ClientEarth había solicitado la anulación del reglamento ante el Tribunal General, argumentando que los límites de pesca incluidos en la regulación se establecieron de forma insostenible y contraviniendo el enfoque precautorio establecido en la Política Pesquera Común de la UE. La organización alegaba que el Consejo había excedido su margen de discreción y actuado con opacidad.
El tribunal concluyó que:
Con esta sentencia, el tribunal refuerza la legitimidad del proceso legislativo que fija las cuotas anuales en la UE, respaldando la facultad del Consejo para tomar decisiones técnicas sobre acceso a los recursos pesqueros. También establece puntos clave en el debate sobre los límites del control judicial en materia de políticas ambientales sensibles.
ClientEarth, por su parte, ha lamentado la decisión y advierte que continuará vigilante ante otros casos, especialmente en ámbitos como la pesca de arrastre de fondo, donde reclama una protección reforzada de ecosistemas marinos vulnerables.
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