El Tribunal Administrativo de París considera que la normativa francesa respeta el artículo 17 de la Política Pesquera Común y no exige aplicar criterios ambientales obligatorios
El Tribunal Administrativo de París ha rechazado el recurso presentado por varias organizaciones ecologistas y asociaciones de pesca artesanal contra el decreto ministerial del 31 de marzo de 2023 que fija la repartición nacional de las cuotas de pesca asignadas a Francia por la Unión Europea. La sentencia, emitida el pasado 3 de octubre, concluye que el derecho francés cumple con el artículo 17 del Reglamento Europeo sobre la Política Pesquera Común (PPC) y que los Estados miembros no están obligados a integrar criterios ambientales en el reparto de cuotas, salvo cuando lo consideren oportuno.
El fallo llega tras más de un año de litigio iniciado por un grupo de entidades que cuestionaban la forma en que el Gobierno francés distribuye los derechos de pesca entre las distintas flotas. Los demandantes —entre ellos Ligneurs de la Pointe de Bretagne, las ONG Bloom y Pleine Mer, la Plataforma de la Pequeña Pesca, y un pescador miembro de la Organización de Pescadores Normandos— alegaban que el sistema vigente favorece a las flotas industriales y no tiene en cuenta criterios sociales ni medioambientales, en contra del espíritu de la PPC.
En su sentencia, los magistrados parisinos sostienen que la legislación francesa no vulnera el reglamento comunitario, dado que este solo exige que los Estados utilicen criterios “transparentes y objetivos” y, “cuando sea pertinente”, de carácter medioambiental o social. La clave, según el tribunal, reside en la expresión “le cas échéant” (“cuando proceda”), que no impone la obligatoriedad de aplicar criterios ecológicos en todos los casos.
El fallo subraya que el Ministerio del Mar actuó dentro de su margen de discrecionalidad al mantener el sistema de reparto actual, basado en referencias históricas de capturas y derechos adquiridos, y no está obligado legalmente a introducir factores adicionales de sostenibilidad.
Las organizaciones demandantes han manifestado su “profunda decepción” por la resolución, que consideran un retroceso para la transición ecológica y social del sector pesquero. Desde Bloom y Pleine Mer recuerdan que el artículo 17 de la PPC pretendía romper con la lógica de privilegio histórico y avanzar hacia una gestión más equitativa y responsable de los recursos marinos.
“La justicia francesa acaba de legitimar un sistema que perpetúa las desigualdades y excluye a los pescadores artesanales, a pesar de que son quienes menos impacto generan sobre los ecosistemas”, denunciaron las ONG en un comunicado conjunto.
Las asociaciones afirman que el modelo actual beneficia desproporcionadamente a las grandes compañías con derechos de captura heredados, en detrimento de la pequeña pesca costera. “El reparto de cuotas debería basarse en criterios ambientales, sociales y económicos, no únicamente en el pasado de capturas”, subrayan.
El caso reaviva el debate en Francia sobre la equidad en el acceso a los recursos pesqueros y la necesidad de adaptar los mecanismos de reparto a los desafíos climáticos y ecológicos. Diversos colectivos han reclamado al Gobierno que reforme el sistema de cuotas para reconocer el papel de las pequeñas embarcaciones en la sostenibilidad y en la economía de las comunidades costeras.
Por su parte, fuentes del Ministerio del Mar han valorado la sentencia como una confirmación jurídica del marco actual, y recuerdan que el Gobierno “mantiene su compromiso con la sostenibilidad”, aunque dentro de los límites establecidos por la normativa europea.
Las ONG no descartan apelar la decisión ante el Consejo de Estado francés y han anunciado que continuarán presionando en el ámbito europeo para que la Comisión y el Parlamento revisen el artículo 17 de la PPC, introduciendo criterios ambientales y sociales de cumplimiento obligatorio.
Mientras tanto, el fallo del Tribunal Administrativo de París refuerza la posición de la administración francesa, que seguirá aplicando su sistema tradicional de distribución de cuotas, basado en la estabilidad relativa y las referencias históricas de capturas.
La sentencia pone de manifiesto las tensiones entre la interpretación jurídica y las aspiraciones ecológicas dentro de la política pesquera europea, y deja abierta la pregunta sobre cómo equilibrar los intereses económicos del sector con la preservación de los ecosistemas marinos en el futuro inmediato.
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