La ONG ambientalista depositó 15 bloques de piedra en el golfo del León para denunciar la pesca destructiva en áreas marinas protegidas; el Gobierno francés acusa a la organización de una «acción ilegal sin fundamento»
La organización ecologista Greenpeace se encuentra en el centro de una controversia judicial y política en Francia tras una acción llevada a cabo el pasado 21 de mayo en el golfo del León, donde su barco Arctic Sunrise arrojó al mar 15 bloques de piedra caliza de entre una y dos toneladas cada uno. El objetivo declarado: protestar contra la práctica del arrastre de fondo en zonas marinas protegidas.
La respuesta no se hizo esperar. El martes 27 de mayo, la Fiscalía de Perpiñán abrió una investigación judicial por “vertido en el mar de residuos u otras materias desde un barco”, según confirmó la agencia AFP. Las autoridades están evaluando tanto la legalidad del acto como sus consecuencias ambientales reales.
Para Greenpeace, se trató de una acción “simbólica y necesaria” para llamar la atención sobre la persistencia de prácticas destructivas en entornos que, por ley, deberían estar protegidos. “Queríamos denunciar el arrastre de fondo en las áreas marinas protegidas”, explicó François Chartier, responsable de campañas oceánicas de la organización.
La versión oficial del Gobierno francés, sin embargo, contradice esta justificación. La ministra de Transición Ecológica y de Pesca, Agnès Pannier-Runacher, fue tajante al calificar la intervención de “golpe de efecto que no aporta nada, salvo degradar el área marina que pretenden defender”. En sus declaraciones al medio especializado Le Marin, la ministra aseguró que en la zona donde Greenpeace arrojó los bloques “no hay arrastre de fondo, porque está prohibido en las tres millas náuticas cercanas a la costa mediterránea”.
En un comunicado publicado en su sitio web, Greenpeace defendió la legalidad y pertinencia de su acción, argumentando que la zona específica donde depositaron los bloques de piedra sí está afectada por el arrastre de fondo. La organización asegura que durante su intervención, su embarcación detectó cuatro buques de arrastre operando activamente a pocos kilómetros del lugar.
Para la ONG, el incidente pone de manifiesto una contradicción en las políticas de protección marina. A pesar de la denominación de “área protegida”, sostienen que la actividad pesquera industrial continúa desarrollándose en zonas sensibles, perjudicando la biodiversidad del Mediterráneo. “Si no actuamos, estas áreas protegidas seguirán siendo papel mojado”, denuncian.
El arrastre de fondo es una técnica de pesca intensiva que consiste en arrastrar redes pesadas por el lecho marino, lo que puede destruir hábitats completos y causar un daño ecológico irreversible. Varias organizaciones científicas y ecologistas han pedido su prohibición total en zonas especialmente sensibles, como los parques marinos o áreas de cría de especies amenazadas.
Francia ha adoptado en los últimos años una serie de medidas para limitar su uso, especialmente dentro de las tres millas náuticas desde la costa, donde está legalmente restringido. No obstante, Greenpeace y otras entidades denuncian que la vigilancia y aplicación de estas normas sigue siendo insuficiente.
La investigación abierta por la Fiscalía podría derivar en sanciones para Greenpeace, aunque aún no se ha determinado si el vertido de bloques puede considerarse legalmente como contaminación o si afecta negativamente al ecosistema. La organización, por su parte, considera que ha actuado dentro de los límites de la desobediencia civil pacífica y anuncia que seguirá presionando para que las áreas marinas protegidas sean realmente respetadas.
Mientras tanto, el gesto ha generado una nueva ola de debate público sobre el estado real de protección de los mares europeos y el papel de las ONG en la denuncia ambiental. ¿Se trata de un acto irresponsable o de una advertencia necesaria? La respuesta, una vez más, dependerá de quién cuente la historia… y de los resultados de la investigación judicial en curso.
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