El pasado mes de diciembre, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, dio un paso importante en su lucha contra la corrupción con la presentación de un innovador proyecto de ley de pesca. Junto a él, el Ministro de Economía, Nicolás Grau, firmó el proyecto, que pretende sustituir la controvertida legislación vigente.
“Necesitamos una nueva y buena Ley de Pesca para Chile, una ley que sea justa, una ley que asegure la sostenibilidad de los recursos”, dijo el Mandatario en la Caleta Quintay, donde se presentó la iniciativa.
Transparencia, desarrollo sostenible de la actividad pesquera, equidad en el sector, e incentivo al consumo humano son los principales ejes del proyecto.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, firmó hoy el proyecto de nueva Ley de Pesca, cumpliendo el compromiso que asumió en su cuenta pública de junio de 2023, de enviar la iniciativa durante el segundo semestre de este año.
En la caleta de Quintay, el Mandatario dio el puntapié inicial al proceso para avanzar hacia una nueva normativa para la actividad pesquera, acompañado del ministro de Economía, Nicolás Grau, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, parlamentarios, representantes de la pesca artesanal e industrial, entre otros.
En su discurso, el Presidente planteó que “necesitamos una nueva y buena Ley de Pesca para Chile, una ley que sea justa, una ley que asegure la sostenibilidad de los recursos”, y agregó que, “he conversado muchas veces con pescadores a lo largo de todo Chile y una de las cosas que siempre me sorprende es la preocupación y la conciencia que existe respecto a la necesidad de cuidar la sostenibilidad de los recursos”.
“Esta ley —legítima democráticamente— está construida sobre evidencia científica, potencia nuestra vocación oceánica y pesquera, reconoce la importancia de nuestras caletas y comunidades costeras, favorece el desarrollo económico de nuestro país, el empleo y la preservación de nuestra entidad marítima”, finalizó el Mandatario.
Entre los principales ejes de la iniciativa destacan desarrollo sostenible de la actividad pesquera, equidad en el sector, protección social para las y los pescadores artesanales, enfoque científico técnico e incentivo al consumo humano.
El Gobierno enviará el proyecto la próxima semana al Congreso para iniciar su tramitación en enero de 2024.
Al respecto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que “desde los inicios de esta nueva ley, estamos actuando con transparencia, con participación, de forma tal de que estos sean los cimientos de la legitimidad futura de este proyecto de ley cuando finalmente se apruebe”.
Este proyecto “se preocupa de la equidad, intergeneracional, es decir, cuidando que no saquemos todos los recursos ahora, sino que esto sea sostenible en el tiempo, también en la equidad entre los territorios, entre los distintos sectores productivos aquí involucrados”.
En tanto, el presidente del sindicato de pescadores artesanales de Quintay Javier Alvarez reconoció estar “muy orgulloso de tener a las máximas autoridades como nuestro Presidente en algo que esperábamos hace mucho tiempo”.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, sostuvo que la iniciativa “tiene énfasis en la equidad, en la distribución de recursos pesqueros de acuerdo a criterios científico-técnicos, que tiene énfasis específico en la transparencia, la forma en que se distribuyen los recursos no puede depender del arbitrio ni de quien tiene más poder o más recursos, sino que debe depender de la investigación científica y por eso se fortalece la ciencia”.
Destacó que este proyecto “viene a resolver una deuda de hace décadas con el mundo de la pesca artesanal, que estaba desprovisto de todo instrumento de protección social”. y este proyecto lo aborda en profundidad.
La presidenta de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Daniela Cicardini, señaló en tanto que “esta es la oportunidad para poner fin a una ley ilegitima y que generó tanto daño, no solo por la corrupción, sino por la afectación a nuestro mar y a la pesca artesanal”.
Principales ejes del proyecto
El Presidente Boric criticó abiertamente la actual ley de pesca, calificándola de producto de la corrupción y carente de legitimidad democrática. Expuso su preocupación por la excesiva influencia de los intereses privados durante el proceso de aprobación de la ley, destacando las pruebas de corrupción y tráfico de influencias. Recordando su participación en las protestas contra la misma ley en 2012, Boric expresó su satisfacción por haber sido finalmente capaz de promover el cambio mediante la movilización social y la acción decisiva del gobierno.
Valorar los esfuerzos conjuntos
Boric reconoció los esfuerzos de varios parlamentarios, incluido el Partido Comunista, que ya habían intentado abolir la controvertida ley en 2016. En su discurso, hizo hincapié en el firme compromiso del gobierno con la probidad y la lucha contra la corrupción, subrayando la importancia de estos principios en la formulación de la próxima legislación.
En sus conclusiones, el Presidente Boric hizo hincapié en la urgente necesidad de una ley de pesca que sea plenamente democrática y legítima, respete el papel del Congreso Nacional y del poder legislativo y, sobre todo, salvaguarde la democracia chilena.
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