La pugna entre la Xunta y la industria eólica adquiere escala europea. La patronal Wind Europe, que representa a más de 600 compañías y a los principales operadores del sector en España —Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona, Engie, Repsol…–, ha escrito una carta dirigida a Alfonso Rueda para expresarle su desacuerdo con la política energética que está desarrollando en el ámbito de las renovables. En la misiva, firmada por el CEO de Wind Europe, Giles Dickson, la patronal se posiciona en términos similares a la Asociación Empresarial Eólica, la patronal española del sector, y también considera «expropiatorias» las medidas que está impulsando la Xunta.
Hace alusión, concretamente, a la imposición de las repotenciaciones en parques de determinada antigüedad, «amenazando con el cierre en caso contrario», y «al anuncio según el cual se obligará a los promotores eólicos a firmar acuerdos de compra (PPAs) con clientes gallegos por al menos el 50% de la energía producida«. Estas dos medidas fueron las que rechazó enérgicamente la asociación española.
Wind Europe recuerda en su escrito que el artículo 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales consagra la libertad de empresa, lo que da potestad al empresario para «organizar libremente sus medios de producción, incluyendo la decisión de cuándo se renuevan equipos, en función de criterios de negocio. «Una repotenciación impuesta a las empresas es completamente ajena a este consenso y sería sin duda percibida con gran recelo en las instituciones europeas, al ser contradictoria con los principios básicos del derecho europeo», afirma Dickson. En la carta insiste en que no hay apoyo legal en el ordenamiento comunitario para que una autoridad pública imponga al empresario cuándo y en qué condiciones debe retirar sus bienes.
En relación a los PPAs, la patronal señala que opera el mismo principio, de manera que el sector público no puede injerir o condiciones decisiones de la política comercial de la empresas. «Dado el evidente contenido expropiatorio de estas medidas y la presencia de inversores no europeos, estas medidas presagian también la puesta en marcha de arbitrajes internacionales, retornando a un camino que ha sido muy poco productivo para la transición energética española y europea», dice Wind Europe, reiterando una advertencia que ya lanzó en días atrás la patronal española.
«Desde Wind Europe dedicamos mucho tiempo y recursos a conseguir un despliegue rápido de energía eólica respetuoso al máximo con las preocupaciones sociales y ambientales del territorio. Con base en el gran volumen de trabajo realizado -en contacto con todos los grupos interesados- sobre esta cuestión, me permito trasladarle nuestra opinión de que las medidas propuestas suponen un retroceso en nuestro afán común de conseguir una transición energética rápida y con máxima aceptación social», concluye la carta, que también va dirigida a Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía, y Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía.
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