EE UU y Holanda subastan el arrendamiento de energía eólica marina e ingresan cientos de millones, mientras que España sigue con su retraso en el impulso a proyectos que pueden abaratar mucho la factura eléctrica

En España son notables las diferencias en el tratamiento fiscal y el concepto de impacto ambiental se ha anclado en el pasado, con ventajas para los parques eólicos más grandes y más potentes. ¿Qué es lo que impide que con el viento se haga lo mismo que con el petróleo, al estilo de Noruega, por ejemplo, donde es bien conocido el fondo soberano creado sobre la base del llamado The Government Petroleum Fund? España ni se plantea integrar los ingresos derivados de la gestión del viento, mediante impuestos a las empresas, el pago de licencias para los parques eólicos y los dividendos de una posible compañía de capital mixto que los explote, inspirándose en la noruega Statoil.

Los gobiernos de EE UU y de Holanda acaban de subastar el arrendamiento de energía eólica marina, con cientos de millones para sus arcas públicas. De ese modo, los promotores pagarán por el derecho a construir parques eólicos. En Galicia, por ejemplo, todo un paraíso para las eólicas, ni se habla de cobrar por las concesiones y habrá que ver si en las futuras subastas piensan seguir los pasos de americanos y holandeses para poder recaudar algo.

Estados Unidos tras dos experiencias de venta de arrendamiento de energía eólica marina en el Atlántico estadounidense, llega la tercera en el Pacífico. El objetivo de Biden es desplegar 30 gigavatios de capacidad para el año 2030 y 15 gigavatios para 2035. Los Países Bajos han organizado una segunda subasta exitosa de eólica basada en criterios distintos al precio. Los postores deben demostrar que pueden mitigar o restaurar el impacto del parque eólico marino en la biodiversidad marina. Noruega también incluye criterios cualitativos en sus subastas de parques eólicos. Así lo hará en el parque flotante Utsira Nord, de 1,5 GW de capacidad, dividido en tres zonas cada una de las cuales contará con un parque de 500 MW. Cada vez más países están aplicando criterios no relacionados con el precio en las subastas de parques de energía eólica marina, lo cual recompensa a las empresas “por el valor social más amplio que aporta la energía eólica”, asegura este experto. 

La Xunta comparte con el Gobierno de España amplias competencias en energía eólica, un sector que no juega a favor de los gallegos, que ven como los beneficios se van con el viento. Los ganadores son multinacionales, bancos, fondos y fabricantes que apenas producen en Galicia, alerta el profesor Ramón Varela, expresidente de Adega, a quien el periodista Xan Carballa presentó en una entrevista en Nós Diario como el defensor de la tierra, el mar y el aire, objeto de depredación. 

«Aunque la energía eólica es menos dañina para el medio ambiente, no es inocua, y el impacto ambiental y su penalización es uno de los elementos clave de la normativa aplicable», advierten las profesoras de la USC Rosa Mª Regueiro y María Cadaval, que recibieron el Premio Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía de Galicia por un trabajo publicado en la revista científica Energy and Environment.

Las autoras sostienen que, en las últimas décadas, la energía eólica ha experimentado un progreso significativo, destacando la contribución de países como China, EE UU, Alemania y España, aunque no existe un modelo integral único para promover la energía renovable en todo el mundo.

En España, Regueiro y Cadaval observan que las regiones de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía han liderado este proceso, con cambios significativos en su aportación en función de la situación económica y del variado marco legislativo vigente en cada momento. En el caso de España, tres regiones, de un total de diecisiete, aplican sus propios impuestos para gravar el impacto medioambiental de la energía eólica.

El objetivo de su trabajo era describir y comparar precisamente el impuesto eólico aplicado en Galicia, Castilla la Mancha y Castilla y León de 1995 a 2020, caracterizar la fiscalidad eólica y evaluar la idoneidad de este tipo de impuestos para gravar los impactos ambientales asociados a la actividad eólica en España.

Según María Cadaval y Rosa Mª Regueiro, las diferencias en el tratamiento fiscal son notables y se observa que el concepto de impacto ambiental se ha anclado en el pasado. Hoy en día, los parques eólicos más antiguos con turbinas eólicas menos potentes son los que soportan una mayor carga fiscal, mientras que los parques eólicos más modernos, más potentes y más grandes (con un impacto ambiental, acústico y visual significativo) pueden incluso estar exentos de impuestos. 

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AL ALZA

Los grandes

Una muestra de lo atropellado que va todo en el sector eólico en España es el retraso de las declaraciones de impacto ambiental, que también afecta a la energía solar fotovoltaica. Gobierno central y autonomías comparten las competencias, de modo que Madrid controla los grandes proyectos y las comunidades, los más pequeños. En juego está ahora la conexión de muchos proyectos a la red que gestiona Red Eléctrica de España, con una nueva y tercera prórroga que termina este 25 de enero.

A LA BAJA

Los productores

Desde las zonas consumidoras de energía se exige la máxima agilidad a las administraciones central y autonómicas en la puesta en marcha de las plantas renovables, pero no se piensa en los beneficios de las zonas productoras. Todo se centra en simplificar y agilizar los trámites, sin reparar en su fiscalidad y en el propio modelo de explotación, con garantías de protección ambiental. Otros países combinan todos esos objetivos con buenos resultados, señal de que es posible hacer las cosas bien. @

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