La Organización de Productores Pesqueros de Ondarroa (OPPAO) ha calificado de “lamentable” la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que respalda el veto a la pesca de fondo en 87 zonas marítimas comunitarias. En un comunicado contundente, el gerente de la organización, Mikel Ortiz, denuncia que la resolución judicial responde a “una decisión meramente política, sin ninguna base científica”, que perjudica gravemente al sector pesquero vasco y gallego, y por extensión, a la soberanía alimentaria europea.
La OPPAO expresa su apoyo al recurso presentado por la OPP de Burela, cuya argumentación se basaba en datos recopilados durante 15 semanas de observación científica en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Durante esas mareas, se realizaron 159 lances en siete buques de palangre de fondo, registrando un impacto mínimo sobre el ecosistema marino. Según Ortiz, “los datos demuestran que el palangre de fondo apenas afecta al fondo marino: los anzuelos pueden enganchar organismos de forma accidental, pero las tasas son ínfimas, y no se capturaron especies vivas propias de ecosistemas marinos vulnerables”.
Además, las capturas documentadas reflejan que más del 90 % corresponde a la especie objetivo, la merluza, y que los descartes son mínimos. “Con estos datos, la decisión de Bruselas no solo es injustificada, sino un atropello a un modelo de pesca responsable que cumple con los estándares de sostenibilidad más exigentes”, lamenta Ortiz.
Desde la OPPAO también se cuestiona que la sentencia no haya valorado las consecuencias sociales, laborales y económicas que estas prohibiciones tienen sobre los pescadores, los armadores y las comunidades costeras. “Nos están quitando nuestro derecho a trabajar y alimentar a Europa con productos sanos, locales y sostenibles, mientras se incrementa la dependencia de las importaciones, sobre todo de Asia, donde no siempre se respetan los mismos estándares ambientales ni laborales”, denuncia el gerente de la entidad.
En la misma línea, el comunicado incide en el papel crucial que juega el sector pesquero europeo para garantizar el abastecimiento de proteína animal con la menor huella de carbono y sin consumo de agua, en un contexto global marcado por el cambio climático y la inseguridad alimentaria. “Aportamos alimento, contribuimos a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, y lo hacemos generando empleo, riqueza y manteniendo viva la cultura gastronómica europea”, reivindica Ortiz.
Por ello, la OPPAO lanza un claro mensaje a las instituciones comunitarias:
En un momento clave para el futuro de la política pesquera común, los profesionales del mar exigen una mayor escucha por parte de Bruselas y una gestión basada en evidencia científica real, no en planteamientos ideológicos alejados de la realidad del sector. “La Europa azul que necesitamos es aquella que protege sus recursos sin destruir los modos de vida que dependen de ellos”, concluye el comunicado.
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Frustración en Burela
La Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7) ha expresado su profunda decepción ante la sentencia emitida hoy por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que desestima el recurso interpuesto por la propia organización, la Xunta de Galicia y el Reino de España contra el Reglamento europeo que prohíbe la pesca con artes de fondo en 87 zonas designadas como ecosistemas marinos vulnerables (EMV).
La decisión del tribunal ratifica la validez del reglamento adoptado por la Comisión Europea el 15 de septiembre de 2022, una normativa que la OPP-7 considera “desproporcionada, injusta y basada en una metodología errónea”, especialmente en lo que respecta a la pesca con palangre demersal. Según el gerente de la organización, Sergio López, “esta sentencia debe hacer reflexionar al nuevo comisario de Pesca y a la Dirección General MARE, porque hoy hemos perdido todos: el sector, la sostenibilidad y Europa”.
La OPP-7 denuncia que la Comisión Europea aplicó un enfoque inadecuado al delimitar las zonas afectadas por el veto, utilizando criterios concebidos para artes de arrastre y no para técnicas como el palangre demersal, que no entra en contacto directo con el fondo marino y cuyo impacto sobre el ecosistema es prácticamente nulo. “El palangre está suspendido, anclado, y no arrastra ni remueve el fondo. Su efecto en los hábitats vulnerables es insignificante, y aun así ha sido vetado como si se tratara de arrastre”, remarcan desde la organización.
Además del impacto técnico, la OPP-7 lamenta que la sentencia ignore las consecuencias sociales y económicas de la medida. En los primeros 50 días tras la entrada en vigor del reglamento, la flota afectada experimentó una caída de más del 30 % en sus capturas. “Estamos hablando de un golpe directo a los ingresos de los pescadores, al empleo en nuestras comunidades costeras y a la seguridad alimentaria europea”, subraya López.
El colectivo gallego insiste en que la medida se adoptó sin una consulta pública adecuada ni una evaluación específica del impacto para cada modalidad de pesca, lo que en su opinión constituye una grave falta de rigor en la elaboración de normas comunitarias. “Este tipo de decisiones burocráticas ponen en riesgo la viabilidad de uno de los métodos de pesca más selectivos y sostenibles que existen. El palangre no debería estar en el punto de mira, sino en el centro de las políticas de pesca responsable”, señalan.
La OPP-7 también hace hincapié en la incoherencia del reglamento, ya que según sus cálculos, solo un 32 % de los 16.500 km² cerrados a la pesca corresponde efectivamente a zonas que deberían estar protegidas por su valor ecológico. El 68 % restante, denuncian, es resultado de una aplicación indiscriminada de los criterios diseñados para otras artes, lo que demuestra un “uso excesivo del principio de precaución sin base científica clara”.
Finalmente, la OPP-7 de Burela lanza un mensaje directo a las instituciones: “El hecho de que hayamos recurrido esta norma y hayamos invertido tantos recursos en defender nuestra actividad dice mucho. Esta norma no es adecuada. Y cuando una norma no es buena, hay que cambiarla. Eso es lo que debe hacer ahora la Comisión Europea”.
El sector confía en que esta sentencia, aunque desfavorable, sirva para abrir un diálogo real entre administraciones y pescadores, con el objetivo de construir una política pesquera más justa, técnica y equilibrada. “De no cambiar el rumbo, lo que desaparecerá no será el fondo marino, sino los pescadores que aún lo respetan”, concluye la OPP-7.
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