España abre la renegociación de la sardina ibérica con el foco en un reparto más favorable para su flota

La revisión del plan conjunto con Portugal a partir de 2027 reabre un debate histórico en el cerco: adaptar la clave de reparto al aprovechamiento real y corregir una distribución que hoy reserva el 66,5 % de la cuota a Portugal y el 33,5 % a España. 

La Secretaría General de Pesca ha dado esta semana el primer paso para una de las negociaciones más sensibles del Atlántico ibérico: la renovación del plan de gestión de la sardina compartido con Portugal, vigente hasta 2026. En la reunión celebrada el 4 de marzo en Madrid, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y el secretario de Estado de Pesca y Mar de Portugal, Salvador Malheiro, acordaron crear un grupo de trabajo que deberá diseñar el marco aplicable desde 2027 para una pesquería clave en el Cantábrico, el noroeste peninsular y el Golfo de Cádiz. 

El elemento más relevante del encuentro fue el compromiso expresado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de promover una revisión de la actual clave de reparto entre ambos países. El departamento que dirige Luis Planas sostiene que España defenderá que el porcentaje asignado a cada Estado se adecúe al “aprovechamiento real” que realiza su flota, una formulación que abre la puerta a modificar uno de los puntos más controvertidos del actual sistema de gestión. Además, el Gobierno ha precisado que la campaña de 2026 se afronta con la misma cuota que el año anterior, con posibilidad de incrementarla mediante intercambios con Portugal, como ya ocurrió en ejercicios previos. 

Para el sector español, esa declaración supone una señal política de gran calado. Desde hace años, los armadores vienen cuestionando una distribución que consideran descompensada, ya que la regla hoy en vigor asigna a Portugal el 66,5 % de la posibilidad de captura y a España el 33,5 %, pese a que la flota española dedicada a esta pesquería es muy superior en número. Según los datos difundidos en la prensa sectorial y general, unos 132 cerqueros portugueses acceden a ese 66,5 %, mientras alrededor de 278 embarcaciones españolas deben repartirse el 33,5 % restante. 

De ahí que la demanda del sector sea clara: un reparto “proporcional” al número de barcos o, al menos, una fórmula que refleje con mayor fidelidad el peso efectivo de la flota española en la actividad extractiva. Si esa tesis prospera, el cambio no sería menor. Supondría reabrir el equilibrio político que ha regido la cogestión hispano-lusa durante los últimos años y corregir una arquitectura que, a juicio de buena parte del cerco español, penaliza estructuralmente a las embarcaciones nacionales. No se trata solo de capturas: detrás de la discusión hay empleo, actividad en lonjas, abastecimiento para la industria transformadora y capacidad de planificación empresarial en puertos donde la sardina sigue siendo un recurso emblemático. 

La negociación, sin embargo, no parte de cero ni se produce en un contexto de crisis biológica como el que marcó años anteriores. El plan plurianual 2021-2026 fue acordado por España y Portugal tras un periodo de fuertes restricciones y ha sido presentado por ambas administraciones como un caso de éxito en la recuperación y gestión sostenible del stock. De hecho, el Ministerio subraya que la pesquería ha logrado la certificación MSC, reconocimiento que avala la explotación sostenible de un recurso compartido por los dos únicos países que participan directamente en esta actividad. 

Ese dato introduce un matiz decisivo: la batalla por el reparto no cuestiona el modelo de sostenibilidad, sino la distribución interna de sus beneficios. Es decir, España no plantea desmontar la lógica de precaución que ha permitido estabilizar la pesquería, sino renegociar cómo se divide la posibilidad de pesca dentro de ese marco. Esa distinción será fundamental en las conversaciones con Lisboa, previsiblemente complejas, porque Portugal parte de una posición ventajosa en el esquema vigente y no tendrá incentivos para aceptar una revisión profunda sin contrapartidas. 

En ese tablero diplomático, el Gobierno español parece querer ligar la discusión de la sardina a una relación bilateral más amplia. En la reunión de Madrid ambos países también avanzaron en acuerdos sobre cigala en el Golfo de Cádiz y sobre lenguado, además de plantear intercambios institucionales de cuotas para mejorar la eficiencia en especies como la propia sardina, la raya o el sable negro. Esa voluntad de cooperación puede facilitar una salida negociada, aunque no elimina el hecho de que la clave de reparto de la sardina toca uno de los intereses más sensibles de la flota lusa. 

Para la flota española, especialmente la del Cantábrico y noroeste, el momento es estratégico. La apertura formal de las conversaciones permite trasladar a la mesa una reivindicación histórica con respaldo político explícito del Ministerio. Pero también obliga al sector a afinar su argumentario técnico: demostrar cuál es el “aprovechamiento real” de cada país, cómo debería medirse y qué indicadores —número de buques, capacidad operativa, capturas efectivas, dependencia socioeconómica o desembarques— deben pesar en el nuevo diseño. De esa batalla de cifras dependerá que la revisión anunciada quede en un ajuste menor o desemboque realmente en el giro de fondo que reclama el cerco español.