El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado por la Plataforma en Defensa de la Pesca -impulsada por las cofradías y otras organizaciones del sector- contra los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) del Gobierno por promover la instalación de molinos eólicos. La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos considera que la regulación «vulnera los principios económicos de la Constitución» al priorizar la implantación de la energía eólica marina

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado, en una sentencia difundida este martes, el recurso que interpuso dicha plataforma pesquera contra el real decreto de 2023 que incluyó los POEM en las cinco demarcaciones marinas españolas.

La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos denunció dicha regulación por considerar que «vulnera los principios económicos de la Constitución» al priorizar la implantación de la energía eólica marina, en perjuicio del sector de la pesca.

Las organizaciones de la plataforma argumentaron que el real decreto carece de cobertura legal para establecer criterios de ordenación que restringen el ejercicio de la pesca y sobre todo a «aquellos que dan prioridad a los aerogeneradores de energía eólica».

La eólica marina

La expansión de la energía eólica marina y su colisión con la pesca ha despertado el rechazo y las movilizaciones de la flota española; la plataforma promovió manifestaciones en el litoral.

El Tribunal Supremo ha rechazado los reproches de arbitrariedad y desviación de poder contra el real decreto que esgrime la demanda.

Según los jueces, «no puede sostenerse que el planificador, al seleccionar unas zonas en las que ubicar preferentemente las instalaciones de energía eólica marina -y evitar así su dispersión desordenada por todo el medio marino de soberanía española-, haya olvidado la presencia de la pesca ni su interacción con la eólica».

«Los planes recurridos, como en ellos se refleja, han tomado en consideración en sus decisiones de ordenación una copiosa información atinente a la actividad pesquera», según el contenido de la sentencia.

Los jueces han determinado que los planes obligan a tener en cuenta en todo momento la pesca en las zonas seleccionadas para la energía eólica, interacción o solape que «deberá resolverse al tiempo de la autorización de los correspondientes proyectos», según sus leyes nacionales o sectoriales.

El Supremo

La Sala del Supremo ha añadido que durante el proceso de consulta pública de la evaluación ambiental estratégica del real decreto se avanzó en el análisis de las interacciones entre los polígonos de energía eólica marina y la actividad pesquera.

«Así, se modificó la superficie de los polígonos para la eólica marina, reduciendo su potencial impacto sobre la pesca, y se tomó la decisión de no incluir la energía eólica en las zonas de uso prioritario (ZUP), como inicialmente estaba proyectado, sino en la zonas de alto potencial (ZAP)», según los jueces.

Además, «las decisiones adoptadas en relación con la actividad pesquera y la eólica marina parten de un complejo proceso de consulta y negociación entre los distintos sectores afectados, con intereses contrapuestos, y han sido tomadas razonadamente», según el Supremo.

Se han basado, según el texto del dictamen, en la información técnica y científica, accesible al público, proporcionada, entre otros, por el Instituto Español de Oceanografía, por las propias administraciones públicas territoriales y sectoriales concernidas.

Al respecto, el Supremo ha determinado que esa información no ha sido «en ningún momento fundamentalmente rebatida» por los denunciantes «con la correspondiente pericial técnica», sino que se han limitado a expresar su «mera discrepancia subjetiva», según la sentencia.