Expertos y economistas alertan del riesgo de desigualdad global si se aplica solo a la flota europea el impuesto al carbono

La OMC cierra un acuerdo sobre las subvenciones a la pesca y reabre el debate sobre el impuesto al carbono en el sector pesquero

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha alcanzado recientemente un acuerdo histórico para limitar las subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrepesca y la pesca ilegal. Sin embargo, más allá de su impacto inmediato, el pacto ha revelado un vacío legal clave que podría transformar el futuro fiscal del sector: los Estados no tienen competencias tributarias sobre las actividades pesqueras más allá de las 12 millas náuticas. Este límite es precisamente lo que ha permitido, hasta ahora, que el gasóleo marino permanezca exento de impuestos.

El foco de la discusión se ha desplazado entonces hacia una posible fiscalidad sobre las emisiones de carbono del sector pesquero. Esta medida, ya contemplada en el borrador del Pacto Europeo por los Océanos, plantea la implantación de un impuesto verde sobre las emisiones de CO2 generadas por las flotas, lo que afectaría especialmente a la flota europea.

Para el economista Gonzalo Rodríguez Rodríguez, coordinador del Grupo de Investigación en Economía Pesqueira de la Universidade de Santiago de Compostela, el debate debe abordarse con rigor técnico. “Los impuestos ecológicos buscan reducir actividades nocivas como las emisiones de CO2, pero su eficacia depende de las condiciones y del contexto en el que se apliquen”, advierte.

Europa es, de hecho, líder mundial en sostenibilidad pesquera. La Unión Europea aplica un modelo de gestión basado en criterios científicos, cuotas de captura, TACs (Total Admisible de Capturas), y un estricto control de la actividad extractiva. Es una de las regiones con menor presión pesquera del planeta. Además, ha implementado ya mecanismos como el mercado de derechos de emisión, un paso clave para viabilizar cualquier impuesto sobre el carbono.

No obstante, aplicar esta fiscalidad solo a la flota europea, sin imponer exigencias equivalentes a los productos pesqueros importados, podría ser contraproducente. Como señala Rodríguez, «de no igualarse las condiciones fiscales y ambientales para todos los productos que entran en el mercado común, el resultado sería reforzar la competitividad de los países con peores prácticas ambientales, como China o Rusia, y perjudicar a quienes ya cumplen con altos estándares».

China y Rusia son hoy los principales emisores de CO2 en el sector pesquero global y también los mayores extractores de recursos en alta mar. Se caracterizan por una escasa regulación ambiental y pesquera, y en el caso ruso, incluso por el aumento de emisiones sin existencia de mercados de CO2. Ambas naciones, además, cuentan con flotas opacas, vinculadas con frecuencia a la pesca ilegal.

De imponerse un impuesto al carbono sólo a los productores europeos, sin mecanismos de reciprocidad para terceros países, Europa no reduciría las emisiones globales, sino que simplemente trasladaría la presión ambiental a otras zonas del mundo. Además, se dañaría la viabilidad económica de comunidades costeras europeas que ya cumplen con normas estrictas.

“Europa importa el 71% del pescado que consume. Si se desaprovecha este enorme poder de mercado para exigir los mismos estándares ambientales y fiscales a terceros países, el impacto real en la sostenibilidad global será muy limitado”, subraya Rodríguez.

El riesgo es también ecológico. Si se penaliza la producción pesquera local sin garantizar su sustitución sostenible, el resultado podría ser un aumento de la deforestación tropical para la producción de cereales y piensos alternativos, agravando otros impactos ambientales.

En conclusión, el debate sobre el impuesto al carbono en la pesca ha saltado de la OMC al ámbito político y social europeo. Si bien el objetivo de reducir emisiones y preservar los océanos es incuestionable, expertos como Gonzalo Rodríguez advierten: “No basta con querer hacer el bien; hay que hacerlo bien”. Una fiscalidad ambiental eficaz debe ser global, justa y acompañada de normas que impidan la competencia desleal y la deslocalización de impactos ecológicos.