El sector alerta de un impacto severo si Bruselas eleva las restricciones de 87 a 104 o 115 zonas prohibidas a las artes de fondo

La sombra de nuevas restricciones planea sobre la flota de litoral española. El Consejo Consultivo para las Aguas Occidentales Australes (CC Sur) ya advirtió en febrero de este año que las 87 vedas actualmente en vigor debían ser revisadas, teniendo en cuenta su fuerte impacto socioeconómico y el carácter selectivo del palangre demersal, un arte que apenas incide sobre los ecosistemas marinos vulnerables. Sin embargo, la Comisión Europea, en respuesta oficial remitida en julio por su directora general de Pesca, Charlina Vitcheva, no solo defendió la legalidad de las actuales vedas sino que abrió la puerta a su ampliación hasta las 104 o incluso 115 zonas cerradas.

De prosperar alguno de los escenarios que maneja Bruselas, la repercusión sería muy negativa para la flota del litoral. Hasta ahora, las restricciones se diseñaron pensando en las artes móviles como el arrastre, pero los más perjudicados han resultado ser los palangreros demersales —los tradicionales pincheiros de A Mariña lucense—, cuya técnica de pesca con anzuelos sobre fondo marino era considerada hasta hace poco como la más selectiva de la flota europea. En puertos como Burela y Celeiro, donde la merluza de Gran Sol es la seña de identidad, la situación se aproxima a un punto crítico: los barcos de palangre han ido desapareciendo o reconvirtiéndose a la volanta, una red fija menos costosa, para evitar la ruina.

Según los escenarios planteados por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), una ampliación a 104 zonas de veda afectaría a 9.752 km², de los cuales más de la mitad se ubican en aguas próximas a España y Portugal. En el caso de elevar el número a 115 áreas, la superficie vetada alcanzaría 14.344 km², con 62 zonas localizadas en torno a la península ibérica. En ambos supuestos, la flota artesanal y de litoral, hasta ahora menos golpeada que los grandes arrastreros, sufriría restricciones directas que comprometerían su viabilidad.

Las consecuencias ya se dejaron sentir con las 87 vedas decretadas en 2022: en Burela, las capturas por barco cayeron más de un 30 % y las pérdidas económicas se extendieron a 1.600 familias en una población de apenas 10.000 habitantes. Una ampliación de la prohibición tendría un efecto aún más devastador, acelerando la desaparición del palangre demersal y con ello de un modelo de pesca selectiva, sostenible y generador de empleo en las comunidades costeras.

El Gobierno de España ha recurrido el fallo del Tribunal General de la UE que validaba las 87 vedas, con el respaldo de la Organización de Productores de Pesca de Burela y de la Consellería do Mar de Galicia. A la espera de una decisión judicial, el sector insiste en que las instituciones europeas deben aplicar el principio de equilibrio entre sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y justicia social, recogido en la Política Pesquera Común.

La preocupación es máxima: si Bruselas da luz verde a los escenarios de 104 o 115 vedas, el impacto sobre el litoral gallego y cantábrico sería devastador. El sector lo resume en una idea clara: la protección de los ecosistemas marinos no puede hacerse a costa de extinguir a quienes viven del mar desde hace generaciones.

Comparativa de escenarios de vedas en el Atlántico nororiental