Indonesia afirma que la UE malinterpretó la resolución sobre los DCP en el océano Índico La UE se ha pronunciado en contra de lo que considera una eliminación total de los DCP a la deriva, pero Indonesia afirma que la redacción es clara y que no es así.
La Unión Europea (UE) publicó sus propuestas para mejorar la conservación y gestión del atún en el océano Índico, con vistas a la próxima reunión de la Comisión del Atún del Océano Índico (CAOI), que se celebrará entre el 8 y el 12 de mayo de 2023.
En la próxima reunión de la CAOI, el club comunitario promoverá la adopción de un plan plurianual para mejorar la gestión de las poblaciones de los tres atunes tropicales (atún de aleta amarilla, patudo y bonito de vientre rayado).
La Comisión Europea (CE) subrayó en un comunicado que, según el comité científico de la CAOI, la situación actual de la población del atún en el Índico y el nivel de pesca «no son sostenibles».
El plan plurianual duraría tres años y reduciría el nivel de las capturas «en línea con los dictámenes científicos», de acuerdo con Bruselas.
El Ejecutivo comunitario añadió que los planes que cubren varias especies se han adoptado e implementado «con éxito» en otras organizaciones regionales sobre gestión de pesca, pero sería la primera vez en la CAOI.
Por su parte los atuneros europeos no tienen duda: la Unión Europea (UE) y sus aliados han sido víctimas de toda una conspiración para desarmar a la flota comunitaria y frenar el desarrollo económico de los países de su órbita, que vienen siendo las islas Seychelles e isla Mauricio. Denunciaron que once Estados, encabezados por Indonesia —y jaleados, según sus tesis, por una organización ecologista británica— ha desatado una «tormenta geopolítica», en palabras de la patronal pesquera, que ha desarbolado a las embarcaciones atuneras que ondean bandera de algún país de la UE (básicamente España y Francia). Porque creen que no tiene otro fin que acorralar a la flota comunitaria e imponer un veto a los dispositivos agregadores de peces (FAD, por sus siglas en inglés), conocidos comúnmente como objetos, y a los buques auxiliares del cerco (pangas).
«La UE propone una reducción proporcional de las capturas teniendo en cuenta tanto el nivel actual de capturas de cada miembro de la CAOI como su estado de desarrollo para garantizar que los países en desarrollo reciban un trato justo», expuso la CE.
La Comisión también plantea un mecanismo para las visitas de inspección de los barcos en alta mar y recalcó que esos registros son «una de las herramientas más importantes y eficientes para asegurar el cumplimiento de las normas de la CAOI y, lo que es más importante, para luchar contra las actividades de pesca ilegal, no declarada y no regulada».
Asimismo, propone actualizar las normas del comité de cumplimiento de la CAOI para «mejorar el proceso de cumplimiento, para asegurar que las actividades pesqueras se realizan de acuerdo con las leyes, regulaciones y medidas de conservación aplicables».
Bruselas indicó que el respeto de las normas ha sido «un punto débil» de la Comisión del Atún del Océano Índico y que la propuesta de la UE identificará y abordará las áreas de incumplimiento.
«También apoyará a los países costeros en desarrollo a monitorizar mejor sus flotas, puertos y aguas bajo su jurisdicción», manifestó la CE.
El Ejecutivo comunitario, igualmente, presentó una nueva resolución para la gestión de los dispositivos de concentración de peces a la deriva con el objetivo de sustituir la adoptada en febrero durante una sesión especial de la CAOI.
Los dispositivos de concentración de peces sirven para atraer a los peces y facilitar su captura.
En febrero, la resolución original de la CAOI se adoptó por mayoría de votos, en contra de todos los miembros de la Comisión del Atún del Océano Índico que utilizan dispositivos de gestión de peces a la deriva para pescar.
La resolución prohibía de hecho la pesca de atún en el Índico con dispositivos de concentración de peces a la deriva.
Además de la nueva propuesta, la CE ha decidido objetar la resolución de febrero, un paso que también habían dado Comoras, Omán, Kenia, Seychelles y Filipinas.
«La UE cree que los miembros de la CAOI deben trabajar de manera cooperativa y deben agotarse todos los esfuerzos para llegar a un consenso. Las medidas de conservación no deben incluir disposiciones que no sean aplicables o que no sean claras. También es esencial que las decisiones de gestión en las organizaciones regionales de gestión de la pesca estén respaldadas por asesoramiento científico», expuso la CE.
Huele a conspiración que esas medidas se hayan adoptado en una sesión especial de la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC). Como también huele a chamusquina que se hayan aprobado por votación, cuando las medidas en el seno de esa organización regional de pesca (ORP) se adoptan por consenso. Por si había dudas de la confabulación, esa votación, por otra parte inédita, ha sido secreta. Una reserva al parecer inútil, puesto que los atuneros europeos son capaces de relacionar al menos 7 de los 11 países que se mostraron a favor de eliminar los objetos y poner cuantas más zancadillas mejor a los atuneros comunitarios: Somalia, Pakistán, Indonesia, Madagascar, India, Irán, Australia e incluso las islas Chagos, parte contratante a través de la que está presente un antiguo socio comunitario: el Reino Unido.
46 barcos afectados
La sesión especial se celebró apenas unos días antes de la reunión del Comité de Pesca del Parlamento Europeo. En la reunión, la Comisión Europea comparecía precisamente para valorar el acuerdo pesquero renovado con isla Mauricio, un pacto en el que se ha elevado la compensación económica y aumentado las posibilidades de pesca porque el anterior «ha funcionado bien». Y en ese foro, eurodiputados españoles expresaron su preocupación por ese supuesto complot contra la Unión Europa. Un sabotaje que puede acabar con la flota atunera comunitaria —integrada, según la patronal Europêche, por 46 embarcaciones, buena parte de ella española o de capital español— y, de paso, con el sector conservero de los países en desarrollo aliados con la UE, como las Seychelles e isla Mauricio.
También ha mostrado su rechazo a la decisión el Gobierno de las islas Seychelles, donde tienen su base operativa buena parte de los atuneros comunitarios, que suman un total de 46 embarcaciones.
