´´Tras cinco años, dos legislaturas, más de 600 horas y 12 trílogos cerramos un acuerdo en el Reglamento de Control de Pesca. Muchas gracias a todos los equipos´´, señala con un twitt, la europarlamentaria vasca, Izaskun Bilbao poniendo punto final a una de las negociaciones más arduas que se han podido llevar hasta ahora. No obstante, queda por conocer la letra pequeña sobre cómo ha quedado el margen de tolerancia de las descargas de especies, la pesca recreativa y la trazabilidad, los grandes escollos que han mantenido sin acuerdo una importante reglamentación de la pesca europea.

Por el reglamento de Control han pasado dos Parlamentos Europeos. Y cuatro presidencias de turno en el año y medio que Consejo, Eurocámara y Comisión Europea llevan en trílogos. Por estos motivos, la socialista española Clara Aguilera, ponente del informe de opinión, mantuviera sus dudas en la Jornada Cantábrica de Bermeo sobre si finalmente se lograría un consenso para que la sueca fuera la última presidencia por la que con todo un gran trabajo político y técnico invertido. Durante ese tiempo ha seguido atascado. De los cinco reglamentos del paquete legislativo, se han aprobado el de lucha contra la pesca ilegal, el relativo a la Agencia de Control de la Pesca y los del Mediterráneo y el mar Báltico. Pero faltaba todavía el de Control Pesquero que acumula «cierto retraso» y todavía tiene muchos puntos de fricción, reconoció Aguilera en Bermeo, especialmente el margen de tolerancia, la pesca recreativa y una regulación de la trazabilidad.

Uno de los puntos en los que subsistía un «importante desacuerdo» es en el capítulo de sanciones. Estaba costando imponer un nivel mínimo armonizado para castigar las infracciones en materia pesquera. El Parlamento Europeo (PE) defiende que es necesaria esa sanción mínima europea, pues hay sensibles diferencias en las cuantías que se imponen en unos países y otros. Una infracción que en un Estado se «castiga con 200 euros, en otro se imponen 10.000 o 15.000. Hay países que no ponen sanciones y otros que son muy duros, como es el caso de España», dijo la socialista andaluza.

Eso genera un «agravio comparativo» que es preciso corregir, dado que no comporta el mismo grado de implicación en el cumplimiento de la política pesquera en los países. Claro que el Consejo se resiste a esa armonización. Los Estados miembros «quieren seguir decidiendo ellos, como hasta ahora», expuso Aguilera.

PESCA RECREATIVA

Cada año capturan más y luego venden. En Bermeo, Aguilera explicó cómo están las negociaciones, citó la pesca de recreo como otro punto de fricción. Según dijo, el Consejo no quiere avanzar en este punto porque se trata de una competencia nacional sobre la que no quiere ceder ni un ápice. El Parlamento Europeo, sin embargo, defiende que se extienda el control de capturas a estos aficionados. «Es preciso saber qué y cuánto capturan los recreativos, porque pescan en los mismos caladeros que los profesionales y estos están sometidos a TAC (totales admisibles de capturas) y cuotas y obligados a registrar sus capturas y los recreativos no». Sobre todo porque, como dijo Izaskun Bilbao (PNV), del grupo liberal europeo Renew, los profesionales son cada vez menos y los recreativos, cada vez más. No obstante, entre los profesionales existe la opinión que si se establece un reparto de cuotas se van a quedar con menos de la bolsa.

TRAZABILIDAD

 Otro punto de debate afectaba a la posibilidad de rastrear todo el proceso del producto a lo largo de la cadena. Eso requiere un sistema digital al que hay quien se resiste. En el caso del pescado, si no hay dudas en el caso del producto en fresco o en congelado, sí hay posturas encontradas cuando se trata de la transformación. No solo el Consejo quiere dejar estos productos al margen, sino que también hay diferencias dentro de los grupos del Parlamento Europeo, que aluden a las dificultades que tendría, por ejemplo, la conserva para detallar cada lata. En este momento no existe una clarificación en el mercado de las marcas de atún de la verdadera procedencia del pescado.

MARGEN DE TOLERANCIA

Armadores atuneros han señalado que son insostenibles las sanciones que se están ordenando. Existen diferencias entre la declaración de las capturas descargas y la verdadera real en puerto, pero esto es lo más lógico. Lo que ocurre hasta en las descargas de la flota de bonito unas diferencias de unos kilos entre los declarado y revisado en puerto conducen a sanciones de 4000 euros o más. Estas diferencias se pagan con sanciones. En esta cuestión no hay quien haga entender a la Comisión Europea que es preciso flexibilizar ese margen de tolerancia del 10 % que quiere aprobar para todas las especies, sean túnidos, pequeños pelágicos o demersales. Los eurodiputados intentan hacer ver al Ejecutivo comunitario lo difícil que es acertar cuando se calcula a ojo el peso de las capturas con lo que finalmente arroja la báscula. Eso es lo que se llama margen de tolerancia y el Ejecutivo comunitario pretende condonar ese equívoco siempre que no supere un 10 % entre lo anotado y el peso real. Las reticencias vienen alentadas por una mala experiencia anterior, según admitió en la sesión la representante de la Comisión Europea. Y es que ese margen de tolerancia se amplió en el plan plurianual del Báltico y ahí está que no son capaces de recuperar los stocks, por eso se resiste Bruselas a flexibilizarlo.

CÁMARAS A BORDO

Obligación del desembarque. Aguilera explicó que las cámaras serán obligadas paraquellos barcos que incumplan la obligación del desembarque o que exitan probabilidades de no cumplirlas y este era el punto de mayor división: la obligación de instalar circuitos cerrados de televisión (CCTV) para controlar los descartes. Cámaras u otro sistema de seguimiento remoto, aclaró la socialista. Pero en todo caso había división entre Consejo, Comisión y entre los mismos grupos del PE. El mandato que tiene este último es imponerlas en toda la flota con carácter obligatorio a excepción de la artesanal, pero incidiendo en tratar de controlar entre las que existe posibilidad de incumplir la obligación del desembarque. El Consejo defendía que fuese para los buques de más de 24 metros y tras las negociaciones parece que entrarán en todos aquellos que tengan más de 18 metros de eslora. Un criterio de exclusión que no convence a casi nadie, pues el «alto riesgo» de infracción es el mismo si el barco tiene 12, 14, 18 o 24 metros de eslora. «No es un elemento de equilibrio», admitió Aguilera.