La Ley de Alimentación francesa obligará a que un 50 por ciento sean productos ecológicos en restauración colectiva

La etiqueta ecológica de pesca sostenible va a ser una oportunidad a través de la Ley de Alimentación francesa, en el camino de lograr productos de calidad y de la pesca sostenible certificada. Igualmente, a partir del 1 de enero de 2022, según lo dispuesto en la Ley de alimentación (1), las comidas servidas en los establecimientos públicos de restauración colectiva deben incluir al menos un 50 % de productos ecológicos, con un signo de calidad, o procedentes de explotaciones agrícolas con un alto grado de certificación medioambiental. El orgánico debe representar por lo menos el 20%. Entre los productos mencionados en el Código de Pesca y Marítima se trata primar los que beneficien la etiqueta ecológica pública para los productos de la pesca sostenible. Algunas pesquerías han iniciado el proceso de obtención, como los palangreros de atún rojo en la isla de Yeu.

Etiqueta roja, PDO, STG.…..

También se mencionan los productos adquiridos en condiciones que tienen en cuenta los costes imputados a las externalidades medioambientales asociadas al producto durante su ciclo de vida. Esto da más oportunidades a un suministro local, pero seguirá siendo muy supervisado.

En cuanto a los signos de calidad a los que afecta este suministro, acaban de ser precisados por un decreto de aplicación publicado en el Diario Oficial de 24 de abril: etiqueta roja, denominación de origen (DOP), indicación geográfica (IGP) y especialidad tradicional garantizada (ETG). Los productos del mar incluyen algunos de ellos, en particular las vieiras de Normandía y el rodaballo de Label Rouge, los mejillones de la bahía del Mont Saint-Michel DOP, los mejillones de Bouchot STG… Este decreto también especifica cómo se calcula la cuota del 50% (sobre el valor antes de impuestos).

GMS: Cuidado con los abusos de precios

También a raíz de la Ley de Alimentos, las últimas cinco ordenanzas se presentaron al Consejo de Ministros el 24 de abril, incluida la relativa a los precios abusivamente bajos. Dispone la Administración que puede intervenir en caso de que el precio esté desconectado de la realidad «económica». Un proveedor podrá ahora hacer responsable a un comprador si impone tal precio. Y el juez podrá utilizar indicadores de costos de producción para caracterizar el precio abusivamente bajo. Los acuicultores de ostras que deploran regularmente las relaciones comerciales injustas pueden confiar en esta ley.