La flota pide “coherencia” en Bruselas y una revisión más práctica de la Directiva Marina

La revisión de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (MSFD, por sus siglas en inglés) ha entrado en una fase decisiva y el sector pesquero europeo quiere dejar claro que el objetivo —un mar “limpio, sano y productivo”— no está en discusión, pero sí la forma de aplicarlo. La Comisión Europea abrió el 16 de diciembre de 2025 una consulta pública y un “call for evidence” para revisar las reglas de protección del medio marino, con un plazo de participación hasta el 9 de marzo de 2026. El Ejecutivo comunitario reconoce que la MSFD creó un marco ambicioso para vigilar la salud del mar, pero no ha logrado plenamente el Buen Estado Ambiental (GES), y además ve margen para simplificar y reducir cargas administrativas mediante mejor gestión de datos.

En ese escenario, la European Association of Fish Producers Organisations (EAPO) —la asociación europea que agrupa a organizaciones de productores— ha enviado una respuesta que marca una línea roja: la reforma no puede derivar en un sistema más restrictivo sin evaluar impactos, ni en una gobernanza “por capas” donde se acumulen obligaciones ambientales parcialmente solapadas, con consecuencias económicas concentradas casi exclusivamente en la pesca.

Menos “superposición” y más alineación con la Política Pesquera Común

El núcleo del mensaje de EAPO es la coherencia normativa. La asociación alerta de que la gobernanza marina europea se ha vuelto cada vez más compleja por la interacción de la MSFD con otras piezas del puzle: Directivas de Aves y Hábitats, Natura 2000, Directiva Marco del Agua, Reglamento de Restauración de la Naturaleza, Política Pesquera Común (PPC) y Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo, en un contexto donde además la UE prepara un European Ocean Act para reforzar un enfoque integrado.

Bruselas, de hecho, ya ha explicitado esa conexión: la Comisión subraya que la revisión de la MSFD se coordinará estrechamente con la preparación del Ocean Act para una gobernanza oceánica “más integrada”, dentro de la hoja de ruta del European Ocean Pact y la estrategia de resiliencia hídrica.

Para el sector, sin embargo, el problema es operativo: cuando distintos marcos persiguen la sostenibilidad desde bases legales diferentes, pueden emerger objetivos no siempre compatibles en el terreno. El ejemplo típico es el choque entre el enfoque de rendimiento máximo sostenible (FMSY) de la PPC y la lógica “cualitativa” del Buen Estado Ambiental de la MSFD, que se traduce en umbrales e indicadores que, en la práctica, pueden convertirse en límites de actividad.

Umbrales, indicadores y el “caso D6”: el fondo marino como punto crítico

La respuesta de EAPO pone el foco en un asunto muy concreto: el avance de valores umbral cuantitativos vinculados a los descriptores del GES. La asociación denuncia que estos umbrales se están desarrollando a menudo en ámbitos técnicos o administrativos y corren el riesgo de operar como objetivos vinculantes sin suficiente “aterrizaje” con el sector ni evaluaciones completas de impacto socioeconómico.

El ejemplo más sensible para la pesca es el Descriptor 6 (integridad del fondo marino), uno de los pilares del GES. La propia UE define este descriptor como la necesidad de que la integridad del lecho marino se mantenga a un nivel que salvaguarde la estructura y funciones de los ecosistemas, evitando efectos adversos en los hábitats bentónicos.

Según EAPO, el riesgo es que, si los umbrales se apoyan demasiado en modelos de presión y en proxies —por ejemplo, usar datos de actividad pesquera como VMS como indicador de “degradación” ambiental—, se puede sobreestimar el impacto atribuible a las pesquerías y desembocar en restricciones severas o cierres espaciales extensos sin beneficios ambientales claros.

“Blanco o negro” cada seis años: crítica al ciclo de evaluación

Otro punto que emerge en el posicionamiento del sector es la forma en que la MSFD muestra el estado ambiental. EAPO considera que el ciclo de evaluación puede ofrecer una visión demasiado binaria (se cumple o no se cumple) y que se necesitan lecturas más “de tendencia”, para reconocer avances parciales y proximidad a objetivos, evitando retratos excesivamente negativos que no distinguen entre mejora real y no cumplimiento total.

Reparto de responsabilidades: no todo es pesca

EAPO no discute que el mar sufre presiones; pide que la responsabilidad se distribuya con más equidad entre sectores y fuentes de impacto. Su argumentario insiste en que la protección marina debe alinearse también con políticas sobre presiones terrestres —plásticos, vertidos y escorrentías agrarias, nutrientes—, porque de lo contrario la pesca puede convertirse en el “ajustador” más visible de problemas de origen múltiple. Este enfoque encaja, además, con el diagnóstico de la Comisión, que sigue señalando contaminación por nutrientes y químicos como fuentes de daño relevantes para la vida marina.

Más participación real y más fondos para una transición viable

El sector también reclama un cambio de método: más participación temprana y continua de los actores de la pesca —incluidos los Consejos Consultivos— y un reconocimiento formal del conocimiento práctico de los pescadores sobre caladeros y dinámicas estacionales.

Y hay un punto económico que EAPO coloca en primer plano: si la UE quiere una transición efectiva hacia pesquerías más sostenibles (selectividad, modernización, descarbonización), tiene que asegurar financiación adecuada y una implementación “practicable” que no erosione el relevo generacional, la innovación técnica ni la atractividad del oficio.

La ventana política: una revisión para reordenar el “ecosistema” regulatorio

La consulta de la Comisión ya ha servido para evidenciar que la revisión de la MSFD no será solo un ajuste técnico. Es una discusión sobre cómo se gobierna el mar europeo en la próxima década: con más integración (Ocean Pact/Ocean Act), más datos, menos burocracia… pero también con un sector pesquero que pide que la sostenibilidad sea un camino con la flota, y no una suma de capas normativas que acabe descargando el coste sobre quien opera a diario en el mar.

Para la economía azul europea, el debate es estratégico: el equilibrio entre restauración ambiental, seguridad alimentaria, autonomía y empleo costero se juega en la letra pequeña de indicadores, umbrales y responsabilidades. La revisión de la MSFD, como reconoce la propia Comisión, pretende hacer las reglas más eficaces y simples. La respuesta de EAPO añade la condición: que también sean coherentes, evaluadas y aplicables.