Irlanda acelera su red de áreas marinas protegidas: del “gran proyecto de ley” a la vía rápida del planeamiento

El Parlamento irlandés afronta la recta final hacia el objetivo “30% en 2030” con una apuesta por integrar las nuevas MPAs en los planes DMAP del Maritime Area Planning Act, mientras pescadores y ONG coinciden en lo esencial: más transparencia, co-diseño, recursos y gestión real, no solo mapas.

Dublín quiere cerrar la brecha entre los compromisos internacionales y la realidad del mar. Ese fue el telón de fondo del debate celebrado el martes 13 de enero de 2026 en el Joint Committee on Fisheries and Maritime Affairs (Dáil Éireann), una sesión reanudada sobre Marine Protected Areas (MPAs) que reunió a Administración, organizaciones pesqueras y coaliciones ambientales.

El diagnóstico oficial es claro: Irlanda se ha comprometido a proteger al menos el 30% de su espacio marítimo para 2030, pero hoy su “protección basada en áreas” ronda el 10%, según expuso ante los diputados el principal responsable de política marina del Departamento de Clima, Energía y Medio Ambiente, Rory O’Leary. informe irlanda

Del proyecto de ley propio… a una reforma del “mapa” marino

La discusión giró alrededor de un giro de guion: el Gobierno trabajaba desde 2022-2023 en una ley específica de MPAs (stand-alone Marine Protected Areas Bill), pero tras el traslado de competencias ambientales marinas al actual departamento, se revisaron opciones y se impuso una conclusión: integrar la designación y gestión de MPAs dentro del proceso DMAP (Designated Maritime Area Plan) contemplado por el Maritime Area Planning Act 2021. informe irlanda

La tesis oficial es que un texto independiente crearía “un tercer sistema” de designaciones espaciales, añadiendo complejidad; en cambio, la vía DMAP permitiría una implantación “más coherente y rápida” aprovechando procedimientos ya existentes, con participación pública y supervisión. informe irlanda

Pero el propio comité constató que los plazos se deslizan: varios diputados recordaron que la publicación de las “cabezas” del texto se había prometido para 2023, luego para “Navidad” y ahora se habla de mediados de 2026, un calendario que inquieta por el poco margen real para diseñar, consultar y ejecutar antes de 2030.

Pescadores: “Sí a proteger, no a decidir desde un despacho”

Las organizaciones del sector —la Seafood Ireland Alliance y productores del sur-este y sur-oeste— no rechazaron el concepto de MPA. Su advertencia se centró en el método: reclamaron transparencia y “co-diseño” tras experiencias previas (SPAs, SACs y el South Coast DMAP) que, a su juicio, no fueron plenamente abiertas ni incorporaron bien los datos pesqueros.

El relato del impacto social y económico ocupó buena parte de la sesión. El representante pesquero Patrick Murphy puso cifras sobre la mesa: el sector irlandés —sostuvo— captura solo el 15% del pescado en sus propias aguas, mientras el resto lo extraen flotas de otros países; si se restringe el esfuerzo sin coordinación, dijo, el “beneficio” de la recuperación lo obtendrán sobre todo terceros. informe irlanda

También defendieron que la pesca puede convivir con cierres espaciales y temporales cuando hay ciencia y objetivos claros. Como ejemplo citaron el Porcupine Bank, con cierres auto-regulados en época de reproducción, y recordaron que la flota ha promovido cambios técnicos para reducir capturas no deseadas.

En paralelo, afloró un problema que conecta conservación con burocracia: los retrasos en licencias de acuicultura y evaluaciones ambientales. Murphy describió el caso de su hijo, que —según dijo— lleva cinco años esperando una licencia y la evaluación requerida para seguir trabajando en una zona bajo protección. informe irlanda

ONG: la urgencia está en la ley… y, sobre todo, en la ejecución

Las coaliciones ambientales presentes (Fair Seas/Irish Wildlife Trust/Sustainable Water Network, Coalition 2030, BirdWatch Ireland) apretaron en dos frentes: falta de avance legislativo y debilidad en la implementación de lo ya designado.

Uno de los momentos más contundentes llegó cuando Dónal Griffin (Fair Seas) recordó que en junio de 2023 el Tribunal de Justicia de la UE concluyó que Irlanda incumplió obligaciones de la Directiva Hábitats (designaciones, objetivos específicos y medidas necesarias), argumento usado para exigir una ley “ambiciosa”, con recursos y ejecución verificable. informe irlanda

BirdWatch Ireland insistió en que la red Natura 2000 es “crítica”, pero que el problema histórico ha sido la financiación y el personal para evaluar, fijar objetivos y gestionar; alertó además de que el 63% de las aves silvestres figura en listas roja o ámbar de conservación en Irlanda.

Desde Coalition 2030 se añadió otro indicador: el último informe del artículo 17 (Directiva Hábitats), publicado justo antes de Navidad, reflejaría que solo dos hábitats marinos alcanzan un estado ambiental “bueno”, mientras el resto muestra estados desfavorables o en declive, como prueba de que “lo hecho hasta ahora no está funcionando”. informe irlanda

El choque de mapas: eólica marina, datos y confianza

La sesión también dejó una postal de la nueva gobernanza del mar: MPAs, pesca y eólica marina comparten tablero. Diputados y comparecientes discutieron el South Coast DMAP, con preguntas directas sobre cómo se ponderaron datos científicos y de sensibilidad (por ejemplo, áreas de alimentación de aves). La Administración defendió que se usó “la mejor información disponible” en un proceso participativo.

BirdWatch, sin embargo, expresó preocupación por la consistencia de los conjuntos de datos y llegó a señalar que, según su lectura de los informes, el área Tonn Nua (zona A) carecería de una base de datos de aves marinas suficientemente clara en la evaluación. informe irlanda

El cierre: raro consenso y una decisión política inmediata

Si algo dejó el acta parlamentaria fue un mensaje difícil de ignorar: pescadores y ONG se parecen más de lo que se piensa cuando hablan de MPAs. Ambos piden reglas comprensibles, gestión sitio a sitio, consulta efectiva y recursos. El presidente del comité lo resumió como un “alto grado de acuerdo” y anunció dos acciones: presionar al ministro para que publique la legislación y exigir un calendario claro.

La reunión se levantó a las 13:26 y el comité fijó su siguiente cita para el martes 20 de enero de 2026.