Del transpondedor apagado a la “mutación” de identidad en alta mar, los petroleros vinculados al comercio sancionado cambian de tácticas mientras Washington endurece interceptaciones y castigos a navieras y traders.
La presión de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano ha abierto una nueva fase en el pulso marítimo del Caribe: ya no basta con sancionar nombres en un boletín. Washington ha pasado a perseguir buques, amenazar con incautaciones y castigar a empresas intermediarias, empujando a los cargamentos a una logística cada vez más opaca y lejana. El resultado es un juego del gato y el ratón en el que los petroleros —viejos, con propiedad difusa y coberturas de seguro discutidas— exploran vías para seguir moviendo crudo hacia Asia y otros destinos.
En relación con esto, Estados Unidos ha capturado en aguas internacionales dos petroleros sancionados, el Bella 1 y el M/T Sophia, que identifica dentro de la «flota fantasma» rusa, la red opaca de barcos que mueven petróleo de países sancionados, como la propia Venezuela o Irán. En relación al primer buque abordado, Rusia ha exigido un «trato humano y digno» para sus tripulantes y que Estados Unidos no obstaculice «su pronto retorno a la patria».
De las sanciones al mar: un bloqueo de facto
El 31 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de EE UU anunció nuevas sanciones contra cuatro compañías y cuatro buques vinculados —según Washington— a operaciones de evasión en el sector petrolero venezolano. Reuters sitúa esta ofensiva dentro de una campaña más amplia que incluyó el anuncio de un bloqueo a buques sancionados que entren o salgan de aguas venezolanas, lo que habría reducido exportaciones a aproximadamente la mitad respecto a noviembre.
Ese endurecimiento ha alterado comportamientos: petroleros que antes esperaban o completaban cargas han empezado a modificar rutas, posponer escalas o moverse con más sigilo, conscientes de que el riesgo ya no es solo reputacional o financiero, sino operativo.
“Cambiar de piel”: la identidad como escudo
Uno de los episodios más llamativos de estas semanas ilustra hasta qué punto la “identidad” del barco se convierte en herramienta de supervivencia. El País relató el caso del petrolero Bella 1, perseguido por la Guardia Costera estadounidense: la tripulación habría pintado una bandera rusa en el casco para intentar reclamar protección de Moscú y dificultar una posible incautación, en una persecución iniciada el 21 de diciembre.
En paralelo, se repiten prácticas que dificultan el rastreo público: transpondedores apagados, cambios de bandera o registros bajo jurisdicciones laxas, y una cadena de propietarios y gestores que se desdobla en sociedades instrumentales.
El salto a Asia: trasvases “barco a barco” lejos del foco caribeño
El comercio sancionado no se detiene: se desplaza. Medios y organizaciones que siguen el fenómeno describen el papel de las transferencias ship-to-ship (STS) en aguas internacionales: un buque carga y transfiere a otro, que aparece con “papeles” y bandera distintos antes de completar el viaje hacia refinerías o puertos de destino.
Con el Caribe más vigilado, el negocio tiende a buscar zonas de menor escrutinio. La lógica es clara: cuanto más se militariza y judicializa un corredor, más incentivos hay para mover parte de la operativa hacia rutas asiáticas y escalas donde el control sea más desigual.
Por qué la “flota fantasma” es tan difícil de parar
Los expertos suelen señalar cuatro razones principales:
-Opacidad corporativa: el buque cambia de manos en estructuras difíciles de seguir, diluyendo responsabilidades.
-Buques envejecidos y fuera de estándares: el “shadow fleet” suele operar con barcos antiguos y sin el seguro “top-tier” que exigen muchas terminales y puertos.
-Ingeniería logística: STS, rutas largas y escalas “neutras” que complican probar origen y destino reales. �
El incentivo económico: Venezuela depende de forma crítica de las ventas de crudo; el mercado encuentra intermediarios dispuestos a asumir riesgo a cambio de margen.
El otro coste: riesgo ambiental y de seguridad marítima
Más allá de la geopolítica, el auge de petroleros opacos —con seguros dudosos, mantenimiento incierto y propiedad difusa— eleva el riesgo de accidente y contaminación en rutas densas. Para los Estados ribereños, el problema no es solo quién vende el crudo, sino quién paga si ocurre un siniestro.
¿Qué puede pasar ahora?
A corto plazo, el pulso se decidirá en tres frentes:
-Ejecución real de las sanciones (perseguir a navieras, traders, aseguradoras y facilitadores). �
-Capacidad operativa de interceptación en el Caribe y rutas de salida. �
-Respuesta del mercado asiático: puertos, refinerías y operadores que acepten o rechacen cargamentos con trazabilidad cuestionada.
Lo que parece claro es que la “flota fantasma” no es una flota única, sino un método: cuando se cierra una puerta, abre otra. Y en ese laberinto, cada nuevo control empuja la operativa un poco más lejos, un poco más oscura y, con frecuencia, un poco más peligrosa.
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