El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha logrado sumar 2.912 toneladas adicionales de caballa (xarda/verdel) para 2026 y elevar la disponibilidad del Cantábrico Noroeste desde 6.563 hasta 9.475 toneladas, un balón de oxígeno para una costera que arrancaba con un recorte durísimo. Con ese refuerzo, el recorte efectivo baja del 70% al 44% —es decir, España pasa a disponer de aproximadamente el 56% de lo descargado el año anterior—, pero no apaga el malestar: en el cerco gallego sostienen que el aumento “no sirve para nada” si la campaña queda, en la práctica, condenada a pescar la mitad que en 2025.
La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, trasladó al sector que España ha cerrado intercambios de cuota con otros Estados miembros y que activará herramientas comunitarias para “mejorar la cuota disponible”. El resultado: +2.900 toneladas que elevan la asignación de 2026 a 9.475,24 toneladas.
Según el desglose conocido en los últimos días, el incremento procede sobre todo de la flexibilidad interanual (utilizar hasta el 10% de cuota no consumida el año anterior), además de “condiciones especiales” que permiten trasvasar cupo entre ámbitos de gestión y un pequeño intercambio bilateral (por ejemplo, con Polonia).
En Galicia —y especialmente en el cerco, muy expuesto a los pelágicos— el argumento es que el “parche” no cambia el diagnóstico: con 9.475 toneladas, arrastre, cerco y bajura quedan lejos de las descargas del año pasado y la campaña se vuelve una carrera de supervivencia, con menos días de actividad, menos ingresos y más incertidumbre para tripulaciones y lonjas.
A ese malestar se suma el trasfondo político y técnico: España e Irlanda vienen reclamando a Bruselas que no pague en solitario el coste de una especie compartida, mientras Noruega, Reino Unido, Islandia y Feroe pactan entre ellos cuotas que, a juicio de la UE, se sitúan por encima de lo recomendable y dejan el stock en una situación “extremadamente precaria”.
El MAPA prevé repartir la cuota con los mismos criterios: asignación individual para arrastre y cerco, y bolsa común por provincias para la bajura, a la espera de posibles cesiones entre flotas autorizadas por la Secretaría General. Y todo ello con un mensaje repetido al sector: al ser una pesquería estacional, hace falta que la Comisión despeje cuanto antes la cuota definitiva para 2026.
En paralelo, armadores y organizaciones del sector insisten en que, con recortes y costes al alza, hace falta un plan económico: desde apoyos para sostener campañas más cortas hasta fórmulas para facilitar la compra/retirada de embarcaciones que quieran abandonar la actividad, evitando que el ajuste recaiga de forma desordenada sobre los que siguen en el mar.
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