El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que respalda la autoridad de la Comisión Europea para imponer restricciones pesqueras en zonas marinas vulnerables, incluso si estas medidas afectan negativamente a los intereses del sector pesquero.
La decisión se produce en respuesta a una demanda presentada por la asociación alemana Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer e.V. (VDK), que cuestionaba la legalidad de las restricciones impuestas por la Comisión en determinadas áreas marinas protegidas.
La Comisión Europea, en su esfuerzo por proteger los ecosistemas marinos vulnerables, había establecido restricciones a ciertas actividades pesqueras en áreas específicas del Atlántico nororiental. Estas medidas fueron impugnadas por VDK, que argumentaba que las restricciones eran desproporcionadas y carecían de una base legal sólida.
El TJUE, al analizar el caso, destacó que la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea tiene como objetivo garantizar que las actividades de pesca y acuicultura sean sostenibles a largo plazo desde el punto de vista ambiental, económico y social. En este sentido, el Tribunal subrayó que la PPC debe aplicar el principio de precaución en la gestión pesquera y procurar asegurar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible.
Además, el Tribunal señaló que la PPC debe contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión en virtud de instrumentos como la Convención sobre el Derecho del Mar y el Acuerdo relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces. Estos instrumentos prevén obligaciones de conservación que incluyen la adopción de medidas destinadas a mantener o restablecer los recursos marinos en niveles sostenibles.
La sentencia del TJUE establece un precedente importante al confirmar que la Comisión Europea tiene la autoridad para adoptar medidas restrictivas en la pesca con el fin de proteger los ecosistemas marinos vulnerables, incluso si estas medidas afectan negativamente a ciertos sectores económicos. Esto refuerza la capacidad de la Unión Europea para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de conservación marina y sostenibilidad pesquera.
Asimismo, la decisión del Tribunal destaca la importancia de basar las políticas pesqueras en los mejores dictámenes científicos disponibles y de aplicar un enfoque ecosistémico en la gestión de la pesca, garantizando que las actividades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino.
La sentencia ha generado preocupación en el sector pesquero, que teme que este fallo pueda conducir a la implementación de restricciones más estrictas en el futuro, afectando la viabilidad económica de las comunidades pesqueras. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han acogido con satisfacción la decisión, considerándola un paso crucial hacia la protección efectiva de los ecosistemas marinos y la promoción de prácticas pesqueras sostenibles.
En resumen, la sentencia del TJUE reafirma la autoridad de la Comisión Europea para imponer restricciones pesqueras en zonas marinas vulnerables, subrayando la primacía de la conservación ambiental y la sostenibilidad en la política pesquera de la Unión Europea.
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