Holyrood reabre el choque sobre la salmonicultura escocesa tras nuevas protestas contra las granjas de salmón

Campañas ambientalistas y pescadores presionan a los MSPs para que frenen la expansión de las jaulas abiertas mientras el Gobierno escocés sostiene que no hacen falta nuevas reglas sobre mortalidad

La salmonicultura escocesa ha vuelto al centro del debate político y social tras las protestas celebradas el 11 de marzo ante el Parlamento de Escocia, en Holyrood, coincidiendo con una nueva sesión de la Rural Affairs and Islands Committee dedicada al seguimiento de la regulación del sector. La movilización reclamó a los MSPs —los miembros del Parlamento escocés— que actúen frente a lo que los organizadores consideran una expansión “imprudente” de las granjas de salmón en mar abierto.

La protesta no surgió de la nada. El comité parlamentario mantiene abierta una investigación de seguimiento sobre la salmonicultura en Escocia, después de haber publicado en enero de 2025 su informe sobre el sector. En la víspera de la comparecencia del Gobierno escocés, el comité recibió además nueva documentación de WildFish, Salmon Scotland y la Coastal Communities Network, una señal de que el expediente sigue políticamente muy vivo y de que la pugna entre defensores y críticos de la acuicultura intensiva continúa lejos de cerrarse.

El mensaje de los manifestantes fue claro: piden una pausa en nuevas granjas y ampliaciones hasta que se aclare mejor el impacto acumulado de la actividad sobre el salmón salvaje y sobre otros usos del litoral. La presión llega, además, en un momento delicado para el sector, marcado por la aprobación en febrero de un proyecto en Shetland que será la mayor granja de salmón del Reino Unido, una decisión que ha intensificado la oposición de pescadores de vieira, grupos ambientales y algunos responsables políticos escoceses.

En el trasfondo de la protesta aparecen tres grandes argumentos de los detractores del modelo actual: la mortalidad en las granjas, el riesgo para las poblaciones de salmón salvaje y la presión ecológica sobre los ecosistemas costeros. Los organizadores de la concentración vinculan la expansión de las instalaciones de red abierta con el deterioro del salmón atlántico salvaje, mientras voces políticas como la de la MSP verde Ariane Burgess han vuelto a pedir una moratoria sobre nuevas granjas tras denunciar que la mortalidad sigue siendo “demasiado alta”.

El Gobierno escocés, sin embargo, ha optado por enfriar esa ofensiva. El mismo 11 de marzo publicó una nota oficial en la que sostiene que las granjas de salmón “están operando como deberían” y que, según una investigación preliminar sobre mortalidad, no se necesita nueva regulación en esta materia. La posición oficial defiende que la mortalidad persistentemente elevada no es un problema generalizado y que la industria ya está aplicando medidas para reducirla. Esa lectura ha reforzado aún más el choque con los colectivos críticos, que consideran insuficiente la respuesta pública.

La controversia también ha obligado al sector productor a mover ficha. Mientras las organizaciones contrarias a las granjas de salmón presionaban frente al Parlamento, la patronal Salmon Scotland expresó su apoyo a una investigación parlamentaria más amplia sobre el declive del salmón salvaje, en una maniobra con la que intenta desplazar el foco hacia el conjunto de presiones que afectan a la especie y no solo hacia la acuicultura. Esa estrategia refleja hasta qué punto la industria quiere defender su legitimidad económica y territorial en un momento de escrutinio creciente.

Para Europa Azul, lo ocurrido en Holyrood revela una tensión de fondo que trasciende Escocia: la creciente dificultad para conciliar expansión acuícola, licencia social y conservación de especies salvajes en mares cada vez más tensionados. El caso escocés es especialmente simbólico porque enfrenta a una industria exportadora de primer orden con comunidades pesqueras, organizaciones conservacionistas y parte del arco político que cuestionan si el modelo actual ha llegado a su límite. De momento, los manifestantes han logrado volver a colocar la cuestión en el corazón del debate parlamentario; falta por ver si los MSPs se limitarán a escuchar o acabarán actuando