El puerto de Burdeos invierte 87 millones para crecer sin perder el pulso verde

La autoridad portuaria francesa aprueba su plan a cinco años con la logística como motor y la descarbonización como “condición de competitividad” en el corredor atlántico

El Gran Puerto Marítimo de Burdeos (GPMB) ha puesto negro sobre blanco su estrategia para el periodo 2026-2030 con un doble objetivo: reforzar tráficos y facturación en un entorno cada vez más competitivo y, al mismo tiempo, incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) como eje de gestión. La hoja de ruta, aprobada a finales de enero por el consejo de vigilancia, prevé 87 millones de euros de inversión hasta 2030 y llega en un momento de especial escrutinio sobre el papel de los puertos en la transición energética europea.

El plan parte de una realidad conocida en la fachada atlántica: el puerto necesita crecer para sostener su ecosistema industrial, pero lo hace con condicionantes propios de un puerto-estuario. Burdeos se extiende a lo largo de unos 100 kilómetros y opera con siete terminales, una estructura singular que multiplica oportunidades… y complejidades operativas. En 2025, además, su tráfico cerró con una ligera caída, hasta 6,18 millones de toneladas, según cifras difundidas en Francia.

En el documento estratégico, el GPMB insiste en un modelo apoyado en tres pilares interconectados: su función como puerto de comercio (flujos de mercancías, pasajeros y buques), su rol como “puerto-aménageur” (gestión y valorización del patrimonio portuario y del suelo) y su faceta como prestador de servicios (capacidades internas, mantenimiento, dragados, soluciones digitales). Esa triple identidad, subraya la propia autoridad portuaria, es la base para sostener la actividad logística y captar nuevos proyectos industriales.

El componente territorial también pesa: el puerto gestiona en torno a 2.500 hectáreas y el complejo industrial-portuario se vincula a más de 8.600 empleos, un dato que explica por qué la planificación portuaria se discute ya como política económica regional. En paralelo, en Francia se ha reclamado una “visión común” y más coordinación institucional alrededor del puerto a largo plazo, con propuestas como una “task force” periódica entre Estado, administraciones y gobernanza portuaria para alinear inversiones y prioridades.

La gran novedad de esta etapa es que la sostenibilidad deja de ser un capítulo accesorio y pasa a convertirse en arquitectura del plan. Burdeos se ha comprometido de forma voluntaria a ordenar su estrategia con la lógica de la CSRD (la directiva europea que armoniza el reporting de sostenibilidad) y ha definido cinco compromisos ESG que van desde la descarbonización y la gestión de recursos limitados hasta la calidad de vida laboral y el papel “tractor” del puerto en los oficios del futuro.

En esa agenda climática, el puerto detalla líneas de acción concretas: electrificación progresiva de equipos, optimización energética de edificios e impulso a proyectos de energía verde, combinando mitigación, adaptación y producción renovable. Entre los hitos citados aparecen una instalación de valorización energética de residuos con horizonte 2026, una planta solar de alrededor de 40 MWc para 2028 y un aparcamiento de camiones con pérgolas fotovoltaicas (en torno a 3 MWc) previsto para 2027, además de su implicación en desarrollos de eólica flotante coordinados con otros puertos regionales.

La lectura europea es clara: Burdeos busca encajar su crecimiento en un marco donde la competitividad portuaria se mide cada vez más por la capacidad de ofrecer soluciones bajas en carbono, trazabilidad industrial y servicios avanzados. Para el corredor atlántico —con impacto directo en cadenas logísticas que conectan con la Península Ibérica— la evolución del puerto francés será un termómetro de cómo los grandes puertos estatales reescriben sus prioridades: más inversión, más coordinación territorial y un ESG que ya no se declara, sino que se opera.