La industria acuícola estadounidense ha intensificado su presión sobre las autoridades federales para que reconsideren al menos cuatro normativas clave que, a su juicio, están obstaculizando el comercio eficiente de organismos acuáticos vivos y elevando innecesariamente los costes operativos. La National Aquaculture Association (NAA) ha solicitado la revisión urgente de estas regulaciones, alegando que muchas de ellas carecen de una justificación técnica actualizada y suponen una carga excesiva para productores y transportistas.
Uno de los principales puntos de fricción está relacionado con las restricciones a la importación de especies acuáticas vivas, diseñadas originalmente para prevenir la introducción de especies invasoras o enfermedades. Si bien la NAA reconoce la importancia de proteger los ecosistemas y la salud animal, argumenta que los avances en trazabilidad, certificación sanitaria y controles en frontera permiten hoy una gestión más flexible y efectiva de estos riesgos.
“Estamos completamente alineados con la necesidad de conservar la biodiversidad y evitar plagas o patógenos. Pero las normativas actuales no reflejan la evolución tecnológica ni el entorno comercial global”, explicó un portavoz de la asociación.
Otro frente de crítica se dirige a las limitaciones sobre el transporte interestatal de animales vivos, en particular aquellas que afectan los tiempos, rutas y métodos permitidos para la distribución terrestre. Según la industria, estas normas dificultan la logística en un mercado que requiere entregas rápidas y sensibles, afectando especialmente a pequeños y medianos productores que dependen de camiones refrigerados y transporte terrestre especializado.
“Muchas especies no pueden sobrevivir largos tiempos de espera o manipulación inadecuada. Limitar las opciones de transporte impone costos adicionales y pone en riesgo la calidad del producto”, denuncian desde la NAA.
Estados Unidos cuenta con uno de los mercados de acuicultura más innovadores y con mayor potencial de crecimiento en el hemisferio occidental. La crianza sostenible de peces, moluscos y crustáceos no solo contribuye a la seguridad alimentaria nacional, sino que reduce la dependencia de importaciones y promueve el desarrollo económico en zonas rurales y costeras.
Sin embargo, las restricciones actuales estarían ralentizando la expansión del sector, particularmente en un contexto global de alta demanda de proteínas acuáticas sostenibles. A esto se suma la creciente presión competitiva de países asiáticos y latinoamericanos que, según la NAA, operan bajo marcos regulatorios más ágiles y adaptados al comercio moderno.
El debate plantea una cuestión clave: ¿cómo equilibrar la protección del medio ambiente y la salud pública con la necesidad de dinamizar el comercio y reducir la burocracia?
Expertos consultados por medios especializados coinciden en que una revisión científica y técnica de la normativa podría permitir actualizar los procedimientos sin poner en riesgo los objetivos de sostenibilidad. También proponen el fortalecimiento de acuerdos interinstitucionales y la digitalización de los procesos de certificación y control como vía para agilizar trámites sin perder control.
La NAA ha presentado ya sus propuestas ante agencias como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (USFWS), el Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de Transporte, solicitando una revisión coordinada que implique a los actores del sector. La asociación también ha pedido al Congreso que evalúe el impacto económico de las actuales normativas sobre el comercio acuícola.
Mientras tanto, el sector espera que esta iniciativa abra un diálogo más amplio sobre el futuro de la acuicultura en EE. UU., en un momento donde el cambio climático, la demanda alimentaria y la resiliencia económica están más conectados que nunca.
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