El marco jurídico de Guinea-Bissau en pesca es débil y las multas por infracciones pesqueras suelen ser demasiado leves para tener un impacto significativo en los operadores ilegales
La pesca ilegal es un reto difícil de abordar debido a los problemas de capacidad y a la corrupción de los funcionarios. La cooperación regional se considera una solución crucial, pero el intercambio de información sigue siendo un problema.
El marco jurídico de la pesca en Guinea-Bissau es débil, y las multas por infracciones pesqueras suelen ser demasiado leves para tener un impacto significativo en los operadores ilegales.
La pesca ilegal está causando graves pérdidas económicas al país y sigue amenazando tanto la economía como la seguridad alimentaria de la población local.
Guinea-Bissau debe afrontar este reto estratégicamente reforzando su capacidad de control de las actividades pesqueras, mejorando la cooperación regional y luchando contra la corrupción para proteger sus valiosos recursos marinos.
Se considera que la corrupción está muy extendida en el país, y los agentes encargados de vigilar y denunciar los delitos de pesca ilegal no suelen facilitar la información necesaria.
Una solución podría ser el aumento de las penas para disuadir de la actividad pesquera ilegal, pero la falta de confianza en el sistema judicial dificulta la justicia medioambiental.
Según el Programa Mundial de Alimentos, Guinea-Bissau, uno de los países más pobres de África, sufre malnutrición crónica que afecta a una cuarta parte de su población de 1,8 millones de habitantes. Sin embargo, la pesca ofrece una oportunidad crucial para mejorar esta situación.
La zona económica exclusiva de Guinea-Bissau, que se extiende a 200 millas náuticas de la costa, abarca 106.000 km2 y es una de las zonas más pesqueras de África Occidental. La pesca artesanal, que proporciona más del 35% de la ingesta de proteínas animales de los ciudadanos y emplea a más de 255.000 personas, es vital para la economía local. Pero, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) amenaza el potencial económico y nutricional del país.
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