La Xunta de Galicia ha manifestado su profundo rechazo a los criterios aplicados por el Gobierno central en materia de jubilación anticipada para el personal embarcado en la flota pesquera congeladora, una de las más relevantes y representativas del sector gallego. La polémica surge por la exclusión de los palangreros-congeladores y arrastreros-congeladores del reconocimiento oficial como “buques congeladores”, lo que impide aplicar los coeficientes reductores de edad de jubilación que sí se otorgan a otros segmentos pesqueros.
La medida afecta especialmente a la flota gallega que opera en aguas internacionales bajo modalidades de pesca de altura y gran altura. Esta flota desempeña su actividad en condiciones extremas y, según denuncia la Xunta, “cumple sobradamente los requisitos técnicos, operativos y laborales que justifican una jubilación anticipada por penosidad y peligrosidad”.
“Estamos ante una discriminación inaceptable que margina a un sector esencial para Galicia y para la economía marítima del Estado”, ha declarado el conselleiro do Mar, Alfonso Villares.
La Xunta critica que los criterios del Instituto Social de la Marina (ISM), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ignoran la realidad operativa de estos buques, que congelan a bordo y realizan largas mareas en caladeros lejanos, cumpliendo con todos los estándares de la flota congeladora.
Según datos del propio sector, más del 70 % de la flota congeladora española tiene base en Galicia, genera miles de empleos directos y mantiene una estructura productiva de gran impacto socioeconómico en localidades como Vigo, Marín o Celeiro. Las condiciones laborales de estas tripulaciones —largas jornadas, rotaciones prolongadas, aislamiento, condiciones climáticas adversas— son comparables o incluso más duras que las de otras flotas ya reconocidas con coeficientes reductores.
“Es una cuestión de justicia laboral y de equidad territorial. No puede ser que un marinero gallego a bordo de un palangrero en el Índico no tenga los mismos derechos que otro en una flota similar solo por una cuestión de clasificación administrativa”, denuncian desde las cofradías.
La Xunta ha solicitado al Gobierno central una revisión inmediata de los criterios técnicos utilizados para la asignación de coeficientes, y ha pedido que se tenga en cuenta la especificidad de los buques de congelación gallegos, muchos de ellos gestionados por organizaciones pesqueras de reconocido prestigio internacional.
Además, el ejecutivo autonómico ha anunciado que trasladará el caso al Parlamento gallego y al Congreso de los Diputados, y no descarta emprender acciones jurídicas si no se corrige la situación.
La polémica llega en un momento de especial incertidumbre para el futuro del relevo generacional en la pesca. El endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación puede tener un efecto desincentivador para nuevas incorporaciones en un sector que ya enfrenta una falta creciente de tripulantes cualificados.
“La sostenibilidad del sector no depende solo de cuidar los caladeros, sino también de garantizar condiciones laborales dignas y una jubilación justa para quienes han dedicado su vida al mar”, apuntan desde la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Altura.
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