La International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) ha derogado su “Conservation Measure 1.3” para el rabil (yellowfin) del océano Índico tras la nueva evidencia científica de la IOTC: el stock ya no estaría “sobreexplotado” ni “sobrepescado”. La decisión llega después de años de recortes voluntarios de abastecimiento —más del 30%— y reabre el debate clave para 2026: cómo evitar el rebote de capturas en un stock cuya mejora aún convive con incertidumbres metodológicas.

La sostenibilidad del atún tropical vive un punto de inflexión en el Índico. El consejo de administración de ISSF —una de las plataformas con mayor influencia en la cadena global del atún por su capacidad de movilizar compromisos de compra de grandes comercializadores y marcas— ha decidido derogar la Medida de Conservación 1.3, que desde 2021 obligaba a sus compañías participantes a reducir entre un 11% y un 22% el abastecimiento de rabil del Índico y a reportar públicamente su implementación.

El motivo oficial: la evaluación más reciente y la revisión metodológica de 2025 en el marco del Comité Científico de la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC) concluyen que el stock ya no se clasifica como “overfished” (sobrepescado) ni “subject to overfishing” (sometido a sobrepesca).

La IOTC, en su informe de 2025, deja negro sobre blanco el giro: la evaluación de 2024 determina que el rabil del Índico es “not-overfished and not-subject to overfishing” y apunta a una probabilidad del 86% de situarse en el cuadrante verde del diagrama de Kobe.

Pero el propio documento introduce el matiz que marcará el debate de los próximos meses: existen incertidumbres importantes vinculadas a la estandarización de índices de abundancia (CPUE) y la Comisión pidió que el Comité Científico investigue y resuelva estas cuestiones, con retorno a la Comisión en 2026.

Ese “asterisco” es crucial para la economía azul: el mensaje no es “problema resuelto”, sino “trayectoria de recuperación con ciencia aún afinándose”.

ISSF adoptó CM 1.3 en 2021, según su propia explicación, porque entonces la ciencia describía una situación crítica y la gobernanza regional no lograba acordar medidas suficientemente efectivas. Con la medida en vigor, ISSF afirma que las compañías participantes redujeron su abastecimiento de rabil del Índico en más de un 30% frente a referencias históricas, superando el recorte inicialmente previsto.

La derogación supone un cambio de fase:

• La palanca “mercado” se relaja: desaparece la obligación interna de ISSF de recorte y reporte ligada específicamente al rabil del Índico.
• La palanca “RFMO” debe sostener la recuperación: el peso vuelve a recaer en la IOTC y en su capacidad para mantener límites y medidas coherentes con la ciencia.

ISSF insiste en que seguirá implicada en la IOTC, defendiendo medidas basadas en evidencia y límites de captura acordes al asesoramiento científico.

La lectura europea: el plan de reconstrucción funcionó, pero el riesgo de rebote existe

En la UE se lleva tiempo señalando que la mejora del rabil del Índico es una buena noticia vinculada a medidas adoptadas en la IOTC desde 2021 y a reducciones de captura en varios países; la Comisión Europea lo presentaba en 2025 como un caso de recuperación tras la implantación del plan de reconstrucción.

Ahora, con el “verde” sobre la mesa, la pregunta estratégica es conocida en todas las OROP: ¿cómo evitar que la mejora se convierta en una invitación a aumentar el esfuerzo y volver al ciclo de sobrepesca? En stocks tropicales, donde la dinámica de las pesquerías industriales (cerco, palangre) y los mercados del fileteado/transformado responden rápido a señales de disponibilidad, el “efecto muelle” puede aparecer en una o dos temporadas.

De “medida excepcional” a “gestión estructural”: el reto 2026

La propia IOTC reconoce que el cambio respecto a evaluaciones anteriores es significativo y que la discusión científica fue intensa. El informe apunta a que la variación de la serie conjunta de CPUE de palangreros en 2024 fue un driver principal del resultado más optimista, asociado en parte a cambios metodológicos en la estandarización.

En la práctica, el calendario se convierte en noticia:

• 2026 será el año de la “prueba de consistencia”: resolver incertidumbres, consolidar índices, y mantener reglas que eviten un repunte desordenado.
• El gran objetivo de fondo —todavía pendiente en muchas pesquerías tropicales— es evolucionar hacia estrategias de captura estables (procedimientos de gestión) que reduzcan el vaivén político anual.

La derogación de CM 1.3 es, a la vez, una buena noticia y un recordatorio: el mercado puede actuar como red de seguridad cuando falla la gestión, pero no sustituye a una gobernanza sólida. En esta ocasión, la industria reivindica que su recorte voluntario contribuyó “constructivamente” en un momento de necesidad.

El Índico, sin embargo, seguirá bajo el foco. Que el rabil pase a “verde” no significa “barra libre”, sino una oportunidad para blindar la recuperación con reglas predecibles. Si algo enseña esta transición es que la sostenibilidad del atún se decide tanto en el mar como en la mesa de negociación… y en las políticas de compra.

El vencimiento del acuerdo UE-Seychelles amenaza con estrechar el suministro de atún del Índico mientras el Pacífico presiona los precios del rabil

La cadena europea del atún entra en una semana clave. El protocolo del Acuerdo de Asociación de Pesca Sostenible (SFPA) entre la UE y Seychelles, una pieza central para la operativa atunera en el océano Índico, expira el 23 de febrero de 2026. Y el mercado ya descuenta el efecto: menor disponibilidad de materia prima del Índico, justo cuando las capturas elevadas en el Pacífico mantienen bajo control los precios del rabil (yellowfin), según análisis del mercado internacional.

La paradoja, en términos de economía azul, es evidente: mientras la gobernanza pesquera avanza en sostenibilidad, la industria del transformado y la distribución se mueven por otra métrica igual de inexorable: continuidad de suministro. Y Seychelles —por su papel de “hub” logístico e industrial en el Índico— es una bisagra.

Qué caduca y por qué importa tanto

La Comisión Europea sitúa el protocolo vigente entre el 24 de febrero de 2020 y el 23 de febrero de 2026, en un acuerdo que permite a buques de la UE operar en la zona pesquera de Seychelles bajo un marco regulado, con contribución financiera y condiciones de control.

No se trata solo de “días en el agua”. En la práctica, el SFPA ordena un ecosistema:

• actividad de la flota cerquera y palangrera con licencia,
• descargas y transbordos en un nodo esencial del Índico,
• flujo de materia prima hacia la industria conservera regional y, por extensión, hacia cadenas europeas.

Por eso, la expiración del protocolo —aunque sea temporal y con negociaciones en marcha— suele traducirse en cautela operativa: planificación de mareas, reubicación de esfuerzo y, en ocasiones, ajustes logísticos que acaban notándose en los volúmenes disponibles.

El análisis sectorial publicado estos días describe un mercado de rabil “atrapado” entre dos fuerzas:

1. Expectativa de menor oferta del Índico por la expiración del acuerdo UE-Seychelles.
2. Abundancia de capturas en el Pacífico oriental, que añade oferta global y actúa como ancla para los precios.

El resultado es un escenario de tensión rara: el Índico puede apretar la disponibilidad en determinados canales (y calidades/formats), pero el Pacífico “compensa” parte del equilibrio global, dificultando subidas claras de precio.

En términos industriales, esto se traduce en una palabra: sustitución. El transformado y la distribución intentan reemplazar orígenes cuando pueden, pero no siempre es trivial: hay diferencias de tallas, mix de especies, tiempos logísticos y compromisos comerciales.

Desde Seychelles se ha reconocido que ya se venían preparando conversaciones para el nuevo protocolo, con comités conjuntos y trabajo técnico previo al vencimiento.

Sin embargo, el mercado no espera a la firma final. Si el nuevo marco no entra en vigor de forma inmediata, la industria teme un “valle” temporal:

• menos días efectivos de pesca autorizada para parte de la flota,
• reordenación de planes de descarga,
• y presión sobre inventarios de materia prima (especialmente en productos congelados destinados a procesado).

Implicaciones para la UE y para España

Para la UE —y para España como potencia atunera— el tablero tiene varias capas:

• Competitividad del transformado: el atún es un producto muy sensible a costes de materia prima. Si el Índico se estrecha, la industria buscará alternativas; si el Pacífico está fuerte, lo hará a precios más contenidos.
• Cadena logística: Seychelles no es solo “zona de pesca”, es nodo de operaciones. Cualquier fricción administrativa o retraso en protocolos altera rotaciones y planificación.
• Sostenibilidad y control: la UE utiliza los SFPAs como herramienta para asegurar condiciones de control, observación y gobernanza. Mantener continuidad evita huecos que puedan favorecer prácticas menos controladas.

Qué vigilar en las próximas semanas

Para el sector (armadores, traders, industria, puertos), los indicadores a seguir son claros:

• Señales oficiales de cierre o firma del nuevo protocolo (y su fecha de aplicación efectiva).
• Cambios de estrategia de flota (desplazamientos y reequilibrio de esfuerzo hacia otras zonas/regímenes).
• Evolución de precios del rabil: si el Pacífico sostiene volúmenes, el “apriete” del Índico puede notarse más en disponibilidad puntual que en precio.
• Reacciones de compradores: aumento de coberturas, contratos a plazo, o sustitución por otros orígenes/formats.

En un mercado globalizado, el vencimiento de un protocolo en el Índico no se queda en el Índico: viaja en contenedor, se refleja en la subasta, y termina —o no— en la estantería. La cuestión es si la transición entre protocolos será un simple trámite administrativo… o un episodio con impacto real en la cadena europea del atún