa cultura fluvial es tan específica que se ha trabajado en inventarios y catálogos etnográficos para preservarla como patrimonio inmaterial.

Al mismo tiempo, la labor de los riacheros ha sido una pieza clave en el funcionamiento ecológico del estuario, porque sus faenas —cuando están reguladas y limitadas— ejercen un esfuerzo de pesca acorde al tamaño y la productividad local, y porque su conocimiento empírico puede ser valioso en planes de gestión participativa. 

Sin embargo, la realidad reciente muestra un cruce de dinámicas complejas: por un lado, la prohibición de la pesca de la angula en Andalucía (motivada por la necesidad de recuperar la anguila europea, especie en declive) y el reforzamiento de la Reserva han llevado a que muchos de los antiguos anguleros hayan quedado fuera de la actividad legal; por otro, el altísimo precio que puede alcanzar la angula en mercados internacionales ha fomentado una pesca furtiva organizada que, en varias operaciones y decomisos en los últimos años, ha sido desmantelada por la Guardia Civil y los servicios de inspección pesquera. La macrooperación comunicada en 2024 contra la pesca ilegal de angulas en el Guadalquivir puso de manifiesto tanto la persistencia de redes furtivas, como la dificultad de ofrecer alternativas legales y sostenibles a quienes han vivido de ese recurso; episodios anteriores, operativos de la Junta y reportajes periodísticos han documentado, además, la tensión entre necesidad económica de los pescadores y sanciones administrativas severas. Esa doble lectura explica por qué en las poblaciones ribereñas hay sentimientos encontrados: indignación por la sobreexplotación y el daño ecológico que provocan las redes furtivas, y al mismo tiempo protesta porque las medidas punitivas no siempre vienen acompañadas de opciones de empleo, formación o reconversión. 

En el día a día, Coria del Río, Trebujena y Lebrija presentan matices: en Trebujena existen asociaciones y cooperativas de riacheros que intentan articular defensa colectiva de la pesca artesanal y proyectos de gestión local; en Coria del Río la autoría y representación de la pesca fluvial ha impulsado peticiones formales al gobierno autonómico para participar en la redacción de decretos y para proteger el acceso de sus pescadores a la normativa de interior; en Lebrija, la figura del angulero —con historias públicas sobre multas elevadas y conflictos con la administración— refleja la vulnerabilidad económica de familias que han explotado un recurso ahora vedado o fuertemente restringido. Estas diferencias locales se traducen en demandas concretas: mayor voz en mesas de ordenación, ayudas para modernizar embarcaciones y artes (sin aumentar capacidad extractiva), formación en comercialización y transformación, y programas de incorporación de jóvenes que permitan relevo generacional y disminuyan la presión a recurrir a prácticas ilegales. 

Las amenazas que condicionan a los pescadores artesanales del Bajo Guadalquivir son múltiples y no siempre dependen de la flota. La modificación del régimen hidrológico río arriba —presas, derivaciones para regadío y cambios en la gestión del caudal— altera salinidades, conectividad y disponibilidad de hábitats de cría; la pérdida histórica de marismas por usos agrícolas y salineros reduce la superficie útil para juveniles; la contaminación puntal y difusa (efluentes urbanos, aportes agrícolas y vertidos industriales en puntos de la cuenca) se percibe como riesgo real para el recurso y la salud alimentaria local; y los ciclos climáticos y meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes, afectan a los reclutamientos y la predictibilidad de temporadas. Todo ello sitúa a los anguleros y riacheros en una posición reactiva: deben adaptar artes y calendario, respetar vedas y medidas, y al mismo tiempo resistir la presión económica de días sin faena suficientes para cubrir gastos. En este contexto, los proyectos de restauración de humedales y mejora de la conectividad hídrica, como los que se han ejecutado en los últimos años en Trebujena con fondos europeos y autonómicos para recuperar lagunas y caños, son esperanzas tangibles porque pueden devolver funcionalidad ecológica al sistema y, a medio plazo, aumentar la capacidad de cría del estuario —pero requieren tiempo, seguimiento y que su beneficio sea visible y aprovechable por la pesca local-. 

La ordenación y vigilancia son imprescindibles, pero también fuentes de conflicto: las operaciones contra la pesca ilegal demuestran que hay demanda y mercado para especies vedadas; al mismo tiempo, una regulación que cierre brusca y totalmente vías de subsistencia, sin programas de acompañamiento social, económico y formativo, corre el riesgo de empujar a más pescadores hacia la clandestinidad. Varios actores locales reivindican modelos de co-gestión donde las cooperativas de pesca, los ayuntamientos ribereños y la Junta trabajen sobre censos reales de embarcaciones, mecanismos de acceso a autorizaciones para artes compatibles, y planes de incentivos para sustituir artes dañinas por otras selectivas y de bajo impacto. También se plantean alternativas productivas complementarias: acuicultura de especies compatibles en instalaciones controladas, actividades de turismo fluvial y gastronómico que valoricen el producto local, y esquemas de comercialización directa que aumenten el margen económico del pescador artesanal, sin incrementar esfuerzo.

Para que la pesca artesanal en Coria del Río, Trebujena y Lebrija sea viable en el futuro inmediato hacen falta políticas integradas: inversión en vigilancia y control para frenar la ilegalidad; programas socioeconómicos que ofrezcan alternativas o complementos a quienes han practicado la angula y hoy se ven impedidos por la legislación; apoyo técnico para mejorar prácticas (tallas, artes selectivas, manejo postcaptura) y favorecer la trazabilidad del producto; y diálogo territorial que reconozca la cultura riachera como patrimonio y la integre en planes de desarrollo local. La conservación de humedales y la mejora de la calidad del agua son, a su vez, condiciones previas para cualquier plan de recuperación de la pesquería artesanal: sin ríos y marismas funcionales, no hay base ecológica sobre la que sostener empleos ni gastronomía local. Por eso muchas voces piden que las políticas pesqueras no se miren de forma aislada, sino insertas en una estrategia más amplia de gestión de cuenca, restauración ambiental y desarrollo rural. 

En definitiva, la pesca artesanal practicada por anguleros y riacheros en Coria del Río, Trebujena y Lebrija es hoy una actividad en transición: preserva técnicas y una cultura singular, pero su continuidad depende de soluciones que combinen ordenación, protección ecológica, alternativas económicas y reconocimiento social. Si la administración y la sociedad local consiguen traducir la protección del estuario en beneficios tangibles para quienes viven de él —empleo digno, acceso regulado a recursos sostenibles, ampliación de mercados y rehabilitación de hábitats—, habrá posibilidad real de que la tradición riachera sobreviva y se adapte sin tener que recurrir a prácticas furtivas que dañan a todos.