España se planta ante la veda total de la anguila: choque político, negocio de la angula y el señalamiento a las hidroeléctricas

La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) de declarar a la anguila europea (Anguilla anguilla) “en peligro de extinción” y llevarla al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) ha abierto un frente en buena parte del litoral y de las cuencas atlánticas. El debate se votará con las comunidades autónomas en el Comité de Flora y Fauna del 17 de febrero, y el ministerio lo plantea como un paso imprescindible para frenar un declive que, según su argumentario, viene de décadas. 

La reacción, sin embargo, ha sido inmediata y transversal: cofradías, anguleros, comercializadores, acuicultura y varios gobiernos autonómicos se alinean contra una veda “de brocha gorda”, temiendo un impacto directo sobre la pesca de angula (la cría de la misma especie) y, por extensión, sobre un tejido artesanal que vive de campañas cortas, cupos y licencias cada vez más restringidas.

En paralelo, el MITECO exhibe el apoyo del sector gastronómico —Euro-Toques y su campaña “Angulas, no, gracias”— como palanca para acelerar una protección que ya intentó activarse en 2024 sin lograr mayoría autonómica. Una batalla con competencias… y con un mapa desigualEl ministerio subraya que la anguila se captura en aguas interiores, ámbito de competencia autonómica, y por eso necesita cooperación y voto territorial.  En la práctica, el mapa ya es desigual: la pesca de angula sigue permitida —con restricciones— en comunidades como Asturias, Cantabria, Cataluña o la Comunitat Valenciana, mientras que Andalucía la tiene prohibida desde hace años, lo que alimenta el discurso del “agravio comparativo” entre regiones. 

Esa desigualdad se ha hecho visible incluso en los tribunales. En el País Vasco, donde esta campaña se ha suspendido por el estado crítico del recurso, los anguleros han recurrido la prohibición reclamando poder faenar como ocurre en Cantabria o Asturias. El sector: “El problema no es la pesca, sino lo que pasa río arriba”En el corazón de la oposición hay un argumento recurrente: la pesca profesional —dicen— es hoy una de las actividades más reguladas, y una veda total en España no atacaría las causas estructurales del colapso. Ahí encaja la tesis que usted cita: los anguileros y comercializadores señalan a las presas y centrales hidroeléctricas como factor clave, por la fragmentación del hábitat, el “descontrol” de caudales y la mortalidad en pasos y turbinas. Esa lectura coincide, al menos en parte, con el diagnóstico general que reconoce el propio debate público: las barreras fluviales dificultan la migración de la anguila y agravan su vulnerabilidad. A esta presión se suma otra voz del sector productivo: la acuicultura.

Desde Apromar, su gerente calificó la medida de “política” y “cosmética” y reclamó centrarse en la lucha contra el mercado negro —con salidas hacia Asia— y otros impactos sobre la especie, además de criticar que no se haya consultado a los directamente afectados. Los ecologistas empujan en sentido contrarioFrente al bloque del “no a la prohibición”, organizaciones ambientales reivindican veda total y restauración de ríos, y piden que la anguila entre en los catálogos regionales de especies amenazadas.

En Cantabria, Ecologistas en Acción ha solicitado directamente esa catalogación y medidas urgentes (eliminación de presas sin uso, repoblación y lucha contra la pesca ilegal, incluida la de angulas). El telón de fondo: Europa ya aprieta con cierres y “cero capturas”El choque español llega con el marco europeo ya endurecido. En la UE se mantienen cierres temporales para la pesca de anguila, con un periodo común (1 enero–31 marzo de 2026) y otro adicional de tres meses que deben fijar los Estados miembros, según el reglamento anual de posibilidades de pesca.  Y la recomendación científica de referencia no ayuda a rebajar tensiones: el ICES ha recomendado “cero capturas” en todos los hábitats, según recuerdan fuentes científicas citadas en España. 

¿Qué está en juego si se prohíbe?

La inclusión “en peligro de extinción” tendría un efecto inmediato: la angula quedaría arrastrada por la misma decisión, al ser la fase juvenil de la especie. El sector teme un triple impacto: pérdida de renta en campañas muy cortas, golpe a comercialización/hostelería y más incentivo al tráfico ilegal si la demanda persiste. El ministerio, por su parte, defiende que la gravedad del declive y los compromisos de conservación obligan a actuar ya, y que la protección se apoya en criterios científicos y recomendaciones internacionales. 

En el fondo, la discusión revela una grieta clásica de la política pesquera y ambiental: prohibir es rápido; recuperar es lento. Y ahí es donde el sector intenta ganar el relato: si no se corrigen las “causas río arriba” —presas, hábitats, caudales, conectividad— la veda, sostienen, solo redistribuirá el problema. El 17 de febrero, con las autonomías en la mesa, se verá si España opta por el golpe de timón o por una salida intermedia que combine restricción y restauración, sin apagar de golpe una actividad que ya vive, campaña tras campaña, al límite.