La flota de larga distancia de la UE da un paso histórico contra el acoso a las mujeres embarcadas

El Comité Consultivo de Pesca de Larga Distancia de la Unión Europea (LDAC) ha aprobado un protocolo para prevenir y erradicar el acoso laboral y sexual contra las mujeres que trabajan a bordo de buques de altura, en una decisión que marca un avance relevante para la modernización social del sector pesquero y para la protección de los derechos laborales en una actividad tradicionalmente masculinizada.

El documento, conocido a través de Efeagro, plantea una política de “tolerancia cero” frente a cualquier conducta que atente contra la igualdad de género, la dignidad personal o la seguridad de las tripulantes. El protocolo se dirige a combatir no solo el acoso sexual, sino también los comportamientos de carácter psicológico, físico o digital que puedan producirse en un entorno especialmente sensible como es el de los barcos de gran altura, donde la convivencia prolongada, el aislamiento y la jerarquía a bordo aumentan la vulnerabilidad de las víctimas.

La iniciativa parte de un organismo de referencia para la pesca comunitaria en aguas lejanas. El LDAC, con sede en Madrid, agrupa a representantes de la flota, la industria transformadora, organizaciones sectoriales y ONG vinculadas a la actividad pesquera de larga distancia de la Unión Europea, es decir, aquella que opera fuera de aguas comunitarias y en campañas de gran marea. Su aval a este protocolo otorga al texto una dimensión política y operativa que va más allá de una mera declaración de intenciones.

El informe aprobado pone el foco en la responsabilidad directa de los armadores y de las empresas pesqueras, a las que atribuye la obligación de prevenir estas situaciones y de reaccionar con rapidez incluso ante simples sospechas. El texto subraya que las víctimas deben quedar protegidas frente a cualquier represalia y que la cooperación con las autoridades competentes debe activarse cuando existan indicios de delito o de infracción grave. El mensaje es claro: el acoso ya no puede considerarse un asunto interno o menor dentro de la vida a bordo, sino una vulneración de derechos con implicaciones laborales, humanas y de seguridad.

Entre las medidas propuestas figuran sanciones disciplinarias para los agresores, que pueden abarcar desde la rescisión del contrato hasta el desembarco o la denuncia ante las autoridades. El documento insiste en que estas actuaciones deben ser proporcionales, estar debidamente documentadas y formar parte de un marco conocido por toda la tripulación. A ello se suma la recomendación de que los buques dispongan de instalaciones adecuadas para garantizar la privacidad, una iluminación suficiente y espacios de acomodación seguros, cuestiones que conectan la prevención del acoso con la propia habitabilidad de los barcos y con las condiciones materiales del trabajo en la mar.

El protocolo también contempla la asistencia a las víctimas. El LDAC recomienda asegurar su acceso a apoyo médico o psicológico, facilitar información clara sobre sus derechos y ofrecer la posibilidad de desembarco o reubicación sin penalización económica cuando su seguridad así lo exija. En un sector en el que muchas profesionales embarcan durante largos periodos y lejos de su país de origen, esta dimensión protectora resulta especialmente relevante.

Otro de los pilares del documento es la formación. El comité apuesta por impartir capacitación específica a las tripulaciones, apoyada en códigos de conducta y materiales de referencia en varios idiomas, una cuestión esencial en una flota caracterizada por la diversidad de nacionalidades y perfiles laborales. La prevención, según esta visión, no puede depender solo de la reacción ante un incidente, sino de la creación de una cultura profesional basada en el respeto, la igualdad y la responsabilidad compartida.

El texto se apoya en marcos internacionales ya consolidados, como el Convenio 188 sobre trabajo decente en la pesca, las orientaciones sindicales de la ITF y las convenciones de Naciones Unidas frente a la violencia contra las mujeres. De este modo, el protocolo vincula la gobernanza pesquera con estándares internacionales de derechos humanos y laborales, algo cada vez más determinante en la reputación de las flotas europeas que operan en terceros países y en alta mar.

La aprobación de este protocolo refleja además una transformación progresiva del sector. Aunque la pesca sigue siendo un ámbito muy masculinizado, la presencia de mujeres crece en distintos escalones de la actividad, desde la observación científica y la marinería hasta funciones técnicas y puestos de mando. Ese cambio exige adaptar normas, espacios y culturas profesionales para que la incorporación femenina no se vea frenada por situaciones de violencia, intimidación o discriminación.

Para la pesca europea de larga distancia, la medida tiene una doble lectura. Por un lado, responde a una exigencia ética y jurídica inaplazable. Por otro, constituye un instrumento de competitividad y credibilidad para una flota que se juega también su legitimidad en aspectos sociales, no solo ambientales o económicos. El propio informe advierte de que el acoso a bordo vulnera derechos humanos, genera riesgos para la seguridad y puede causar daños psicológicos y reputacionales a las personas afectadas y a la imagen del conjunto del sector.

El LDAC propone, además, que la eficacia del protocolo sea revisada al menos una vez al año por las empresas armadoras. Esa evaluación periódica será clave para determinar si el compromiso se traduce en cambios reales en la vida a bordo o si queda limitado al plano formal. La relevancia de esta decisión residirá, en última instancia, en su aplicación práctica: en los procedimientos internos, en la formación efectiva, en la protección de las denunciantes y en la capacidad de la flota para asumir que la seguridad y la dignidad de las mujeres embarcadas forman ya parte inseparable del futuro de la pesca de altura.