Europa Azul

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores con el que se pretendía anular la prohibición del uso de arrastre, dragas o jábegas en más 1.400 kilómetros cuadrados del Canal de Menorca (entre Menorca y Mallorca) y el arrecife del Fort d’en Moreu (al este de Cabrera).

Así lo ha anunciado este martes Oceana, que ha celebrado la inadmisión a trámite del último recurso de la Federación de Cofradías de Pescadores.

La resolución del caso fue comunicada este lunes por la tarde a Oceana como parte interesada y da por cerrado el litigio. El Tribunal Supremo además informa que condena en costas a la Federación de Cofradías como parte recurrente.

Oceana se había personado en la causa representada por Islaw Abogados. La entidad ha indicado que la orden recurrida tenía por objeto establecer una zona protegida de pesca dentro de los límites de una zona Natura 2000, el Lugar de Importancia Comunitaria ‘Canal de Menorca’, con el fin de preservar hábitats de especial interés de coralígeno y mantos de rodolitos, sujetos a una elevada presión derivada principalmente de la pesca de arrastre.

«Estos hábitats formados por algas calcáreas están protegidos bajo normativa europea y española desde 2006, aunque tal y como la organización ha denunciado recientemente, la implementación de dicha normativa resulta bastante deficitaria para proteger estos hábitats sensibles», han manifestado desde Oceana.

La Sala confirma la incompatibilidad de las artes de pesca destructivas en áreas marinas protegidas, «un hecho clave para cumplir los compromisos de España en cuanto al 10 por ciento de protección estricta para 2030» ha afirmado la directora ejecutiva de Oceana en Europa, Pascale Moehrle.

Los fondos coralígenos y mantos de rodolitos se distribuyen en el Mediterráneo entre los 30 y 150 metros de profundidad y son de gran importancia para especies comerciales, como la langosta, el cabracho y el pulpo.

Estos hábitats constituyen además una zona clave de agregación de juveniles, y por tanto resultan claves para asegurar la productividad pesquera y la sostenibilidad de las poblaciones, además de contribuir en la reducción de los elevados niveles de sobrepesca que sufre el Mediterráneo