TARIFA (CÁDIZ), 16/09/2023.- Pescadores de JC Mackintosh, la primera pesquería española de atún rojo salvaje, y la tercera del mundo, que ha conseguido el certificado de sostenibilidad Marine Stewardship Council (MSC), una "ecoetiqueta" con la que viaja a los mercados internacionales más exigentes y concienciados y que opera en el Estrecho de Gibraltar con la ley "un hombre, un anzuelo, un atún rojo". EFE/Isabel Laguna
El Tribunal Judicial de Narbonne (Francia) ha juzgado entre el 9 y el 11 de julio un caso sin precedentes de fraude en la pesca recreativa de atún rojo (Thunnus thynnus), en el que están implicados 67 miembros de un club de pesca deportiva de la región de Aude. La Fiscalía ha solicitado penas que alcanzan hasta los 15.000 euros de multa por persona, en un expediente que revela una red estructurada de irregularidades cometidas entre 2017 y 2020.
La investigación se inició en 2019, cuando inspectores de la Oficina Francesa de la Biodiversidad (OFB) descubrieron un cartel publicitario de una “thonade” —una fiesta popular del atún— organizada por un club de pesca recreativa de Narbonne-Plage. El evento, que congregó a más de 800 personas, ofrecía varios ejemplares de atún rojo, una especie cuya captura está fuertemente regulada en Europa debido a su vulnerabilidad.
“El atún rojo no escapa a las restricciones, incluso en pesca de ocio”, recordaron las autoridades. Las sospechas llevaron al Ministerio Público a abrir una investigación que se prolongó durante más de tres años.
Los datos presentados en el juicio son contundentes: 168 atunes fueron capturados y desembarcados ilegalmente entre 2017 y 2020 por los miembros de la Asociación Narbonense de Pesca de Altura (ANPG), utilizando métodos fraudulentos como la reutilización de anillas de identificación únicas, omisión o retraso en la declaración de capturas, y continuando con la pesca pese a haber agotado el cupo asignado.
En total, se han identificado casi un millar de infracciones, distribuidas entre 44 embarcaciones y 67 acusados, incluidos tres expresidentes del club y representantes de la Federación Francesa de Pesca en el Mar, entidad de tutela del grupo.
Antes del inicio del juicio, ya se habían dictado sanciones por un total de 177.000 euros en procedimientos previos. Además, se procedió a la confiscación de decenas de cañas de pesca de gran fondo, así como a la suspensión o retirada de autorizaciones de pesca recreativa de atún rojo.
El caso ha sacado a la luz un modus operandi tolerado durante años en el entorno de la pesca recreativa del Mediterráneo francés. “Era el lejano oeste en la pesca de recreo”, declaró un profesional del sector marítimo, indignado por el impacto negativo que este tipo de conductas puede tener sobre la sostenibilidad del recurso y la imagen del sector.
El juicio ha contado con la participación como partes civiles del Comité Nacional de Pesca de Francia, la Organización de Productores SATHOAN y varias ONG ambientalistas. Las sesiones se desarrollaron en un ambiente tenso, salpicado por conflictos internos entre los propios miembros del club.
La fiscal solicitó condenas que oscilan entre los 700 euros de multa con suspensión y los 15.000 euros (5.000 de ellos con suspensión) para los principales responsables. También pidió la retirada o suspensión de licencias de pesca y, en un gesto de fuerte carga simbólica, la publicación pública de las sanciones impuestas al club deportivo, para alertar sobre la gravedad del fraude.
El fallo penal ha sido aplazado hasta el próximo 16 de septiembre, fecha en que el tribunal emitirá su veredicto. Además, se espera una nueva audiencia en materia civil, que abordará las demandas de las 10 partes civiles implicadas, en busca de reparación por los daños ambientales y reputacionales provocados por la trama.
Este caso marca un antes y un después en la supervisión de la pesca recreativa en Francia. Durante años, las autoridades han centrado sus esfuerzos en el control de la pesca industrial, mientras que el sector deportivo quedaba en una zona gris legal. Este juicio demuestra que, incluso bajo la apariencia de ocio, se pueden generar redes ilícitas que desafían los esfuerzos de conservación.
“El mensaje es claro: no hay impunidad para quienes explotan el mar al margen de la ley”, resumió un portavoz de la OFB.
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