El lunes 19 de enero, los muelles españoles amanecieron con una imagen poco habitual: barcos de bajura amarrados y lonjas cerradas. La paralización total de la flota artesanal y costera, convocada por cofradías y federaciones de pescadores de todo el país, fue la respuesta más contundente a la aplicación del Reglamento (UE) 2023/2842, la reforma del control pesquero comunitario que el sector considera “inviable” tal y como se está trasladando al día a día de mareas cortas y tripulaciones reducidas.
La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) formalizó la convocatoria a través de su circular Nº 11/26, después de una reunión celebrada la víspera en la que se cerraron los acuerdos de movilización y coordinación. El paro no se limitó a un gesto simbólico: se diseñó como un “apagón” productivo para hacer visible el impacto inmediato de una norma que, según la flota, amenaza la viabilidad del pescado fresco de proximidad.
La jornada de protesta se sostuvo sobre una estrategia de unidad sectorial y visibilidad pública. La FNCP había pedido a las cofradías que acudirían a la concentración principal en Madrid que comunicasen previamente el número de asistentes para coordinar el dispositivo con la Delegación del Gobierno, y anunció la convocatoria de medios para reforzar el mensaje del sector. El objetivo era doble: mostrar fuerza en el territorio —puerto a puerto— y, al mismo tiempo, concentrar presión institucional en la capital.
En Galicia, la movilización contó con el empuje de la Federación Galega de Confrarías, que venía articulando el descontento en las semanas previas. A nivel estatal, la FNCP reforzó el argumento de que el conflicto no era “contra el control”, sino contra una aplicación “mecánica” de nuevas obligaciones tecnológicas y administrativas que, sostienen, no encajan con la realidad operativa de la bajura.
El pulso del paro se explicó en dos siglas que han pasado de los despachos a las cubiertas: notificación previa de llegada y diario electrónico de pesca. El reglamento establece, como regla general, la obligación de comunicar electrónicamente la llegada con antelación —cuatro horas en su formulación estándar para determinados segmentos—, aunque contempla la posibilidad de plazos más breves en función de categorías y condiciones, si no se compromete la capacidad inspectora.
España ya había introducido una adaptación parcial al reducir el preaviso a dos horas y media para pesqueros de 12 a 15 metros, en un intento de aproximar la exigencia al trabajo real de una flota que, en muchos casos, faena a poca distancia del muelle. Para las cofradías, ese ajuste fue insuficiente: la obligación, aun rebajada, seguía chocando con jornadas donde la decisión de volver a puerto se toma con el parte meteorológico, el estado de la mar, la marea y la cantidad y mezcla de capturas.
La segunda gran fricción fue lo que el sector resume como el “kilogramo cero”: la sensación de que se exige declarar con un nivel de detalle y desde cantidades mínimas que, en la práctica, obliga a estimaciones permanentes y a un registro “al minuto” en barcos sin medios de pesaje a bordo ni personal administrativo. El temor más repetido fue el de la sanción por diferencias inevitables entre lo apuntado durante la faena y el pesaje final en lonja.
El sector de bajura paró y cerró lonjas contra un control europeo considerado inviable.
La FNCP y las cofradías insistieron en que la bajura trabaja con mareas cortas, condicionadas por meteorología y ventanas de horas. De ahí que el preaviso se viviera en muchos puertos como una obligación que podía traducirse, en la práctica, en “esperar en el mar” o en recortar tiempo efectivo de pesca.
Ese recorte, subrayó el sector, no solo se mide en ingresos. También afecta —según su argumento— a la calidad del pescado fresco, porque altera tiempos de manipulación, descarga y subasta. En un modelo económico basado en rapidez y frescura, cualquier obligación que “enfríe” la cadena de llegada puede traducirse en menor valor en lonja.
El paro del 19 de enero también tuvo un componente de seguridad. El sector denunció que las nuevas exigencias obligaban al patrón a alternar tareas digitales y navegación en momentos críticos —entrada a puerto, maniobras, cambios de tiempo—, elevando el riesgo en barcos pequeños donde el margen de error es estrecho. En su lectura, la norma, tal y como se estaba aplicando, trasladaba responsabilidades y carga administrativa a personas que no están a bordo para “hacer oficina”, sino para operar un barco en un entorno cambiante.
La demanda que articuló el paro fue clara: aplicar de forma amplia las flexibilidades que el propio marco europeo permite para categorías específicas de flota, y fijar criterios que eviten penalizar lo que el sector considera técnicamente imposible de cumplir con precisión “quirúrgica”. La FNCP reclamó decisiones urgentes del Ministerio —con margen en plazos e implementación— y avisó de que, sin correcciones, el amarre pasaría de amenaza a herramienta recurrente.
En los muelles, la jornada del 19 de enero dejó una conclusión que el sector quiso convertir en titular: cuando la bajura para, no se detiene solo una marea. Se interrumpe el flujo del pescado fresco que sostiene lonjas, mercados y empleo costero. Y ese fue, precisamente, el mensaje del paro: poner la cadena entera en pausa para obligar a negociar el modo en que Europa controla la pesca sin romper la pesca de proximidad.
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