El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido recortar de cuatro horas a dos horas y media el preaviso electrónico de entrada a puerto que deberán enviar los pesqueros de entre 12 y 15 metros a partir del 10 de enero de 2026, fecha en la que entran en vigor nuevas exigencias comunitarias de control. La medida, formalizada por la Secretaría General de Pesca, pretende ajustar la norma a la operativa real de una flota que, en muchos casos, trabaja a escasa distancia de su muelle.
La reducción del plazo llega en paralelo a otra novedad clave: desde ese mismo 10 de enero, estos barcos —hasta ahora exentos en determinados supuestos— deberán llevar geolocalización obligatoria mediante los equipos conocidos como “caja azul”. El propio ministerio ha estimado que el cambio afectará a alrededor de 600 embarcaciones, para las que se han articulado también líneas de ayuda orientadas a anticipar la adaptación tecnológica.
Según la argumentación del departamento que dirige Luis Planas, exigir cuatro horas de aviso previo no encajaba con el día a día de buena parte de la flota de 12 a 15 metros: muchos barcos faenan en caladeros cercanos, y en ocasiones el tiempo total entre el final de la maniobra de pesca, la recogida de aparejos y la derrota hasta puerto no alcanza esas cuatro horas. En ese contexto, el ministerio defiende que el nuevo umbral —2,5 horas— permite mantener el control y la labor inspectora “con normalidad” sin introducir distorsiones operativas difíciles de cumplir.
El texto oficial subraya además que esta reducción no altera otros regímenes que ya contemplan plazos inferiores para notificaciones previas en casos concretos, como capturas de determinadas especies o barcos con características técnicas específicas.
La obligación de preavisar la llegada a puerto forma parte del refuerzo de las reglas de control pesquero en la UE, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y facilitar inspecciones en desembarques. La normativa europea prevé que los Estados costeros puedan establecer un plazo más corto para determinadas categorías, siempre que no se perjudique la capacidad de inspección de sus autoridades. En esa ventana es donde España encaja la rebaja a dos horas y media para esta franja de eslora.
En términos prácticos, el cambio busca evitar que la regla se convierta en un trámite “imposible” para parte de la flota de bajura y litoral: si el preaviso supera el propio tiempo de retorno, la obligación deja de ser un mecanismo de control y pasa a ser un obstáculo. Con el nuevo plazo, el ministerio confía en compatibilizar el control (ahora reforzado también por la geolocalización) con una operativa donde cada marea y cada ventana de mercado cuentan.
A pocos días de la entrada en vigor del paquete —10 de enero de 2026— el sector afronta, así, un ajuste que combina más digitalización y un calendario más adaptado a la realidad de los barcos más pequeños dentro del tramo de eslora obligada.
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