La Ley balear distingue infracciones leves, graves y muy graves, con especial atención a la comercialización ilegal y el uso de equipos prohibidos
La pesca recreativa en aguas de Ibiza y el resto del archipiélago balear está sujeta a una de las normativas más estrictas del Mediterráneo, en virtud de la Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) en noviembre de 2013.
El texto legal establece un sistema sancionador que clasifica las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves. Las sanciones económicas varían notablemente según la tipología de la falta. Una infracción leve puede acarrear multas de entre 30 y 150 euros, mientras que una grave se penaliza con cantidades que oscilan entre 151 y 30.000 euros.
En el nivel más alto, las infracciones muy graves pueden implicar sanciones de hasta 150.000 euros, reflejando la voluntad de la administración balear de preservar los recursos marinos y garantizar una práctica pesquera responsable.
Entre las infracciones consideradas muy graves figuran la comercialización de especies capturadas durante la pesca recreativa —una actividad que, por definición, no está destinada a la venta— y la posesión, transporte o uso de armas o sustancias venenosas, corrosivas, explosivas, paralizantes o soporíferas.
La normativa también prohíbe de forma tajante el uso o la mera tenencia a bordo de fusiles o aparejos de pesca submarina junto a equipos de respiración autónomos o semiautónomos, así como cualquier sistema que permita respirar bajo el agua. Estas restricciones buscan evitar prácticas que puedan poner en peligro la biodiversidad marina o generar una presión excesiva sobre determinadas especies.
Fuentes del sector pesquero en Ibiza destacan que la ley balear, aunque exigente, responde a una necesidad urgente de proteger un litoral y unos fondos marinos que son a la vez recurso natural, atractivo turístico y patrimonio cultural. Las infracciones graves y muy graves no solo suponen un perjuicio ecológico, sino que también amenazan la sostenibilidad económica de actividades como la pesca artesanal y el buceo recreativo.
Con el aumento de la vigilancia marítima y el refuerzo de las campañas de sensibilización, la administración confía en que la aplicación estricta de estas sanciones ayude a consolidar un modelo de pesca recreativa más sostenible y respetuoso con el medio marino.
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