El debate parlamentario irlandés sobre las posibilidades de pesca para 2026 destapa la mayor crisis en décadas: el ICES aconseja recortes del 70% en caballa, 41% en bacaladilla y 22% en alfonsino; la flota blanca del Mar Céltico encara recomendaciones de “cero capturas”. Entre acusaciones de sobrepesca a Noruega, Islandia y Feroe y llamadas a sanciones comerciales, el Gobierno promete una línea dura en Bruselas y ayudas de emergencia para flotas y procesadores.

Dublín.— Irlanda ha puesto la pesca en el centro de su agenda política. El Ministro de Estado Timmy Dooley abrió en la Cámara un debate monográfico con un diagnóstico severo: la caballa (mackerel), principal especie por valor para el país, afronta en 2026 un recorte del 70% en el TAC recomendado por el ICES; la bacaladilla (blue whiting), –41%; y el alfonsino (boarfish), –22%. En el Mar Céltico, las cuotas de bacalao, eglefino y merlán encaran recomendaciones de “cero captura”. La traducción económica es inmediata: menos materia prima para la industria, tensión en puertos como Killybegs y Castletownbere y riesgo para cadenas auxiliares (ingenierías, talleres de redes, logística) levantadas durante medio siglo en torno a estas pesquerías.

El Gobierno vincula el desplome de caballa a años de sobrepesca unilateral de Noruega, Islandia, Islas Feroe y la Federación Rusa. Dooley citó a la North Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA): más de un millón de toneladas de caballa por encima del consejo científico en cinco años. Irlanda exige a la Comisión Europea abandonar el “business as usual” y activar medidas de presión previstas en el Reglamento (UE) 1026/2012 —incluidos restricciones comerciales— contra terceros países que socaven la sostenibilidad de stocks de interés común.

En los escaños, la oposición elevó el tono. El veterano Pat “the Cope” Gallagher habló de un “Armagedón económico” si los recortes se trasladan tal cual a 2026: €130–€150 millones de impacto en litoral y miles de empleos en riesgo. Pádraig Mac Lochlainn y Conor D. McGuinness (Sinn Féin) denunciaron que “quien cumple paga” mientras “los incumplidores” mantienen acceso a aguas occidentales y mercados de la UE. Pidieron invocar sin titubeos las Preferencias de La Haya, un paquete financiero de emergencia y la creación de una oficina “Fish Ireland” en Bruselas para defensa permanente del sector.

El eje pelágico concentra la alarma. La caballa aportó €94 millones en exportaciones el último año y sostiene 10 de las 95 plantas de procesado (valor pelágico €122 millones, dentro de una economía del mar de €1.24 mil millones y casi 8.000 empleos directos sumando pesca, acuicultura y procesado). “Los procesadores necesitan pescado, no cheques”, admitió Dooley, que viajará a China con Bord Bia para apuntalar mercados mientras se negocian apoyos a inversión, desarrollo de producto y apertura comercial.

La línea de defensa en Bruselas combina política y técnica: mantener cohesión europea para frenar cuotas unilaterales, sostener ATQ y acuerdos que garanticen suministro a la industria y volver a invocar las Preferencias de La Haya —ya usadas en 2024 por primera vez en caballa— para proteger participación irlandesa allí donde el mecanismo lo permite. El Ejecutivo asegura, además, que en el Consejo AGRIFISH pedirá acciones urgentes para salvar los stocks pelágicos del Atlántico NE y medidas contra terceros países que persistan en la sobrepesca.

No todo es pelágico. En demersales, el escenario en Mar Céltico e Irish Sea es “especialmente preocupante” y aviva el debate sobre artículo 17 de la PPC (criterios sociales y ambientales en la asignación nacional de oportunidades), cierres en tiempo real y áreas biológicamente sensibles que protejan zonas de cría. Varias bancadas reclaman más peso para la flota artesanal (menor de 12 m) y un “reseteo” de la PPC para corregir la brecha histórica entre el 12% de aguas que controla Irlanda en la UE y menos del 6% del total de cuotas asignadas.

En el frente litoral, el debate desbordó la cuota. Puertos y muelles precisan dredgajes, abrigo y energía (Howth, Dunmore East, Helvick, Balbriggan, Bulloch Harbour): el Gobierno anunció €27,75 millones en capital para 2025, pero diputados de varios condados piden equilibrar la inversión entre grandes Centros de Pesca y puertos municipales (“50-50” y 100% de cofinanciación para ayuntamientos). La convivencia con la eólica marina —corredores, compensaciones, guardería de parques— se quiere fijar con protocolos claros que permitan ingresos alternativos sin perder flota.

En gestión interna, Dooley confirmó la prohibición de artes de arrastre y “seine” para buques >18 m dentro de las 6 millas a partir del 1 de octubre de 2026, con límite de 2.000 t de espadín (sprat) para grandes esloras en la franja; sin límite específico por ahora para <18 m. La medida busca blindar la pesca de bajura y reconectar recursos locales con flotas locales, aunque científicos del Marine Institute recomiendan prudencia y cuotas precautorias también para la flota menor.

El TCA UE–Reino Unido añade contexto: Irlanda aceptó extender hasta 2038 el marco de acceso recíproco sin nuevos traspasos de cuota, fórmula que aporta certeza pero consolida pérdidas previas del Brexit. En paralelo, el Ejecutivo insiste en lograr, por fin, una cuota comercial de atún rojo: hoy no hay asignación por falta de track record histórico, si bien Irlanda opera desde 2019 un programa científico de “captura–marcado–suelta” que documenta el retorno de la especie a aguas irlandesas.

Tampoco faltó Rockall. El Gobierno reiteró que no reconoce la pretensión británica de un mar territorial de 12 millas en torno al islote y seguirá dialogando con Londres y Escocia para restaurar seguridad jurídica a las pesquerías tradicionales (como calamar). En control y mercado, diputados de Donegal y Cork reclamaron pesaje en fábrica con videovigilancia para proteger calidad y tolerancia cero a “superarrastreros” que vacían caladeros, mientras otros pidieron sanciones inmediatas a los “rogue players” del Atlántico Norte y recuperar terreno en especies de alto valor (atún rojo, lubina).

El debate dejó, además, tareas para toda la cadena: BIM (agencia de desarrollo) deberá ahondar en un impacto sectorial “realista” —tras las críticas a su informe 2024 por “excesivo optimismo”—, Bord Bia abrir mercados para productos de más valor, y el propio Ministerio completar una “estrategia a cinco años” con Kieran Mulvey como facilitador para definir prioridades de flota, procesado, puertos y formación (plan de habilidades “The Next Wave”).

Conclusión. Irlanda llega al Consejo de diciembre con una consigna: seguir la ciencia para salvar los stocks y, a la vez, defender la cohesión social de su litoral. El paquete combina diplomacia dura (sanciones potenciales a terceros por 1026/2012), preferencias de La Haya, apoyos de emergencia ligados a procesado y empleo local, protección de la inshore dentro de 6 millas, y obras que den puertos seguros y eficientes. Si el 70% en caballa se impone sin contrapesos, Killybegs, Castletownbere, Howth o Dingle lo notarán de inmediato. De la firmeza irlandesa —y de la capacidad de la UE para poner orden entre Estados costeros— depende que la crisis sea un bache severo… o el punto de no retorno para cientos de familias del mar.