España se prepara para un nuevo aumento de la cuota de atún rojo entre 2026 y 2028

El sector da por hecho una subida de entre el 7 % y el 17 % que se decidirá en la reunión de ICCAT en Sevilla, mientras el Ministerio abre la puerta a redistribuir posibilidades de pesca entre flotas

El sector pesquero español afronta con expectativas altas la próxima reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que arrancará el lunes 17 en Sevilla, donde se fijará el nuevo Total Admisible de Capturas (TAC) de atún rojo para el trienio 2026-2028. Las previsiones que manejan las organizaciones de productores y las administraciones apuntan a un incremento de la cuota española de entre un 7 % y un 17 %, apoyado en los buenos resultados del plan de recuperación de la especie en el Atlántico oriental y el Mediterráneo.

Actualmente, España dispone de 6.783 toneladas anuales de cuota de atún rojo, repartidas entre 819 buques y almadrabas. Esta cifra se viene aplicando desde 2023 y supuso ya en su momento una subida del 11,3 % respecto al periodo 2020-2022, cuando el TAC español era de 6.093 toneladas. Sobre esa base se calculan ahora los tres escenarios de crecimiento que se debatirán en Sevilla: uno conservador, con una subida del 7 %; un escenario intermedio, con un incremento del 11 %; y una opción más ambiciosa que elevaría la cuota hasta un 17 %. En términos de volumen, equivaldría a sumar entre 500 y 1.200 toneladas adicionales sobre el nivel actual.

La cita de Sevilla será la 29ª reunión ordinaria de ICCAT y se celebrará en formato híbrido, con sesiones presenciales y participación telemática de las delegaciones. Aunque la organización tiene sobre la mesa otros dosieres (como túnidos tropicales o tiburones), el reparto del atún rojo se perfila como uno de los puntos más sensibles, tanto por el peso económico de esta pesquería como por su simbolismo tras casi dos décadas de medidas de recuperación.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se reconoce abiertamente que el contexto es favorable para España. La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, se reunió el pasado 22 de octubre con más de 60 representantes de la flota y de las organizaciones de productores para preparar la posición española. En ese encuentro avanzó que el Gobierno trabaja ya en la modificación del real decreto que regula la pesquería de atún rojo, con el objetivo de adaptar la normativa interna al nuevo escenario que saldrá de Sevilla.

“En el supuesto de un aumento de la actual cuota, estaríamos en el momento idóneo para abrir la pesquería a nuevos segmentos de flota que no han podido acceder a la misma debido a la situación del recurso”, trasladó Artime a los representantes del sector. La idea del Ministerio es aprovechar una eventual subida del TAC para atender demandas que se arrastran desde hace años, con especial atención a las flotas artesanales y a los buques que vienen registrando capturas accidentales en distintos caladeros sin apenas margen legal para comercializarlas.

Hoy por hoy, el 87,15 % de la cuota española de atún rojo (5.911,98 toneladas) se concentra en las grandes flotas incluidas en el censo específico: cebo vivo del Cantábrico, cañas y líneas de mano del Estrecho, palangre y línea de mano, cerco del Mediterráneo y almadrabas. Un segundo bloque, equivalente al 11,69 % (793,6 toneladas), se asigna a buques con base en Canarias, a las artes menores del Mediterráneo y a la flota artesanal del Estrecho, en la que se encuentran, entre otras, las embarcaciones de Tarifa. El pequeño resto se reserva a capturas accesorias de las flotas de superficie y de curricán para bonito del norte, a la pesca recreativa y a un fondo de seguridad de 27,13 toneladas (un 0,4 %) para cubrir posibles sobrepasamientos o situaciones imprevistas.

Cada primavera, esta distribución se plasma en un real decreto y en una orden ministerial que fijan los cupos concretos para cada segmento. Sin embargo, la propia Secretaría General de Pesca ha dejado claro que esos porcentajes no son inamovibles si ICCAT aprueba un incremento importante del TAC. El debate, por tanto, no se limitará a cuántas toneladas adicionales recibe España, sino también a cómo se distribuyen internamente esas posibilidades de pesca.

Mientras tanto, desde el litoral andaluz las organizaciones artesanales insisten en que la realidad del caladero ha cambiado de forma radical en los últimos diez años. La Organización de Productores Pesqueros Artesanales (OPP72), que agrupa a pescadores de Tarifa, La Atunara y Conil, recuerda que la llegada del alga invasora Rugulopteryx okamurae a la costa atlántica gaditana, en torno a 2015, ha transformado el ecosistema. El manto que forma sobre el fondo ha hecho desaparecer los cascajos y moluscos que alimentaban a especies como el pulpo, el voraz o el pez sable. A ello se suma, según subrayan, el efecto depredador de una población de atún rojo en claro crecimiento.

“Hace quince años peleábamos por salvar al atún; ahora el recurso se ha recuperado y son otras especies las que están en jaque”, resumen desde el sector, que reclama una actualización más frecuente de las cuotas y un enfoque más flexible que tenga en cuenta la nueva situación biológica. Desde su punto de vista, aumentar la cuota de atún rojo y redistribuirla de forma más equilibrada podría ayudar a compensar la pérdida de ingresos por la caída de otras pesquerías afectadas por el alga asiática.

El contexto económico de fondo tampoco es sencillo. La Junta de Andalucía ha alertado en las últimas semanas del riesgo de un “parón industrial” por falta de capacidad eléctrica para alimentar nuevos proyectos en la franja costera, lo que podría condicionar inversiones en congeladores, plantas de procesado o instalaciones logísticas ligadas al atún rojo y a otros túnidos. El Gobierno autonómico ha anunciado alegaciones contra la planificación estatal de la red, al considerar que no garantiza el suministro suficiente para el desarrollo del tejido industrial vinculado a la economía azul en la región.

En este tablero, ICCAT sigue siendo el escenario donde se decide la letra pequeña de la pesquería. Creada en 1966 y con sede en Madrid, la organización agrupa hoy a 53 partes contratantes, entre ellas la Unión Europea, y es la responsable de fijar cuotas y medidas de gestión para el atún rojo, el atún blanco, los túnidos tropicales, el pez espada, varios tiburones pelágicos y otros pequeños túnidos en el Atlántico y el Mediterráneo. España forma parte de la institución desde 1969 y, por el peso de su flota y su industria transformadora, es uno de los actores centrales en las negociaciones.

El éxito del plan de recuperación del atún rojo, puesto en marcha a mediados de la década de 2000 con cierres de pesquerías, controles estrictos y reducciones de TAC, es un argumento de peso para justificar ahora un aumento controlado de las capturas. Tanto el sector como la Administración coinciden en que la mejora del stock es fruto del esfuerzo conjunto y apelan a mantener la prudencia para evitar repetir errores del pasado. Pero también advierten de que no se puede gestionar la pesquería con las mismas reglas de hace veinte años cuando las condiciones biológicas y socioeconómicas han cambiado.

La reunión de Sevilla servirá, en última instancia, para poner cifras a ese equilibrio entre conservación y aprovechamiento. Si se confirma una subida de entre el 7 % y el 17 % para España, se abrirá un nuevo escenario en el que el reparto interno de la cuota, el encaje de las flotas artesanales y la capacidad de la industria para transformar y dar valor al atún rojo serán tan determinantes como el número final de toneladas. El sector mira a ICCAT con expectativa, pero también al BOE, donde se plasmará, en los próximos meses, cómo se traduce en la práctica ese margen adicional que llegue desde Sevilla.