Canadá presiona para la repatriación de la gente de mar y contra la explotación laboral. El Departamento de Transporte del Canadá ha anunciado que los funcionarios del Control del Estado del Puerto (PSC), durante sus inspecciones, verificarán que «la marinería no permanezca a bordo durante más de 11 meses la validez de la prórroga de su contrato. En caso de incumplimiento, se puede imponer una multa y detener el buque».
Recuerda a los armadores «su responsabilidad y sus obligaciones de respetar el derecho de la gente de mar a regresar a su hogar, incluso en tiempos de pandemia», incluida la norma que limita su presencia a bordo a 11 meses, establecida en el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006.
En la notificación se hace hincapié en que «cada marino debe tener pruebas de que ha aceptado libremente la prórroga» de su empleo, como se indica en la nota informativa de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo marítimo y el coronavirus.
Las compañías navieras también tendrán que demostrar «que se han hecho todos los esfuerzos posibles para repatriar al marinero y que los imprevistos ajenos al control del propietario del buque han hecho imposible cambiar la tripulación».
Sin limitar estas medidas, Canadá anuncia que, en caso de problema, «los oficiales no autorizarán al buque a hacerse a la mar hasta que se hayan rectificado las faltas de conformidad o hasta que hayan aceptado un plan de acción aprobado por el Estado del pabellón».
Canadá se une a Australia, que anunció una medida similar en noviembre. Por el momento, ni Francia ni ningún otro país europeo ha tomado tal decisión.
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