Adoptado un acuerdo político para la gestión de las flotas exteriores

El Consejo y el Parlamento Europeo lograron el martes un acuerdo político sobre las nuevas normas de gestión de las flotas exteriores propuestos por la Comisión Europea.
La revisión del sistema de concesión de licencias del presente Reglamento se aplicará a todos los buques de pesca de la Unión Europea (UE) fuera de las aguas de la UE, y viceversa, a los buques de terceros países que faenen en aguas de la UE. Para ello, se establecen estrictos criterios de elegibilidad y protección contra las actividades de abanderamiento abusivas, fletamento y transbordo. También otorga una mayor transparencia mediante la creación de un registro público para las autorizaciones de pesca y para controlar las actividades de pesca de dichos buques sobre una base casi en tiempo real.
 
Según el comisario europeo, Karmenu Vella, «este acuerdo demuestra que la Unión Europea es un jugador importante, responsable de garantizar la sostenibilidad de las flotas pesqueras, más allá de sus aguas”, En este sentido Vella, indicó que “ las normas recientemente adoptadas ayudarán a mejorar la gestión de los océanos internacional y la lucha contra la IUU (ilegal, no declarada y no regulado)”. De acuerdo con el Consejo, el texto también se trata de » limitar la carga administrativa, aumentar la seguridad jurídica, garantizar la igualdad de trato de las flotas internas y externas y acortar el tiempo de respuesta a los candidatos «.

La Comisión presentó su la propuesta 11 de diciembre de 2015 una propuesta inmediatamente acogido por las ONG. Después de la adopción de las posiciones respectivas y después de tres meses de negociaciones en tres bandas, este acuerdo político marca el paso clave en la implementación de este texto. En principio, sólo quedan las «formalidades»: todavía tiene que ser aprobada formalmente por el Coreper (Comité Permanente de representantes del Consejo) y volver al Parlamento para su votación en primera lectura y aprobación definitiva por el Consejo, que «debería permitir a la nueva regulación para entrar en vigor a finales de 2017», anticipó el Consejo.