Ambas medidas le impedirán embarcar mientras dura la instrucción sobre el suceso en el que murieron 21 personas, informan fuentes jurídicas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha retirado este lunes el pasaporte al patrón del pesquero Villa de Pitanxo, el buque gallego que se hundió el 15 de febrero en aguas canadienses. Juan Padín tendrá, además, que comparecer en los juzgados cada 15 días, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. Ambas medidas le impedirán embarcar mientras dura la instrucción sobre el suceso en el que murieron 21 personas, informan fuentes jurídicas.

El magistrado ha atendido la solicitud de la Fiscalía que hace semanas apuntaba a la existencia de indicios de criminalidad. Aseguró en un escrito que observaba elementos que permitirían imputar «21 delitos de homicidio por imprudencia grave» y «contra los derechos de los trabajadores». Solo sobrevivieron tres personas: el patrón, su sobrino y uno de los marineros. Estos dos también han declarado en la sede judicial, en su caso, como testigos. El testimonio clave ha sido el ofrecido por este último, que sostiene que todos gritaron al capitán «que soltara los aparejos» y «este se negó» y en ningún momento «dio orden de ponerse los trajes de supervivencia» a la tripulación.

El arranque de las pesquisas

Las versiones del capitán Juan Enrique Padín Costas, su sobrino Eduardo Rial Padín y del marinero de origen ghanés Samuel Koufie coinciden solo en parte. Según los escritos de los jueces y fiscales, relataron que, en torno a las cuatro de la madrugada del 15 de febrero, se paró el motor del buque y las condiciones meteorológicas, un fuerte temporal, provocaron que entrara agua por la aleta de babor «ocasionando una cada vez mayor escora por babor».

Sin embargo, ante la Policía, Koufie dio «una versión absolutamente distinta de los hechos». Justificó el cambio de versión por la presión inicial del capitán y del armador. Dijo entonces que el motor no se paró, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien y empezaron a tensar las redes sin recogerlas. Le gritaron al capitán que soltara los aparejos, pero este se negó. Con el barco ya muy ladeado, el motor acabó de pararse, por lo que la nave se inclinó aún más.

También dijo que en ningún momento el capitán dio orden de ponerse los trajes de supervivencia, aunque él y su sobrino sí los llevaban, lo que le sorprendió. Cuando consiguió subir a una de las balsas, el buque comenzó a hundirse y produjo un agujero en la pequeña embarcación de salvamento. Los tripulantes refugiados allí murieron de hipotermia.

La Fiscalía llegó a considerar que «existen indicios de que la versión primeramente ofrecida puede no ajustarse a la realidad, tratando con ello de eludir las posibles responsabilidades«. El Ministerio Público apunta para ello a que el capitán sostiene que la tripulación se puso «los equipos de salvamento», pero ni Koufie «ni ninguno de los cadáveres recuperados tenían el equipamiento de seguridad puesto». La Audiencia Nacional ha asumido finalmente la instrucción tras rechazarla en un inicio.

Otro aspecto que la Fiscalía considera de «vital importancia» es «la parada del motor», pues «la velocidad del buque a esas horas» y justo antes del hundimiento «suscita dudas acerca de la versión del capitán». «Sin perjuicio de lo que resulte tras ulterior instrucción, se concitan elementos indiciarios que permiten imputar, al menos, 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal)», concluía el Ministerio Público. Para determinarlo, no obstante, se necesita una instrucción que aún no ha arrancado.