Galicia y Bretaña piden que Bruselas reforme la PPC

Galicia mantiene un contacto estrecho con la región de Bretaña en los últimos tiempos. Y es que comparten un criterio similar en la defensa de sus intereses pesqueros ante las instituciones comunitarias, pues ocupan el primer y el segundo puesto, respectivamente, en los productos pesqueros de la Unión Europea. Fruto de esta relación, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, acompañado por las directoras generales de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica y de Desarrollo Pesquero, Patricia García y Marta Villaverde, respectivamente, y la delegada territorial de la Xunta en esta ciudad, Ana Ortiz, mantuvieron un encuentro de trabajo con la delegación de la región francesa, encabezada por el vicepresidente de Mar y Litoral, Daniel Cueff.

El conselleiro destaca la apuesta de la Xunta por el sector, con el desarrollo de la Estrategia de Economía Azul, que convertirá a la comunidad en un referente internacional en esta materia y movilizará 144M€

Las dos regiones coinciden en la importancia de que la Comisión Europea impulse una PPC que favorezca la actividad marítimo-pesquera en base a criterios no solo ambientales, como hasta ahora, sino también socioeconómicos Una descarbonización de la flota justa, equilibrada y asumible fue otro de los puntos en los que coincidieron los dos dirigentes

Precisamente, en el transcurso de esta reunión, Villares, como ejemplo del compromiso del Gobierno gallego con el sector, explicó al dirigente bretón que la comunidad, con la Estrategia de la Economía Azul de Galicia, se convertirá en un referente internacional en crecimiento azul, dotando de un valor social, ambiental y económico a nuestras rías y al territorio costero, desde un enfoque de protección, conservación y recuperación del medio marino y de la biodiversidad. Un documento imprescindible que movilizará 144 millones de euros, y que será clave para su planificación, ya que el sector marítimo-pesquero gallego es líder, alcanzando un valor añadido bruto 25 veces superior al de la UE y más de 6 veces superior al de España.

Una PPC que se ajuste a las demandas del sector

Los dos dirigentes coincidieron en la importancia de que desde la Comisión Europea se impulse una nueva Política Pesquera Común que verdaderamente dé respuesta a las demandas del sector, como ya se reflejaba en el Dictamen elaborado en el seno del Consejo Gallego de Pesca, en el que Galicia defendía y defiende una solución europea y europeísta que refuerce la cohesión social y económica en términos pesqueros, acuícolas y de transformación y comercialización de los productos del mar; de igualdad normativa de cara al interior y exterior de la Unión (level playing field); de revisión del concepto de zona altamente dependiente de la pesca; de actualización de la aplicación del deber de desembarque de todas las capturas; y de revisión del criterio de asignación de cuotas para adaptarlo al patrón de capturas de cada pesquería. Y es que la actual PPC no ha conseguido cumplir los objetivos marcados, evidenciando que debe adaptarse a los nuevos requerimientos que demanda el sector: mantenimiento del equilibrio socioeconómico y ambiental; diseño de una estrategia que dé solución a los problemas; creación de empleo y producción sostenible; y una gestión de la pesca basada en el conocimiento científico para evitar malos precedentes como el veto a la pesca de fondo.

En octubre de 2022 entró en vigor este veto en 87 áreas de la Unión, que suman 16.400 kilómetros cuadrados y constituyen una buena parte de los casos para el arrastre y el palangre gallego, pero también para el asturiano, el cántabro, el vasco y el andaluz. Un ataque injustificado y arbitrario contra el sector que ni contó con el aval de informes científicos, ni midió el impacto socioeconómico que iba a provocar en la flota. Esta deriva medioambientalista de la Comisión Europea provocó que se prohibiera el palangre de fondo, una de las artes más selectivas que existen, como así lo prueba un informe de la USC, que contabilizó la pérdida en 150.000 euros/año para cada palangrero y una reducción de 27 millones de euros en la facturación de esta flota gallega, además del solapamiento en las zonas de pesca. A esta decisión de la Comisión hay que añadir la puesta en marcha en 2023 del Plan de Acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos, que incluyó la prohibición de la pesca de arrastre en 2030 en todas las áreas protegidas, el 30% de las aguas de la UE.

Descarbonización

Respecto a la descarbonización, los dos dirigentes coincidieron en señalar que esta se haga de manera equilibrada, justa y con un coste asumible para el sector. En este sentido, Villares destacó que Galicia rechaza la eliminación generalizada del combustible bonificado, pues pondría en riesgo la rentabilidad y el futuro del sector y perjudicaría a la flota gallega que practica una pesca responsable y sostenible.

La pesca bretona en cifras

Bretaña cuenta con 100 puertos, repartidos en 12 distritos marítimos. Dispone de una flota de 1.270 buques, en los que trabajan 4.800 pescadores. El pescado fresco desembarcado alcanza las 140.000 toneladas al año, lo que supone el 50% de la producción francesa y 290 millones de euros. Con 21.000 toneladas es la primera región productora de mejillones y la segunda de ostras (34.000/año). Ocupa también el primer puesto en cultivo de algas y el tercer puesto en piscicultura.

Trabaja como organismo intermedio, de modo que, al amparo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) 2021-2027, cuenta con un presupuesto que supera los 58 millones de euros, de los cuales 16,9 son para pesca sostenible y conservación, 30 para acuicultura, 8 para los Galp y 3,3 para asistencia técnica. En el caso de Galicia, tal y como trasladó Villares, percibe más de 4 de cada 10 euros, con 366,2 millones, seguida de Andalucía, Canarias, el País Vasco y Cataluña.