El mercado europeo de pescado blanco H&G —especialmente bacalao, abadejo y eglefino— está inmerso en una carrera contrarreloj para evaluar el impacto económico y logístico de las recientes sanciones impuestas por la Unión Europea contra las compañías rusas Norebo y Murman, dos de los mayores exportadores mundiales de estos productos.
La decisión, adoptada en el marco de un nuevo paquete de sanciones comerciales por la invasión rusa de Ucrania, prohíbe a las empresas sancionadas operar en territorio europeo, lo que incluye bloqueos a las importaciones, congelación de activos y restricciones en servicios asociados.
El grupo Norebo, con sede en Murmansk, es uno de los principales proveedores de pescado blanco H&G a Europa, y sus envíos representan una parte sustancial del suministro de bacalao y abadejo congelado que llega a países como Alemania, Países Bajos, España y Francia.
Desde el anuncio de las sanciones, compradores, distribuidores y empresas procesadoras se han visto obligados a revisar contratos, evaluar alternativas de suministro y analizar posibles impactos en precios, tanto a corto como a medio plazo. “El mercado está en una fase de incertidumbre total. Nadie sabe aún si habrá sustitutos suficientes o cómo evolucionarán los precios en los próximos meses”, apuntan desde una distribuidora del norte de Europa.
Los expertos del sector advierten que la retirada repentina del pescado ruso de los canales comerciales europeos podría generar una subida de precios del bacalao H&G, así como del abadejo y el eglefino, especies que también estaban bajo el paraguas comercial de Norebo y Murman. Además, existe preocupación sobre el efecto dominó que esta medida pueda tener sobre otros mercados, como Estados Unidos o Asia, en un contexto global de tensiones geopolíticas y dependencia de materias primas del mar.
Las empresas europeas ya han comenzado a buscar nuevos proveedores en Islandia, Noruega y Canadá, aunque se teme que el reemplazo no sea inmediato ni suficiente para cubrir el vacío. Algunos intermediarios también exploran aumentar la producción regional o incrementar las compras a países del hemisferio sur, como Argentina o Chile, aunque con productos de diferente naturaleza.
La sanción ha reavivado el debate entre ética política y seguridad alimentaria. Mientras algunos gobiernos defienden la dureza de las medidas como parte del compromiso europeo con Ucrania, representantes de la industria pesquera advierten que decisiones de esta magnitud deberían tomarse con tiempos de adaptación razonables y con una estrategia de respaldo a la cadena alimentaria.
En este contexto, la Comisión Europea no ha descartado publicar recomendaciones técnicas y medidas transitorias para mitigar el impacto sobre el comercio de productos del mar, especialmente en países que dependen en gran medida de las importaciones H&G para el procesamiento y distribución minorista.
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