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El repunte del gasóleo pesquero reabre la inquietud en España ante una nueva escalada energética

La subida del crudo por la crisis en Oriente Medio amenaza con encarecer las salidas al mar de la flota española, en un momento en que el combustible sigue siendo uno de los costes más sensibles para la rentabilidad de los buques

La alarma lanzada por algunas flotas piden controles ante subidas “demasiado rápidas” del gasóleo. El combustible continúa siendo una de las partidas más determinantes en la cuenta de explotación de muchos barcos, especialmente en segmentos intensivos en consumo, y cualquier encarecimiento brusco puede alterar la viabilidad de las mareas. 

El contexto internacional explica el nerviosismo. El Brent ha encadenado una fuerte escalada esta semana al calor de la guerra con Irán y de las disrupciones en el tráfico energético regional: Reuters informó de cierres con el barril en 81,40 dólares el 3 de marzo y en 85,41 dólares el 5 de marzo, tras cinco sesiones consecutivas de subidas. Ese movimiento del crudo suele trasladarse con rapidez a los carburantes y alimenta el temor a que el gasóleo pesquero vuelva a tensionarse en plena campaña para muchas flotas. 

En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sigue de forma específica esta variable a través de sus informes semanales de energía en el sector agrario y pesquero, que incluyen una serie propia del precio del gasóleo B para pesca elaborada con datos del MITERD. Esa monitorización confirma que el combustible pesquero es un indicador crítico para la actividad y que la Administración lo trata como una variable estratégica para el sector primario. 

La preocupación española no es nueva. El propio marco normativo estatal recuerda que el sector pesquero ya sufrió en los últimos años un fuerte incremento de costes intermedios, con mención expresa a la subida del gasóleo, hasta el punto de justificar medidas extraordinarias de apoyo. Además, el MAPA subraya en su memoria de política de rentas que el gasóleo pesquero permanece exento del impuesto especial de hidrocarburos, una ventaja fiscal que amortigua parcialmente el golpe, pero que no neutraliza una escalada rápida del precio base del carburante. 

Ahí está el verdadero riesgo para España. La flota puede contar con un tratamiento fiscal favorable, pero no queda aislada de las tensiones geopolíticas ni del encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales. Cuando el combustible sube con demasiada rapidez, el problema no es solo contable: algunas empresas empiezan a revisar si compensa salir a faenar, ajustar días de mar o reducir actividad, con impacto directo sobre puertos, lonjas, comercialización e industria auxiliar. Es la misma lógica que ha verbalizado AIC Pesca en Italia y que, aunque con matices, afecta igualmente a las empresas españolas. 

 La cuestión de fondo es que España vuelve a quedar expuesta a un factor externo que escapa al control del sector: la volatilidad energética. En una flota que aún depende mayoritariamente del gasóleo, cualquier sobresalto internacional golpea primero al coste operativo y después a toda la cadena de valor. La subida de estos días no implica por sí sola una paralización inmediata de la actividad, pero sí reactiva un fantasma conocido: que la rentabilidad de las mareas quede otra vez a merced del surtidor

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