La parlamentaria francesa reclama claridad sobre los estudios científicos y advierte del impacto socioeconómico en la flota y las familias del Atlántico
El futuro de la actividad pesquera en el Golfo de Vizcaya vuelve a estar en el centro del debate europeo. La eurodiputada francesa Isabelle Le Callennec, miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, ha publicado una tribuna en la que expresa sus dudas sobre la eficacia y el sentido de la tercera prórroga del cierre pesquero prevista para 2026, adoptada para reducir la mortalidad de delfines y pequeños cetáceos.
La decisión de Bruselas, en vigor desde 2023, prohíbe faenar durante un mes al año a los buques de más de ocho metros, obliga al uso de dispositivos acústicos de disuasión y fija porcentajes de barcos que deben contar con cámaras u observadores a bordo. Según la eurodiputada, estas medidas, aunque necesarias en su momento, no pueden convertirse en una solución indefinida.
“Se trataba de una medida de urgencia, pero ¿qué ha ocurrido en estos dos años de cierre? ¿Qué revelan realmente las evaluaciones científicas? ¿Se han destinado suficientes recursos de observación y financiación, como el FEMPA?”, se pregunta Le Callennec.
La parlamentaria recuerda que la última evaluación exhaustiva sobre la población de delfines comunes en la zona data de 2017, cuando la UICN la clasificó como de “preocupación menor” debido a la estabilidad de la especie. Según Ifremer, el impacto de la pesca supondría entre un 0,8% y un 2% de la población total, cifras que, para Le Callennec, plantean dudas sobre la proporcionalidad de la medida.
En 2024, únicamente la mitad de los varamientos registrados presentaban signos de captura accidental, lo que sugiere que otros factores, como el cambio climático y el aumento de la temperatura del agua, podrían estar influyendo en la mortalidad de cetáceos, tal y como ya se ha señalado en estudios realizados en Inglaterra.
El cierre supone un fuerte impacto en la flota francesa y europea que opera en el Golfo de Vizcaya, con pérdidas estimadas en 30 millones de euros para el conjunto de la cadena de valor (mareantes, subastas, comercializadores y distribuidores). “No solo está en juego la supervivencia de nuestra flota, sino también la soberanía alimentaria y la vida de miles de familias en la fachada atlántica”, advierte la eurodiputada.
Le Callennec insiste en que la Comisión Europea debe dar respuestas claras antes de 2026, que se anuncia como el tercer año consecutivo de cierre. “Parar la circulación de vehículos reduce los accidentes, pero no es una solución sostenible. Con la pesca ocurre lo mismo: no se puede prolongar indefinidamente sin evaluar resultados ni alternativas”, sostiene.
La eurodiputada ha adelantado que una delegación de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo visitará Saint-Jean-de-Luz y Ciboure los días 28 y 29 de octubre, donde se espera que las demandas de los pescadores encuentren respuesta en el marco de la revisión de la Política Pesquera Común.
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