Una nueva polémica marítima ha surgido entre España y Francia tras la denuncia de varios armadores franceses, que aseguran que el puerto de Gijón les negó refugio en plena tormenta el pasado domingo 20 de julio. Los hechos ocurrieron en aguas del Golfo de Vizcaya, donde cuatro barcos pesqueros franceses, dedicados a la pesca del atún blanco (bonito), se vieron sorprendidos por vientos huracanados y buscaron protección en aguas territoriales españolas sin éxito.
Sébastien Viaud, armador de dos de los buques afectados —el Carla Églantine y el El Amanecer— expresó su indignación en declaraciones a medios galos: “Estoy enfadado. Nos enfrentábamos a vientos de 40 nudos y la situación era peligrosa para la tripulación. Solicitamos acceso a la bahía de Gijón a través del canal de coordinación internacional, pero la respuesta fue un no rotundo”.
A bordo de esos dos barcos viajaban doce marineros que, junto con los tripulantes de los Bara An Arvoriz y Bara Pemdez II, propiedad del Armamento Bigouden, se encontraban pescando en alta mar desde la segunda semana de julio. Cuando el temporal arreció, su intención era encontrar un fondeadero seguro temporalmente hasta que las condiciones mejoraran.
Según el testimonio de Viaud y otros armadores, la negativa provino directamente de la capitanía del puerto gijonés, que habría alegado razones administrativas y de soberanía para no permitir el ingreso a la zona de 12 millas náuticas bajo jurisdicción española. La falta de asistencia ha sido catalogada por los afectados como una omisión de auxilio en situación de emergencia marítima.
“Se trataba de una cuestión de seguridad, no de actividad pesquera. No queríamos atracar ni desembarcar, solo protegernos. Las condiciones eran extremas. La decisión fue inhumana y contraria al espíritu de cooperación marítima”, ha señalado un portavoz del Armamento Bigouden.
La noticia ha generado indignación en diversos círculos marítimos franceses, donde se recuerda que los convenios internacionales, como el Convenio SAR (Búsqueda y Salvamento Marítimo) y el Convenio SOLAS (Seguridad de la Vida Humana en el Mar), promueven la cooperación entre Estados para garantizar el salvamento de vidas humanas en el mar, independientemente de la nacionalidad de las embarcaciones.
Por su parte, las autoridades españolas aún no han emitido un comunicado oficial aclarando los motivos de la negativa. No obstante, fuentes no oficiales señalan que la negativa podría estar relacionada con el cumplimiento estricto de las normativas de acceso a puertos, más aún en temporada alta o sin aviso previo formal.
El episodio ha reavivado antiguos roces entre flotas pesqueras del Atlántico Norte, donde la coexistencia entre normativas nacionales y acuerdos comunitarios a veces genera tensiones. La situación también pone sobre la mesa la necesidad de revisar protocolos de acogida de buques en situación de riesgo.
“Hoy nos tocó a nosotros. Mañana puede ser un barco español el que necesite refugio en la costa francesa. El mar no entiende de fronteras”, ha sentenciado Viaud.
Tanto sindicatos marítimos como ONG de apoyo a marineros han solicitado una investigación sobre lo ocurrido y piden que se refuercen los mecanismos de emergencia para evitar que decisiones burocráticas pongan en riesgo vidas humanas.
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