La flota atunera española ha ofrecido a la Comisión Europea (CE) utilizar su Norma Atún de Pesca Responsable (APR) como normativa europea exigible a las importaciones pesqueras de la Unión Europea.En concreto, la flota española ha tomado esta decisión dado el respaldo internacional a esta norma, desarrollada en su totalidad en España, además de por ser la única del mundo que contempla la sostenibilidad social de las tripulaciones al mismo nivel que la biológica y la económica.
El director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), Julio Morón, ha señalado que «si Europa da este paso, sería un impulso notable para frenar la pesca ilegal, ya que la UE es el mercado más grande de productos pesqueros del mundo actualmente».
Este ofrecimiento se enmarca en un momento en el que la CE debe legislar sobre esta materia por mandato del Comité de Pesca del Parlamento Europeo, tras aceptar a trámite un informe de la eurodiputada de Los Verdes Linnéa Ergström, solicitando medidas de control a los productos pesqueros importados por la UE.
En dicho informe, Ergström sostiene la necesidad de desarrollar una normativa eficaz que garantice que sólo se importe pescado procedente de flotas responsables, tanto social como medioambientalmente.
De acuerdo con este informe, el mercado de productos pesqueros de la UE es el mayor del mundo y absorbe una cuarta parte de todas las importaciones. En 2016, importó 8,8 millones de toneladas de productos de la pesca y la acuicultura, frente a 6,2 millones de toneladas de producción comunitaria.
Así, Opagac ha solicitado a la CE que la próxima normativa incorpore unas «exigencias mínimas» en materia de control, sostenibilidad medioambiental y derechos laborales, en línea con su Norma APR, la única del sector pesquero mundial en contemplar los requisitos del Convenio 188 de la OIT.
«Muchos productos pesqueros vendidos en la UE provienen de actividades pesqueras precarias que no cumplen los requisitos de sostenibilidad medioambiental ni respetan los derechos sociolaborales de las tripulantes, requisitos que, paradójicamente, sí se exigen a la flota europea», ha subrayado.
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