El sector denuncia que la normativa, en vigor desde el 10 de enero, impone una burocracia “desmedida” y alejada del trabajo real en el mar. Los armadores temen pérdidas inmediatas e inseguridad jurídica, especialmente para la pesca artesanal y de bajura.

La imagen de los barcos amarrados en el puerto de Ayamonte resume el malestar de una parte creciente del litoral pesquero español. La flota local ha decidido paralizar su actividad como medida de protesta por la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, una norma que los armadores consideran “inasumible” por su carga administrativa y por exigir procedimientos que, aseguran, no se ajustan a la realidad operativa de la pesca diaria.

La movilización de Ayamonte se suma a otras acciones similares que el sector viene realizando en distintos puntos de la costa —como la Bahía de Cádiz—, en una dinámica que apunta a un conflicto de fondo: la tensión entre el control y la trazabilidad que demandan las autoridades europeas, y la capacidad real de la flota de pequeña escala para cumplir con nuevos requisitos sin asfixiar su viabilidad.

Declarar “pieza a pieza” y preavisar la entrada a puerto

Entre los puntos que más rechazo generan se encuentran dos obligaciones que el sector califica de impracticables para buena parte de la flota: declarar las capturas pieza a pieza y comunicar la entrada a puerto con hasta cuatro horas de antelación. Los armadores sostienen que, en jornadas marcadas por la meteorología, la variación de mareas y la incertidumbre sobre el rendimiento de la faena, anticipar con precisión la hora de regreso o dedicar tiempo a registros exhaustivos puede convertirse en una carga incompatible con la operativa.

“El problema no es el control, que siempre hemos defendido, sino una burocracia desmedida que no tiene en cuenta cómo se pesca realmente”, advierte Alonso Abreu, gerente de la Asociación de Armadores Punta del Moral. “Hay jornadas en las que es imposible saber con horas de antelación cuándo vas a entrar a puerto o detallar cada captura sin poner en riesgo la propia actividad”, añade.

“Flota ya muy regulada” y temor a un impacto inmediato

Desde la asociación alertan de que una aplicación literal de la norma puede traducirse en pérdidas económicas inmediatas, inseguridad jurídica y un aumento de la presión sobre un segmento que, recalcan, ya opera bajo un marco regulatorio exigente. El temor principal se concentra en las embarcaciones de menor tamaño, con tripulaciones ajustadas y recursos limitados para sostener trámites adicionales.

“No estamos para patrañas ni para más trabas administrativas. Estamos para trabajar y para seguir garantizando una pesca sostenible”, subraya Abreu, quien insiste en que el sector no cuestiona el principio de control, sino la forma en la que se concreta.

Parches insuficientes y demanda de cambios “de fondo”

Los armadores reconocen que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha intentado adaptar la norma a algunos segmentos mediante ajustes como la reducción de tiempos de preaviso en determinados casos. Sin embargo, consideran que esas medidas no solucionan el problema central. “Hacen falta cambios de fondo, no parches”, recalca el gerente de Punta del Moral.

El mensaje apunta a una reclamación clásica en el sector: que las reglas no se diseñen solo desde el despacho, sino desde la realidad diaria de la actividad extractiva. En la práctica, sostienen, el exceso de burocracia puede terminar provocando el efecto contrario al deseado: más incertidumbre, más conflictividad y más riesgo de abandono de la actividad por parte de la flota tradicional.

Petición a Bruselas: diálogo, flexibilidad y realismo operativo

La Asociación de Armadores de Punta del Moral reclama a la Comisión Europea y a las administraciones competentes un diálogo real con el sector, así como flexibilidad en la aplicación del reglamento y soluciones que permitan compatibilizar control, sostenibilidad y supervivencia económica.

“Si no se corrige el rumbo, muchas embarcaciones no podrán seguir faenando”, concluyen.

La protesta de Ayamonte deja así una advertencia que trasciende lo local: la transición hacia más control y trazabilidad puede ser inevitable, pero si no incorpora realismo operativo y herramientas adaptadas a la pesca de bajura, corre el riesgo de convertirse —en palabras del propio sector— en un reglamento que pretende ordenar el mar desde una oficina.