recorte de cuotas de pesca
Los ministros de Pesca de la Unión Europea han rechazado hoy la mañana una primera propuesta de compromiso que aliviaba las reducción de las capturas de merluza del Cantábrico y mantenía la cuota de este año en el caso del jurel pescado al sur de Finisterre, una «mejoras importantes» que, sin embargo, la delegación española considera que «no son todavía suficientes».
En concreto, el documento recogía un recorte del 10% para la merluza sur, frente al tajo del 20% que proponía la Comisión Europea. Además, eliminaba la reducción del 50% que Bruselas planteaba para el jurel del sur y fijaba un nivel idéntico al de este año.
Esta propuesta elaborada por Finlandia, en su papel de presidencia de turno de la UE, ha sido rechazada por los responsables de Pesca de los Veintiocho, por lo que se ha disuelto la reunión para abrir la puerta a nuevos contactos bilaterales a la espera de un nuevo texto, previsto para esta tarde.
«Seguimos insistiendo en que estas mejoras, siendo unas mejoras importantes, no son todavía suficientes porque no suponen una garantía para la flota más afectada», ha dicho en declaraciones a los medios la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, en referencia a los buques artesanales que tiene una «capacidad muy limitada» para dirigir su actividad a otras pesquerías.
«Queda mucho por hacer, queda mucho por delante, incluida la noche, y creemos que es necesario todavía avanzar bastante», ha resumido.
Además de los avances con respecto a la merluza del Cantábrico y el jurel del sur, Villauriz ha destacado también la mejora para el lenguado capturado al sur de Finisterre, cuyo recorte ha pasado del 40% al 30%.
Las negociaciones están «complicadas» en particular, ha explicado, por la oposición de Francia a las medidas técnicas que se quieren imponer para mejorar la selectividad de las capturas a los ocho Estados miembros con buques que pescan en el mar Céltico.
Para España, ha explicado, estas medidas también suponen un «sacrificio», pero que el sector ya tiene «asumido» porque el Gobierno se adelantó en mayo con la publicación en mayo de una norma en este sentido. «Tenemos los deberes hechos de antemano», ha asegurado
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